La mayor instancia judicial francesa indaga y analiza hoy la prohibición del burkini, tras detención de mujer en playa.
París, Francia.- La prohibición del burkini (traje de baño diseñado para mujeres musulmanas) en varias playas francesas, muy criticada en Francia y en el extranjero, será examinada este jueves por la más alta instancia administrativa del país, el Consejo de Estado.
Los tres jueces que componen el organismo deberán pronunciarse en las próximas 48 horas sobre este último episodio dentro del recurrente debate sobre el lugar del islam en Francia y deberán fijar un marco legal sobre el uso de esta prenda.
La Liga de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Islamofobia (CCIF) recurrió al Consejo tras una ordenanza municipal contra el burkini en una localidad de la Costa Azul (sureste), que decidió prohibirlo a semejanza de otra treintena de ciudades costeras francesas en respeto de “las buenas costumbres y el laicismo”.
El edicto en cuestión no utilizaba el término “burkini”, sino que se refería a toda vestimenta de baño islámica que recubriese el cuerpo del cabello a los tobillos.
El texto fue validado por un tribunal administrativo local, que consideró la prohibición “necesaria, adaptada y proporcionada” para evitar problemas de orden público tras los últimos atentados en Francia, entre ellos el de Niza el 14 de julio, que dejó 86 muertos.
La justicia local señaló que este tipo de atuendo podía “verse como un desafío o una provocación exacerbando las tensiones ya presentes entre la población”.
Esta nueva normativa, públicamente apoyada por el primer ministro Manuel Valls, “contribuye a legitimar a quienes ven a los franceses musulmanes como un cuerpo extranjero, exterior a la nación”, afirmó la LDH a mediados de agosto.
La controversia volvió a estallar esta semana, después de que una mujer de 34 años que no llevaba el burkini, sino un velo, una túnica y leggings en la playa, fuera multada y obligada a quitarse la túnica.
Ahora el Consejo de Estado tiene la última palabra sobre si las municipalidades tienen derecho a emplear a la policía en estos menesteres para “garantizar el orden, la seguridad y la salubridad pública”.
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