Son dos enemigos muy poderosos que se han apoderado de gran parte de la vida cotidiana del país y que afectan en muchos sentidos a la sociedad, por eso el gobierno de AMLO prepara la batalla contra la corrupción y la evasión fiscal.
Ciudad de México.- La unión hace la fuerza y ante combates tan duros y peligrosos, como es el hecho de ir tras la corrupción en el ámbito gubernamental y con la evasión fiscal a través de empresas fantasmas o de actividades simuladas, el gobierno delinea su estrategia a seguir para obtener buenos resultados.
El primer paso es conjuntar esfuerzos y por eso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), firmaron un convenio de colaboración para combatir estos males.
Y dado que México está considerado como uno de los países más corruptos a nivel mundial y uno de los que menos recursos recauda vía los impuestos, este tipo de esfuerzos se convierten en prioritarios para cambiar esta realidad.
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Dejar de simular y actuar
Ahora, como parte de la denominada “cuarta transformación” que ha planteado el presidente López Obrador, uno de sus principales objetivos es que las dependencias gubernamentales, así como los funcionarios públicos, sean totalmente transparentes en el manejo de los recursos, algo que significa una medida radical para combatir la corrupción.
En ese sentido, “la cooperación, colaboración y coordinación interinstitucional es parte fundamental para el combate de la delincuencia y la corrupción”, aseguró Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda.
Por lo que con este acuerdo entre la UIF y la SFP, se “potenciará la evaluación de cada funcionario”, pero también de “proveedores, contratistas y todo aquel que tenga una relación que implique el uso de recursos públicos federales”, precisó.
La tarea es muy complicada y se tiene que dar batalla desde diversos frentes, que de alguna manera están interconectados y que dificultan aún más esta labor, por lo que la estrategia también contempla la lucha contra el lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo; así como elusión fiscal, fraudes y el blanqueo de activos.
Todos esto “alimenta y nutre” al crimen organizado y el narcotráfico, que son “las caras más oscuras de la corrupción público-privada”, señaló la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Por lo que este convenio “establecerá una estrecha colaboración y coordinación” entre ambas dependencias “para el intercambio de información” que servirá como “soporte para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la comisión de las infracciones administrativas”.
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Un enemigo de mil cabezas
Pero el enemigo es poderoso, escurridizo y difícil de ubicar, porque se mueve muy rápido por diversos caminos que ya están muy consolidados dada la forma en que han venido operando en el país.
Tal como lo señala Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en declaraciones para El Economista, la realidad es que son “grupos muy complejos en cuanto a su estructura, por lo que hay que atacarlos de manera frontal, con mucha coordinación”.
Y con esta estrategia de colaboración y de tolerancia cero a la corrupción que pretende implementar el gobierno de López Obrador, se dimensionan los resultados entre diversas aristas, ya que se retoma de manera práctica el poder de las instituciones para detectar y castigar estos delitos.
Pero por otra lado, se crea un ambiente de mayor confianza entre la sociedad, que comenzara a cambiar su percepción de que estos actos siempre quedan impunes sobre todo, cuando se trata de casos en donde están involucrados personajes del ámbito político o funcionarios públicos y de esta manera, con resultados medibles y creíbles, se puede empezar a crear una cultura más cercana a la legalidad que a la clásica “mordida”.
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