Se vuelven más tensas las negociaciones y relaciones entre los gobiernos de Washington y Ciudad de México tras las declaraciones de Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto.
Washington, EE.UU.- El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump sigue en la misma posición política sobre temas de política exterior arremetiendo en contra de los mexicanos así como el pago del muro fronterizo con México.
Aunque no se implemente todo en forma rápida, las medidas tienen el potencial de crear mucho daño en las comunidades inmigrantes, coartar derechos, enfrentar a estados y ciudades con Washington y aumentar el ritmo de deportaciones.
Las nuevas órdenes firmadas en días recientes por el republicano sigue bajo el esquema del populismo pero sobre todo para demostrar ante el pueblo estadounidense que sus promesas si se cumplen a pesar de que todos los dictámenes deben ser aprobadas por el Senado.
Los documentos jurídicos sobre inmigración que anunció este jueves 26 de enero el magnate neoyorkino van mucho más allá del muro fronterizo y establecen una serie de medidas que tienen el potencial de sembrar terror en la comunidad inmigrante, enfrentar a Washington con gobiernos locales e incrementar la detención y deportaciones.
Si bien buena parte de las medidas anunciadas tomarán tiempo para implementarse y algunas requerirán de la acción del Congreso, especialmente cuando requieren el uso de fondos públicos, como la construcción del muro o la contratación de más agentes fronterizos, hay efectos que comenzarán a sentirse de inmediato.
Las órdenes ejecutivas tienen un vasto alcance y el simple anuncio de que estas liberan a las autoridades migratorias para aplicar la ley con todas sus consecuencias levanta temor entre grupos que llevan años luchando contra los excesos de, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza, destaca NBC News.
Y aunque Trump dijo que su enfoque estaría en deportar a personas que quieran hacernos daño y a delincuentes, la letra de la orden ejecutiva es mucho más amplia y las prioridades de deportación que propone podrían arrasar con muchas personas que no son delincuentes convictos, tal y como lo hizo Obama, especialmente en los primeros cuatro años de su gobierno.
La orden incluye una intensificación de la deportación de personas que viven en el interior del país (muchas de las cuales llevan mucho tiempo aquí y tienen lazos familiares y sociales) y un aumento en 5000 agentes fronterizos. Esto lo tendrá que aprobar el Congreso, pero no extrañaría que se aprobara, escribe New York Times.
El Gobierno federal se enfrentará a gobiernos locales, generando luchas legales y crisis de gobernabilidad.
La orden pretende quitar fondos federales a estados y ciudades definidos como “ciudades santuario”. Implementar esta medida será más complicado de lo que parece y quizá podría llegar a ser inconstitucional, dependiendo de cómo se aplique.
Trump da la impresión de que estados y ciudades que se resisten a implementar la ley migratoria están haciendo algo ilegal, cuando la realidad es están decidiendo no usar recursos locales policiales para detener indocumentados.
Sin embargo, estas no pueden impedir que los agentes federales hagan cumplir la ley migratoria. La pregunta es si Trump puede obligarlas a hacerlo, so pena de castigos económicos.
El presidente Trump empezó su campaña hablando de una fuerza de deportación que sacaría a los indocumentados como lo hizo la Operación Bracero de los años 50 pero luego quiso calmar los ánimos diciendo, como siempre lo hizo el gobierno de Obama, que se enfocaría solamente en los delincuentes y los que amenazan la seguridad nacional, describe The Washington Post.
Otra cláusula de la orden indica que extranjeros que hayan entrado con visa y se hayan quedado o violado términos de las mismas “representan una amenaza significativa a la seguridad nacional”, poniendo una red aún más amplia que podría esencialmente incluir a la mayoría de los indocumentados en el país, sostiene Huffington Post.
El líder del senado de California Kevin De León, dijo este miércoles que esto abriría paso a la detención y deportación sumaria de personas que hayan usado cualquier tipo de documento falso.
Las órdenes contemplan la construcción de más centros de detención cerca de la frontera, probablemente en manos privadas, que ya han sido cuestionados por muchos años por falta de transparencia y violaciones a los derechos civiles de los detenidos.
Las órdenes podrían significar una actitud aún más negativa hacia los menores y familias centroamericanas que vienen por la frontera pidiendo asilo, aunque las organizaciones de la zona ya han denunciado que muchos están siendo rechazados antes de tener oportunidad de presentar su solicitud, comunica la BBC.
El alcance de esta medida es impredecible por el momento, pero parece indicar que cualquier persona con otro estatus o sin estatus migratorio no podrá contar con los servicios de agencias federales sin ver sus datos personales utilizados en forma insospechada.
