El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que un juzgado negó la protección de la justicia a Televisa que pretendía dejar sin efecto la declaratoria de agente económico preponderante emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ciudad de México.- El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones no validó el argumentó de Televisa, que aseguraba que la autoridad responsable no le notificó de forma independiente el inicio de dicho proceso.
De acuerdo con el juzgado, “la decisión de negar la protección de la justicia federal, en razon de los conceptos de violación no combatían los motivos y fundamentos torales expresados por la responsable al emitir el acto reclamado, esencialmente en cuanto a que no había lugar a notificarle de manera independiente de Grupo Televisa, S.A.B., el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la ‘Determinación de la existencia de agente económico preponderante en el sector de radiodifusión y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia’, pues al formar parte de dicho grupo, el emplazamiento como parte del mismo era suficiente”.
El 6 de marzo de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a Televisa la declaratoria de agente económico preponderante en el área de radiodifusión.
En el documento de juicio de amparo Televisa argumentó que la resolución de preponderancia que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones viola su derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14 constitucional.
A través del comunicado, el CJF recordó que el 11 de junio del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones.
“En su artículo Octavo Transitorio, fracción III, dicho decreto dispone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales”.
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