La sensación de inseguridad que experimenta la población en general tiene su origen en el temor al delito y las expectativas que se tienen respecto a la seguridad pública, producto de la atestiguación de conductas delictivas y antisociales que ocurren en sus entornos.
Ciudad de México.- Al final de 2013, el 68% de la población de México –de más de 18 años- consideró que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Este resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) no cambió respecto del último disponible, obtenido en septiembre del mismo año.
Ante este dato abrumador, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el temor al delito tiene un gran impacto en la rutina de las personas, ya que el 63.6% de la población objeto de estudio manifestó que en los últimos tres meses modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito.
Así mismo, el 49.3% cambió sus rutinas, tales como caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche, permitir que salieran de casa sus hijos menores o restringir visitas a parientes o amigos.
Respecto a la expectativa en materia de seguridad pública, el 18.9% de los encuestados consideró que en los próximos doce meses la situación de la delincuencia en sus ciudades permanecería igual de bien, en tanto 18.5% considera que mejorará, 35.9% que seguirá igual de mal y 26.1% que empeorará.
En cuanto al desempeño actual de los policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia, el INEGI señaló que el 30.1% de la población percibe este como muy efectivo o algo efectivo, contra el 69.6% que lo considera poco o nada efectivo en sus labores relativas a la prevención y combate a la delincuencia.
Lo que resulta un hecho ineludible, es la presencia de la delincuencia en las ciudades: la población entera coincide en que en los últimos tres meses escuchó o presenció en los alrededores de sus hogares diversas situaciones como consumo de alcohol en las calles –69.4%-, robos o asaltos –65.2%, vandalismo –57.7%– y venta o consumo de drogas –39.3%-.
México se encuentra lejos de dejar atrás la crisis de violencia que enfrenta. Durante la gestión de Felipe Calderón –de 2007 a 2012- los homicidios dolosos per cápita se incrementaron en más de 65%, mientras que los secuestros lo hicieron en 250% y las extorsiones en 94%, según datos de la CIDAC.
El aparato de justicia del país –ministerios públicos, policías y jueces- no cuenta con las capacidades necesarias para hacer frente a esta crisis. Tan sólo el hecho de que, por mandato de ley todos los delitos que se denuncian, desde los más insignificantes hasta los más graves, deben ser procesados por el Ministerio Público (MP) de la misma manera, convierte a la justicia en un mero trámite burocrático, que se ocupa sólo de reunir la evidencia suficiente para probar la culpabilidad del delincuente –y eso, en el mejor de los casos, cuando la autoridad no es incompetente ni está coludida-.
El resultado es un sistema de justicia saturado que, ante el creciente número de delitos cometidos, ve reducida su capacidad; así, de cada cien delitos que se comenten en todo el país, sólo uno recibe castigo.
Ya hablábamos de la percepción de inseguridad cada vez mayor en la ciudadanía, al ser incapaz el Estado de protegerla; así mismo, otro factor de peso es la posibilidad que tienen los delincuentes de actuar sin ser castigados, lo que convierte su actividad en una muy redituable.
Modificar el escenario anterior requiere de un sistema que mande las señales correctas: los ciudadanos deben tener una expectativa real de que, si sus derechos son vulnerados, el sistema será capaz de responder de una manera expedita a sus demandas. Y de forma correlativa, los ciudadanos deben internalizar una expectativa de castigo si deciden romper las reglas.
La percepción de inseguridad importa porque la población toma en cuenta información de crímenes pasados y genera una expectativa de riesgo que modifica sus decisiones en el presente y en el futuro. Así como la rutina de los pobladores cambian, las empresas también elevan sus costos de seguridad y reducen sus inversiones en regiones peligrosas, y el gasto público se ve mermado con los costos del crimen.
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