Baja percepción de Corrupción en México en primer año de AMLO, pero…
“Vamos a fondo en el combate a la corrupción, Me canso ganso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia del jueves al hacerse referencia de los resultados que se han registrado en la materia durante su primer año de gobierno.
El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, se comprometió a combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, señalando este delito como el principal problema que ha aquedado al país por décadas.
“Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, compañeros de lucha y familiares, dejo en claro que, si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad”, aseveró el primer mandatario durante su toma de posesión.
A un año de gobierno de AMLO, las medidas contra la corrupción en México si han arrojado resultados favorables que llevan al país a colocarse en el lugar 130 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2019, ocho lugares por encima de la posición que ocupó en 2018.
El índice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector púbico, reconoce en México los avances que ha tenido como resultado de su reciente reforma anticorrupción.
En el ranking global, México mejoró en ocho posiciones y logró ganar un punto al pasar de 28 (2018) a 29 puntos, en una escala del 0 al 100 en donde a menor puntaje, mayor percepción de corrupción.
El índice señala que, pese a que México ha tenido declives en la materia, existen argumentos positivos para la mejora en el puntaje como una reciente reforma anticorrupción y la creación de la Fiscalía General de la República, que actúa de manera autónoma.
Los claroscuros del combate a la corrupción en México
Si bien ha habido avances en el combate a la corrupción en México, en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país tiene mucho por hacer.
En el ranking global, México se encuentra a tan sólo 50 peldaños del último sitio en la tabla y ocupa el lugar 130 junto con Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.
En el ranking latinoamericano, México se ubica por debajo de Brasil (35 puntos), El Salvador (34 puntos) y Bolivia (31 puntos), y únicamente por encima de República Dominicana (28 puntos), Paraguay (28 puntos), Guatemala (26 puntos) y Honduras (26 puntos).
Sin embargo, el gobierno de López Obrador logró frenar la caída que México venía registrando en el ranking global desde 2015. En 2014, fue calificado con 35 puntos (de 100 posibles). A partir de ese momento, año tras año México fue deteriorando su calificación y perdiendo lugares en su posición relativa con otros países. Aunque la mejora de un punto es una señal positiva, si el país quisiera obtener nuevamente la calificación de 2014, tendría que mejorar otros seis puntos.
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Las recomendaciones para México
De acuerdo con Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, para revertir la tendencia negativa del último lustro, México deberá:
–Consolidar su Sistema Anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes. El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser nacional y no sólo de la Administración Pública Federal.
–Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel. Cinco años después de la promulgación de una reforma constitucional para cumplir con este fin, los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses exhaustivos y públicos se sigue posponiendo.
–Asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. Uno de estos controles democráticos es la creación de una política de persecución penal, discutida ampliamente con la sociedad, en materia de control de la corrupción.
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