El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ofreció su primera conferencia de prensa en materia migratoria en donde confirmó la construcción de muro en la frontera con México.
Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este miércoles 25 de enero una conferencia de prensa donde informó sobre la firma de dos órdenes ejecutivas en las que decretó la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados así como priorizar la deportación de indocumentados convictos por crímenes.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca instruyó también a su gobierno a que evalúe caminos para retener algunos fondos federales para las ciudades que han implementado políticas para proteger a inmigrantes indocumentados de ser deportados, conocidas como “Ciudades Santuario”.
La orden ejecutiva de construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos (EE.UU.) es en cumplimiento con una de las más controversiales propuestas de campaña de Trump, y que forma parte de una serie de acciones en el frente migratorio.
La orden contempla la contratación adicional de agentes de la patrulla fronteriza y aumentar el número de camas en los centros de detención para inmigrantes indocumentados ubicados cerca de la frontera sur, anticipando un aumento en los arrestos a lo largo de la frontera con México.
Además se eliminará el programa de detención y liberación de inmigrantes indocumentados, aplicado por lo general a aquellos que esperan comparecer ante cortes migratorias durante el desahogo de sus peticiones de asilo.
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Asimismo, Trump ordenó priorizar el encausamiento legal y la deportación de indocumentados acusados de ofensas criminales.
Los gobiernos de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, donde se han implementado estas políticas han dejado en claro su intención de mantenerles a pesar de esta amenaza.
El presidente de Estados Unidos también instruyó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) a mejorar la capacidad de agentes de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) para arrestar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
Mientras al Departamento de Estado le ordenó retener visas como medidas de presión a fin de forzar a los países a que acepten la repatriación de indocumentados convictos de crímenes en Estados Unidos.
La nueva administración aplicó durante años este programa con el objetivo de que las jefaturas de policía locales cruzaran la información de personas detenidas con bancos de datos federales para determinar si eran buscadas por violaciones migratorias.
El programa fue cancelado en 2014, tras sucesivas quejas judiciales de las jefaturas de policía alegando carecer de autoridad bajo la cláusula constitucional de debido proceso, para retenerlos encarcelados hasta que fueran procesados por fines migratorios.
La administración del expresidente Barack Obama lo sustituyó con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP), que limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por delitos serios o que son un riesgo a la seguridad nacional.
Ese programa, sin embargo fue criticado por legisladores republicanos que lo calificaron como un fracaso debido a su carácter optativo y a que las jefaturas de policía, en especial de las 200 ciudades con políticas santuario, siguen ignorando las peticiones del DHS.
