MANIFIESTO
Hacia un Acuerdo Nacional por el Crecimiento y el Bienestar Social de México
EXCLUSIVO PARA EL SEMANARIO
Por EL DR. LIC. ERNESTO RUBIO DEL CUETO
En los primeros tres años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el país registró avances significativos en materia legal, social y productiva.
La profundidad de las reformas estructurales impulsadas por el Primer Mandatario, avaladas por las principales fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, mereció el reconocimiento de la sociedad mexicana y modificó sustancialmente la imagen de México en el exterior.
Puesto en marcha desde el primer momento de su gobierno, el proyecto de transformación jurídico-institucional en áreas estratégicas de la vida nacional –telecomunicaciones, energía, competitividad económica, laboral, educativa, legislación anticorrupción, entre las más relevantes- fue acompañado de un manejo responsable de las variables macroeconómicas y un despliegue eficaz en materia política para preservar y fortalecer la gobernabilidad democrática, el buen gobierno en las Instituciones gubernamentales.
El rigor para mantener el rumbo trazado, así como la sensibilidad y disposición al diálogo con sectores sociales y agentes productivos, constituyen todavía una de las mayores fortalezas del país frente la incertidumbre o descontento ciudadano que define las dinámicas económica, comercial y diplomática del escenario internacional desde el arranque de 2016.
El resultado de las elecciones de mitad de sexenio, ejemplo de pluralidad y participación ciudadana, ratifica el deseo de los sectores mayoritarios al proyecto de un México en movimiento, más incluyente y próspero, moderno y productivo, capaz de competir en un entorno de alta complejidad y que aspira a vivir en paz al Imperio del Estado de derecho y la concertación de acciones para combatir la pobreza.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][/tabs_head][tab]Con voluntad y realismo, vocación de futuro y claridad de miras, en tres años de conducción eficaz hemos logrado lo que fue postergado por décadas.[/tab][/tabs]
Con voluntad y realismo, vocación de futuro y claridad de miras, en tres años de conducción eficaz hemos logrado lo que fue postergado por décadas. México ha hecho las reformas necesarias para adecuar su andamiaje institucional –leyes, prácticas, valores y estándares- a las circunstancias de un mundo en mutación sociocultural y productiva que no admite demoras y requiere de operadores políticos y Administrativos comprometidos solo con la Nación.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][/tabs_head][tab]Sabemos que el proceso está lejos de haber concluido, pero los cimientos son fuertes, adecuados y responden a la exigencia de un país para el siglo XXI.[/tab][/tabs]
Los perfiles son claros: democracia sólida, sistema de justicia renovado, economía abierta que encauce la energía social y productiva de los mexicanos, políticas públicas que impulsen el talento de las nuevas generaciones y faciliten el esfuerzo de los emprendedores.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][/tabs_head][tab]Los años que vienen deben propiciar la renovación institucional e instrumentación de las grandes reformas;[/tab][/tabs]
de examen crítico y deliberación pública para afinar el tránsito de los preceptos constitucionales a las leyes reglamentarias; de estricta aplicación de las nuevas normas y la consecuente generación de planes y programas que traduzcan el espíritu innovador de las reformas en acciones concretas que mejoren el nivel de vida de los mexicanos.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][/tabs_head][tab]Los empresarios e industriales del país en general comparten el rumbo y la vía elegida para las transformaciones. Pueden asumir el reto en contribuir, desde su esfera de actividad y espacios de influencia, al proyecto original del Presidente Peña Nieto.[/tab][/tabs]
En esa perspectiva, y una forma de sumarse al esfuerzo del Gobierno de la República y de los sectores productivos más responsables de la política y el ámbito legislativo puede traducirse en la convocatoria a un acuerdo Nacional por el Crecimiento y el Bienestar Social. ¡El tiempo APREMIA!
Frente a la inestabilidad de la economía global y sus impactos en la vida social y productiva del país, consideramos que sería conveniente la conjunción de voluntades del más amplio espectro político-ideológico: ofrecer una muestra de unidad y compromiso de los sectores productivos, las organizaciones sociales más representativas y las agrupaciones civiles de mayor prestigio, en torno a los propósitos del proyecto modernizador y democrático encabezado por el Presidente de la República.
Creemos que una iniciativa de esta naturaleza tendría efectos de muy diversa índole:
1. Transmitir a la población un mensaje de solidaridad y cohesión social frente a escenarios difíciles;
2. Generar un ambiente de colaboración entre sectores productivos, indispensable para enfrentar los desafíos del país en un contexto global complejo;
3. Reforzar la convicción de que el programa modernizador es un logro y una responsabilidad de la sociedad mexicana; es decir, que los cambios legislativos, sociales y productivos no son patrimonio de ningún grupo, facción o sector;
4. Comprometer a los grupos parlamentarios, partidos políticos y organizaciones sociales a definir compromisos explícitos que coadyuven a la consolidación de cada una de las reformas;
La convocatoria a un Acuerdo Nacional adquiere una importancia cardinal en momentos de inestabilidad mundial, incertidumbre interna y crisis de confianza en las instituciones –situación que, como lo muestra la experiencia internacional, no es privativa de México-. El valor simbólico de una iniciativa plural, diversa y claramente comprometida con los intereses superiores de la Nación, por encima de las legítimas diferencias en una democracia viva, fortalecería al Presidente de la República y dotaría de mayor legitimidad a las decisiones de su gobierno.
Pensamos, por ello, que esta iniciativa no debe concebirse como un pacto “entre élites” o del Gobierno con las organizaciones de la iniciativa privada, sino como un gran acuerdo social y nacional. De ahí que su contenido, así como los compromisos que asuman los firmantes del Acuerdo, deberán responder al diagnóstico general de la situación del país y reflejar los temas que más preocupan a la mayoría de la sociedad, así como los puntos más relevantes del programa de gobierno para los próximos 27 meses.
Entre las materias centrales se pueden mencionar los siguientes:
- Crecimiento económico, generación de empleos bien remunerados, incremento de la productividad y recuperación del poder de compra de los salarios;
- Proyectos eficaces de infraestructura y desarrollo en las regiones más pobres del país, condición necesaria para el flujo de inversiones productivas en el marco del programa de “zonas económicas especiales”;
- Programa de austeridad y uso racional de partidas presupuestales en todos los niveles la administración pública: tres poderes de la Unión, tres órdenes de gobierno, organismos autónomos;
- Transparencia en la gestión de recursos públicos y rendición de cuentas estrictamente regulada; el Informe de Gobierno del Ejecutivo federal puede convertirse en modelo de responsabilidad republicana y deliberación democrática entre poderes;
- Compromiso de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos en las Cámaras del Congreso y grupos parlamentarios;
- Sistema Nacional Anticorrupción que clausure todo resquicio a la simulación, la ambigüedad el dispendio y la impunidad. Compromiso de Restructurar la Secretaría de Función Pública para tal efecto y propiciar el Buen Gobierno en las Instituciones Gubernamentales.
- Blindaje del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal contra prácticas de corrupción; reforma a fondo del sistema de justicia en las entidades federativas;
- Avanzar en la autonomía del Ministerio Público Federal; consolidación de la Fiscalía General de la República;
- Debate público y deliberación legislativa, en los Congresos federales y estatales, sobre los márgenes de autonomía de las Procuradurías Generales de Justicia en las entidades del país;
- Programa de profesionalización y depuración de los Ministerios Públicos en las entidades federativas; reforma a fondo de las policías ministeriales (reclutamiento, capacitación, controles de confianza, etcétera);
- Garantizar recursos suficientes para el despliegue de una política social de alto impacto, con especial atención en la cobertura de necesidades básicas de la población más vulnerable: salud, alimentación, combate a la pobreza, vivienda digna y dotación de servicios básicos, educación de calidad y acceso a la cultura;
- Consolidación de la reforma educativa en el ámbito administrativo-laboral y avance en sus nuevas etapas: nuevo modelo educativo, reforma de contenidos, formación de educadores, infraestructura escolar;
- Nueva estrategia de seguridad pública y combate al crimen organizado; un nuevo modelo policiaco que incluya sistemas de control de confianza y reclutamiento, contralorías internas y externas, etcétera.
- Política de prevención de la violencia, recuperación de espacios públicos y programas dirigidos a regenerar el tejido social en los municipios, regiones y estados más lastimados;
- Impulsar en definitiva el Acuerdo para implantar el Sistema Universal de Salud y la estrategia para prevenir y atender adicciones; programa nacional de alternativas sociales, educativas, culturales y productivas para jóvenes.
En cada uno de estos rubros, la sociedad civil y las organizaciones empresariales pueden sumar esfuerzos y elevar el potencial de los programas del gobierno federal. Baste, como un ejemplo, la participación fundamental que han tenido los grupos civiles y académicos en la concreción de iniciativas legislativas en materia de transparencia, rendición de cuentas y sistema anticorrupción. Este ejemplo puede y debe multiplicarse; involucrando, incluso, a grandes y medianas empresas, sectores de la producción, grupos de profesionales, medios de comunicación, organismos del voluntariado nacional, etcétera.
Acuerdo para impulsar a la República y a la Población del país
El próximo Informe de Gobierno podría ser el foro para convocar este Acuerdo para impulsar a la República y a la Población del país con el compromiso de revisar el avance hasta 2018, por áreas Específicas.
Dr. Lic. Ernesto Rubio del Cueto
