A siete años de la legalización de la interrupción del embarazo, lo que alguna vez fue vivido como una experiencia traumática, ahora es visto como algo relativamente “sencillo”, al pasar del miedo a la seguridad.
Ciudad de México.- La introducción en abril de 2007 del servicio de interrupción legal del embarazo (ILE) en la ciudad de México, generó resistencia en un principio entre el personal de salud de hospitales públicos.
La ley obliga a las instituciones de salud públicas a recibir y atender a quien solicita una ILE antes de las 12 semanas de gestación, pero los médicos que tengan algún problema ideológico pueden objetar siempre y cuando haya alguien más que realice el procedimiento. Sin embargo, la presión de grupos civiles conservadores que protestaban cuando entró en vigor la ley y dirigían ataques al personal médico generó más tensión en el ambiente hospitalario.
A pesar de la capacitación que recibieron los hospitales que contarían con ILE, algunas enfermeras seguían estigmatizando a las usuarias de este servicio, según un estudio antropológico, al grado de llamarlas “descaradas” y “abusivas” cuando la paciente no mostraba una actitud de remordimiento o culpa.
Las enfermeras también reportaron sentirse “incómodas” y “molestas” por tener que atender a las mujeres que solicitaban el servicio. Esta actitud de estigmatización era percibida por las usuarias, quienes denunciaron que las ubicaban en los mismos cuartos con mujeres que iban a dar a luz y frente a las cuales recibían un trato diferencial.
El mal servicio proporcionado por las instituciones públicas ha generado una demanda por los servicios de calidad que las clínicas privadas pueden ofrecer en función de su visión de “negocios”.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), del 2007 al 2014 se han realizado 118,00 ILE en la ciudad de México, 4% de ellos en hospitales públicos y 96% en clínicas privadas.
La aprobación de la ley del 2007 avaló el derecho de las mujeres de elegir sobre su propio cuerpo y dejó el camino abierto para que negocios privados se apoderaran de este nuevo mercado, generando un discurso que por un lado contrarrestaba la estigmatización de las mujeres que deciden abortar por parte de personal de hospitales públicos y grupos conservadores, y por otro introducía en el mediano plazo la noción de “normalidad” en la práctica del aborto.
Marta Lamas, antropóloga feminista, le llama a este fenómeno “desdramatización de la ILE”, en el que, lo que alguna vez fue vivido como una experiencia traumática, ahora es visto como algo relativamente “sencillo”, al pasar del miedo a la seguridad.
Sin embargo, los beneficios de esta “tecnología política”, en palabras de Lamas, contrastan con la realidad que viven algunos estados de la República, donde la legislación aún criminaliza a las mujeres por elegir abortar. En este sentido, la autora llama a ampliar el derecho a la ILE “para fortalecer el vínculo entre la vida personal y la política, resolviendo las dificultades que las mujeres enfrentan para desplegar su autonomía”.
Por Andrea Jaramillo.
