Para el momento en el que se publica este texto, los argumentos en contra de la llamada Ley de Seguridad Interior son tan bastos como elocuentes y coherentes. ¿En qué consiste la resistencia para continuar con una ley de esta naturaleza? La historia es conocida. Hace once años, la declaración de guerra contra el crimen organizado que hiciera Felipe Calderón construyó las bases de un país en el que militares patrullan calles. A once años, a quienes defienden la ley de seguridad interior se les olvidó que eso no es cotidiano, sino excepcional. Es decir, responde a una contingencia, un evento que irrumpe en la normalidad posible o deseable. Aquella guerra, fracasada e insensata, continuó de manera tácita durante el gobierno de Peña Nieto. La ley, como está redactada, propone regularizar la excepción y hacer cotidiana la crisis de violencia (como si no lo fuera ya). Aún más, en lugar de proponer vías para terminar la guerra y la militarización, una fracción mayoritaria de los legisladores está pensando en formas de regular la violencia. Más balas, pero reguladas.
Hace un año, el propio ejército ya se mostró inconforme. En declaraciones, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, reprochaba la inconformidad del ejército por continuar con una tarea de seguridad pública que se suponía temporal mientras se alistaban policías, jueces y otras instituciones. Un año después, son sectores de la sociedad civil quienes desde distintos flancos muestran inconformidad. Hace unos días, académicos se reunieron con senadores para advertir de los riesgos de aprobar esta ley como se encuentra redactada actualmente. “Están ustedes discutiendo una ley que […] permite autogobernarse al Ejército”, les subrayó Alejandro Madrazo, investigador del CIDE. En el fondo, son reclamos que encuentran convergencia con los que hace un año hacían las propias fuerzas armadas: la excepción no es la normalidad, pero sí se ha convertido en la norma. Esa idea parece estar fuera de cualquier brújula entre los legisladores que propusieron y defienden la ley.
Aun sin compartir el diagnóstico que justifica la intervención del ejército en tareas de seguridad pública, también es cierto que se trata de la institución mejor preparada en términos de organización y legitimidad. Sin embargo, nunca estuvieron ni tenían por qué estar listos para hacer tareas de seguridad pública con respeto a derechos humanos. Los ejércitos se crearon como estamentos, segmentos sociales que están a la vez dentro y fuera de las sociedades en que existen. En occidente y otras zonas fueron soluciones prácticas para dejar de contratar mercenarios que pelearan las batallas de los reinos, imperios, etcétera. Siglos después, la idea de nación funcionó como receptáculo de patriotismo y orgullo que justificaron la obediencia, sacrificio y formación de la tropa. Sin embargo, aun hoy en día los ejércitos siguen operando dentro y fuera de las sociedades. La función del cuartel es la de resguardar, pero también la de crear un espacio donde las reglas son militares, y donde la civilidad corresponde al mundo de afuera. La policía, en cambio, supone que debe tener una función de proximidad y cercanía con los civiles, deben ser capaces de disuadir, discutir y prevenir violencia y delincuencia.
Por eso es lógico que salgan chispas cuando el ejército hace tareas de policía. No están ni deben estar preparados para hacerlo. Funcionan y reaccionan diferente. Cuando se decidió usar al ejército en esas tareas, siempre fue claro que se trataba de una medida contingente, extraordinaria y excepcional mientras se preparaban policías capaces de cumplir con la labor que les toca. Once años han pasado, y en lugar de discutir cómo avanzó o no la profesionalización de policías, se discute cómo regularizar la excepción. Y con ello, cómo normalizar la violencia. Además, el contexto preocupa. A meses de la elección presidencial, esta ley podría marcar un rumbo que inmovilizaría posibles alternativas de paz entre quienes puedan resultar ganadores de la elección, no sólo presidencial sino también legislativa. Eso nos estamos jugando con esta discusión.
