En el Estado de México, el infierno que envuelve al transporte público de pasajeros tiene ahora un nuevo ingrediente: la extorsión. Además del mal servicio y los robos, grupos de extorsionadores han comenzado a amenazar y ejercer violencia contra choferes y pasajeros. En particular, la prensa ha reportado que rutas de los municipios de Tecamac y Ecatepec han sido objeto de este tipo de extorsión. Son grupos criminales, dicen. La semana pasada, un video exhibe a dos extorsionadores que suben a una vagoneta. Reclaman al chofer que no han pagado mientras piden a los pasajeros que bajen. Segundos después sueltan una granada al interior que obliga al chofer a bajar del vehículo. “Ya no sabemos si subimos pasaje o criminales”, le confiesa un chofer al periodista de Televisa.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional se denunciaron 6,183 extorsiones a lo largo del año pasado. De ellas, 1,340 se realizaron en el Estado de México, prácticamente el 22%. En otras palabras, al menos una de cada cinco denuncias de extorsión, se realizaron desde ahí. Además, de las 14,119 denuncias de robo en transporte público colectivo a nivel nacional, 9,077 fueron realizadas en la entidad mexiquense. Aquí la proporción es de más de la mitad, el 64% para ser exactos. Con todo, y como suele ocurrir en estos casos, la altísima cifra negra (es decir, la cantidad de delitos no denunciados), y que ronda el 94% a nivel nacional, no permite dimensionar con exactitud el problema.
La construcción de la autoridad de los grupos criminales implica mucho más que sólo entender el beneficio económico de las actividades ilegales. Trascender las explicaciones exclusivamente económicas permite analizar una dimensión relevante de la criminalidad: la legitimidad. No todos los criminales se interesarán o buscarán ser legítimos, ni lo harán por las mismas razones. Sin embargo, aquellos que lo hacen en realidad están compitiendo por la autoridad. En el caso de las rutas de transporte público, medios de comunicación documentaron cómo una calcomanía pegada en el vehículo funciona como una especie de registro de pago. Más allá de un arrebato circunstancial, la calcomanía encierra una forma de construir y reafirmar la autoridad que se construye desde la extorsión.
A diferencia del tráfico de drogas, que podría considerarse como un delito sin víctimas dado que ambas partes suelen estar dispuestas para participar en la transferencia –excepto, obviamente, por el tráfico de personas y en algunos casos de animales–, la extorsión sí implica una víctima y un victimario o perpetrador. Ambos se relacionan a través de una condición subordinación que en casos de cobro de piso se traduce también en una forma de autoridad o gobierno. Esto, dado que la relación no se limita al “momento de extorsión”; por el contrario, extorsionar se extiende hacia antes y después de la práctica como una reafirmación de quién manda, quién no, quién obedece, y a través de qué medios se define esta relación.
La extorsión ocurre con mayor o menor medida en todo el mundo. En Japón, sōkaiya es un término referido a extorsionistas organizados que chantajean o impiden que las empresas chantajeen. En Rusia, el término kompromat se refiere a una práctica política local basada en obtener material para difamar públicamente a las personas que luego reciben amenazas de extorsión para mantener su reputación. En Italia, el pizzo es una extorsión cobrada por las mafias locales hacia empresarios y comerciantes. En México tenemos una versión tan tropicalizada como esparcida: el cobro o derecho de “piso”. En estos casos, la extorsión es más que un beneficio económico, se convierte en una sistematizada forma de ejercicio del poder en competencia con la autoridad legal.
En efecto, ya no sólo se trata de un crimen que produce más o menos ganancias, además es un desafío abierto a la autoridad oficial. Para ellos, la omisión es un riesgo. Como afirma el investigador italiano Diego Gambetta, las mafias pueden convertirse en una industria de protección privada. Si el gobierno no actúa, eso puede implicar que las víctimas sean también “contribuyentes” más o menos dispuestos o, incluso, “clientes” más o menos satisfechos. En esos casos, los grupos criminales se convierten en gobernantes contingentes capaces de crear violencia, solucionar problemas sociales (por ejemplo, controlar la delincuencia de las calles o proporcionar servicios públicos), o incluso mediadores con las autoridades legales. El juego es el de la legitimidad, y una forma de perderlo es no jugándolo.
