Por Isabel Inclán
Toronto.— Canadá es el país que ha enfrentado mayores querellas comerciales dentro del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que en la próxima ronda de renegociaciones en la Ciudad de México podría flexibilizar su postura en la provisión para controversias inversionista-Estado (ISDS).
El Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA) indica en un estudio que desde 1994 Canadá ha enfrentado 41 casos dentro del Capítulo 11 y que ha tenido que pagar 315 millones de dólares en daños y cuotas legales.
En comparación, México ha sido acusado 23 veces por lo que ha tenido que pagar más de 220 millones de dólares estadounidenses.
Estados Unidos ha sido acusado 21 veces bajo el mecanismo de disputas entre inversionista y Estado y no ha tenido que pagar ningún monto por compensación, indica el organismo de análisis político.
En las primeras rondas de negociación del TLCAN Ottawa fue enfático al afirmar que no cedería en abrir el Capítulo 11 ante el temor que su gobierno fuera a ser demandado por los inversionistas afectados por sus políticas de protección ambiental.
Sin embargo, en la sexta ronda de Montreal se mostró más abierto a la propuesta estadounidense de quedar fuera de este sistema de resolución, lo que daría mayor certeza a los inversionistas fuera de su país.
Incluso el gobierno canadiense ha citado el modelo del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Unión Europea (CETA) en donde el mecanismo de resolución de disputas inversionista-Estado incluye una lista especial de jueces y un proceso de apelación.
En la próxima ronda, a realizarse en la capital mexicana del 25 de febrero al 5 de marzo, Ottawa podría flexibilizar su postura o incluso anunciar su apoyo a suspender el mecanismo de disputas inversionista-Estado –según fuentes cercanas a las negociaciones–, no sólo para mostrar consideración hacia las demandas de su principal socio comercial, sino porque enfrenta una presión interna.
El Consejo de Canadienses, una organización de defensa de derechos ambientales y sociales, demanda la suspensión del Capítulo 11 porque es una “herramienta corporativa” que permite a las grandes petroleras presentar querellas por regulaciones ambientales.
Mike Pelecek, presidente nacional del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales, criticó que Capítulo 11 “da a las poderosas corporaciones el derecho de socavar la legislación pública y las regulaciones, lo cual es inaceptable”.
Para el Centro Canadiense de Políticas Alternativas la desaparición del Capítulo 11 o mantenerlo como opcional entre los miembros del TLCAN sería benéfico para Canadá, pues el país ha sido blanco de casi la mitad de las controversias presentadas en la provisión para controversias inversionista-Estado (ISDS).
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