Las perforaciones a los ductos y las “ordeñas clandestinas” han subido de nivel, se han convertido en un negocio millonario para las células del crimen organizado y el robo de combustibles afecta a Pemex y también a los bolsillos de los consumidores, ya que ahora se ha establecido un monto especial por los riesgos que esto implica y que se refleja en el precio final de las gasolinas y diésel que se vende en el país.
Ciudad de México.- Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las pérdidas ocasionadas por el robo de combustible oscilan entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, pero en los últimos este fenómeno se ha multiplicado de manera alarmante.
Esto debido a la proliferación de grupos criminales que operan principalmente en Puebla, Guanajuato, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas y que tan solo en 2017, hicieron 10 mil 363 tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y de acuerdo a información que recabó la agencia Reuters, entre el 2010 –año en el que se descubrió este tipo de operaciones en México- a 2016, “los ladrones perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros a lo largo de una red de unos 14 mil kilómetros de Pemex”.
Así, el problema se hace más profundo ya que representa pérdidas económicas para esta empresa, para las arcas del gobierno federal, sus actividades delictivas han penetrado el tejido social de esas regiones y modificado los modelos productivos de las zonas y la lucha contra los “huachicoleros” por parte de las fuerzas oficiales origina enfrentamientos cada vez más violentos.
Pero lo peor de todo, es que es un negocio muy redituable para los criminales, ya que como lo afirmó en su momento Georgina Trujillo, diputada presidenta de la Comisión de Energía, “el negocio es más rentable que el tráfico de drogas porque implica menos riesgo… No tienes que arriesgarte a cruzar la frontera para buscar un mercado y todos consumimos gasolina”.
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El precio que tenemos que pagar los consumidores
Tras la implementación de la reforma energética y con la puesta en marcha de los nuevos modelos de negocios con la apertura del mercado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció un marco económico para proteger a los transportistas –en este caso Pemex Transformación Industrial y la estadoundiense Andeavor- en contra de mermas en los combustibles que no lleguen al consumidor final.
Según información que publica El Economista, la CRE señaló que “los costos trasladables por mermas y pérdidas operativas en los sistemas de transporte estarán sujetos a un límite máximo de 0.2% de los petrolíferos transportados”, que es una medida para minimizar los daños ocasionados por la inseguridad y la “ordeña” en los ductos.
De esta manera, el diario hace un cálculo en donde “los consumidores de gasolinas ahora pagan como un costo adicional hasta 2 mil 200 millones de pesos al año que se incluye en el cobro por logística y transporte dentro de su tarifa y que son producto del robo de combustibles en el país”.
Bajo este escenario, ahora las gasolinas no solo son más caras, sino que en sus precios se refleja parte de la inseguridad que se vive en el país y que se traslada de manera directa a los bolsillos de los consumidores, mermando su poder adquisitivo.
