Joan Rega.
Tradicionalmente los legisladores mexicanos han promovido iniciativas y leyes, en muchos casos con clara sana intención, que terminan por no ser atendidas, en el caso, y sin instrumentar, en el segundo. Ello porque la mayoría de las veces en el ámbito gubernamental significan más gasto, en situaciones de estrechez presupuestal, baja prioridad política o escaso impacto de beneficio para la población.
Tal hecho obligó a que las iniciativas legislativas fueran acompañadas, de ser el caso, con su correspondiente indicativo del impacto presupuestal sobre el gasto público y su fuente específica de financiamiento. Así, se acordó que las multas a los partidos políticos fueran transferidas a CONACYT, como fuente de cumplimiento de la proporción de gasto público federal al Producto Interno Bruto (PIB). Norma que los interesados parecen haber olvidado desde hace años.
Obviamente ante la pandemia y las necesidades sociales seculares de la población mexicana y a falta de un programa efectivo de apoyo a la producción y el empleo, han surgido un sinnúmero de ideas e iniciativas para atender la “pandemia” económica que vive México. Las propuestas así generadas soslayan las fuentes de financiamiento para su realización y el ambiente de astringencia económica que ha implantado el gobierno federal.
De esta manera, el ingreso vital emergente, como otras tantas medidas que se proponen, termina en el punto del financiamiento, alfa y omega de la realidad nacional y presupuestal de nuestros extravíos. Tal como lo ha proclamado la instancia hacendaria federal, sin mayor afán de atender una propuesta harto interesante.
La salida, como en otros casos que implican más gasto frente a la carencia de recursos, conduce a clamar por una Reforma fiscal, para gravar más los magros ingresos ciudadanos y resolver el entuerto presupuestal que desde 1995 ha significado un salvavidas sin aire y un desperdicio deliberado de recursos.
La experiencia nacional, olvidada, que es meter más recursos a la bolsa pública, ha significado en México continuar con una fiesta sin fin, que con recurrentes y severas crudas físicas de cuando en cuanto se tornan en banderas morales para fines políticos y electorales. Ello sin soslayar que la renta básica ha sido proclamada urbi et orbi desde hace años; factible en países ricos y con finanzas sanas. Y que sería una interesante medida emergente en las condiciones actuales de México; país que ha sido uno de los que relativamente menos recursos públicos ha destinado a paliar la crisis que se vive.
Así, para vislumbrar el financiamiento de la propuesta del ingreso o renta básica vital, deberíamos regresar a la vieja experiencia provinciana de las contribuciones. Es decir, establecer una contribución para un fin específico. Por ejemplo, así se hizo para la educación en Veracruz, para la electrificación del Estado, para hacer caminos rurales, etc. Claramente son otros tiempos, tiempos que obligan a pensar de manera diferente a las ideas modernas de países ricos.
El cómo del financiamiento es siempre un importante instrumento, máxime en épocas de pandemias y astringencias financieras autoimpuestas, por necedades o perversidades. Sugiero que la propuesta del ingreso vital transite por ese camino técnicamente corto y políticamente largo.
Inclusive, atrevidamente pienso, le daría viabilidad permanente. Algo que para la hacienda pública sería un buen presente para una medida futura que, sin duda, aplicará electoralmente el año próximo el Ejecutivo y que de otra manera podría acabar de colapsar las finanzas federales. Ello con el riesgo tomar los recursos excedentes de Banxico, que duermen plácidamente bajo el colchón; mismos que podrían ser fuente para continuar la fiesta sin fin. ¿Qué hacer? Proponer la alternativa financiera más simple y lógica sería un buen inicio para una buena intención.
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