Todos los días estamos llenos de información, historias van y vienen, sin embargo, difícilmente recordamos qué pasaba “hoy hace un año”…
¿Te acuerdas?
México despertaba y la información daba trascendencia a la llegaba del acuerdo mutuo entre la Federación y gobernadores del país donde se comprometían con el gobierno federal a designar a sus secretarios de Seguridad Pública, esto en tanto no se aprobara el mando único policial. Eso se sumaba a varios compromisos que los estados y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) habían firmado con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en las entidades, principalmente de alto impacto como homicidios, secuestros, extorsión, robo y trata de personas.
La reforma en telecomunicaciones seguía provocando controversias, mientras investigadores externaban sus puntos de vista sobre la reforma, los partidos políticos la defendían.
El investigador de la UAM, Javier Esteinou señalaba la desigualdad con la que se limitaba a los pueblos indígenas la posibilidad de aplicar para concesiones de radio y televisión.
Por su parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz ponderó el hecho de que las diferencias entre las fuerzas políticas permitieran enriquecer la reforma de telecomunicaciones. A su vez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, expresaba su confianza en que los senadores tendrían la sensibilidad necesaria para que la iniciativa transitase rápidamente.
Mientras los políticos celebraban su capacidad de concilio y avance para aprobar la reforma en telecomunicaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informaba a través de un comunicado la resolución que obliga a los partidos políticos de entregar toda la información relacionada con su padrón de afiliados o militantes, los convenios de participación que celebren con organizaciones de la sociedad civil, los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar a sus campañas en el ámbito federal.
No todo fue malo para los partidos políticos, pues también se hacía público que se enviaría a los gobernadores presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para la aplicación del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto con motivo de que 2012 fue año electoral y se pretendía evitar que las elecciones a desarrollarse en estados como Chihuahua y Guerrero fueran afectadas por la violencia.
Lo que si fue malo para el país, fue el reporte de gastos del gobierno federal correspondiente al último trimestre de 2012, en él se reportaba que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registraron en conjunto gastos superiores a los presupuestados por 92 mil 881.4 millones de pesos. En específico se señalaba que Pemex tuvo un sobrejercicio de 25 mil 378.6 millones de pesos y la CFE de 67 mil 502.8 millones, con respecto a los montos aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012.
Algo igual de negativo fue la denuncia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que en México no se cumple con el artículo IV Constitucional que se refiere al derecho a la protección de la salud que todo mexicano debe tener, concretamente en la población indígena. El organismo acusó que el 41% del total de la población indígena tiene acceso a servicios de salud, lo que refleja la magnitud de la exclusión de que son objeto en la actualidad.
El país mostraba signos de ahogamiento, no solo por las tensiones políticas y sociales que se vivían, además, pasaba por una crisis de salud pública, en concreto, la insuficiencia de depósitos de residuos sanitarios. De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012, elaborado por la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología (INE), el país requería, de manera urgente, alcanzar una mayor tasa de recolección a nivel nacional, elevar el volumen de recuperación, robustecer el mercado del reciclaje y aumentar la generación de energía a partir de los residuos.
En tanto, en la Ciudad de México se desataban más controversias por el programa de parquímetros del GDF. Se acuerdan que la Autoridad del Espacio Público (AEP) informaba el inicio de manera oficial la operación de parquímetros en Roma I e Hipódromo I, pero eso no era todo, además se hacía público que se proyectaba sumar a las delegaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan el funcionamiento del programa ecoParc. Hoy vemos cómo esto no era broma, ya los encontramos funcionando en varias colonias más y está en controversia su instalación en Coyoacán.
Y en Guerrero, los maestros de la Ceteg reiniciaban el diálogo con el gobernador Ángel Aguirre. Los acuerdos consistían en el pago de salarios a los más de 6 mil profesores que se encuentran en paro desde el 25 de febrero de ese año, la convocatoria de nuevo ingreso para las nueve escuelas normales públicas de la entidad, además entrega de aproximadamente 700 plazas para los egresados normalistas. Con esto en sus manos, los maestros levantaron el plantón que mantenían frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno.
Las noticias no mejoraron, trascendió la lamentable muerte de decenas de migrantes mexicanos en Estados Unidos, principalmente en el estado de Arizona. La Oficina Forence del Condado de Pima informó que desde el año 2000 habían recibido más de mil 800 cuerpos. Tristemente esta situación no ha mejorado.
Estos fueron hechos que hicieron historia, y que hoy hace un año, aun son parte de nuestra actualidad.
