En España se discute nuevamente el tema de la muerte asistida a raíz de que se publicó que Ángel Hernández ayudó a morir a su esposa María José Carrasco, de 62 años. De esta manera la mujer pudo poner fin a un sufrimiento que le resultaba cada vez más intolerable[1]. Padecía esclerosis múltiple desde hacía 30 años y la enfermedad había avanzado a tal grado que apenas podía respirar, tragar y hablar, además de que la morfina que recibía para aliviar sus dolores ya no le servía. Veinte años antes María José había intentado suicidarse, pero Ángel la encontró y llamó al servicio de emergencia. Esa vez prometió no volver a interferir con el deseo de morir de su esposa.
El 3 de abril pasado, respondiendo a lo que tantas veces había deseado su esposa, Ángel le acercó la bebida con el medicamento letal para que lo tomara con un popote. La pareja había retrasado el momento final confiando en que la propuesta de ley para permitir la eutanasia fuera aprobada, pues María José temía por lo que le pudiera pasar a su esposo si la ayudaba morir, ya que esta acción actualmente se considera delito[2]. Previendo lo que pudiera suceder, Ángel realizó varios videos en los que la pareja hablaba de la condición en que se encontraba María José y de su decisión de morir; incluyó un último video con el momento en que da la solución a su esposa después de haberle preguntado si estaba segura de querer hacerlo. Con toda razón, en uno de esos videos Ángel dice: “esto lo tenía que hacer un médico, un profesional que estuviese de acuerdo y por eso es necesario que la eutanasia esté aprobada”[3]. En efecto, las personas muy enfermas que deciden que para ellas es preferible la muerte, lo mismo que sus familiares, ya tienen bastante con vivir el sufrimiento que impone la enfermedad y el dolor que implica anticipar la separación, como para tener que sobrellevar el peso de realizar una acción que consiste en ayudar a morir, hacerlo en la clandestinidad, soportar la incertidumbre de no saber si lograrán la muerte sin dolor y arriesgarse, quien ayuda, a tener consecuencias penales. Por eso es necesario despenalizar la muerte médicamente asistida que incluye la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En mayo de 2018 el PSOE impulsó una propuesta de ley para permitir estas acciones, pero fue rechazada por los partidos PP y Ciudadanos[4].
Cuando murió María José, Ángel llamó a los servicios de emergencia y se auto-inculpó, pues quería que su acción se conociera y sirviera par retomar la discusión sobre la eutanasia. Fue detenido, pasó una noche en la cárcel y al día siguiente, después de dar su declaración a la juez, quedó libre. Sin embargo, el caso tuvo un lamentable giro y se determinó que debía juzgarse como un asunto de violencia de género por tratarse de una muerte que se da en una pareja, en la que el autor es el varón y la víctima su compañera. Así, lo que fue un acto de amor se quiere convertir en un acto de violencia[5]. Viene al caso recordar aquí el comentario de Jesús Mosterín en un artículo de 2005 en el que reflexionaba sobre la eutanasia: “confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir el amor con la violación, o el regalo con el robo, o lo voluntario con lo forzado”. También criticaba entonces (como resulta necesario seguir haciéndolo ahora) que el PP no pueda hacer a un lado la influencia de la jerarquía católica para respetar el laicismo como corresponde en una democracia liberal[6]. Atendiendo a la respuesta social de apoyo que en estos días ha recibido Ángel, se demuestra una vez más que la sociedad está mucho más preparada que los políticos para avanzar en el respaldo legal de las libertades individuales con la despenalización de la eutanasia.
Resulta muy injusto que se pretenda juzgar como una acción de violencia de género lo que Ángel realizó motivado por solidaridad y amor a su mujer, pero también un terrible error, pues la protección a la violencia de género se aplica cuando la mujer es víctima de violencia debido a discriminación, situaciones de desigualdad o relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, nada de lo cual hay en este caso. Esperemos que proceda la solicitud de la Fiscalía de Madrid para que se revoque la instrucción de remitir la muerte de María José Carrasco a los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, ya que mandaría “un mensaje distorsionado a la sociedad”[7].
Como es lógico suponer, el hecho de que la muerte médicamente asistida se prohíba, no impide que personas en diferentes países pongan fin a su vida cuando llegan a la conclusión de que prefieren morir a seguir viviendo en condiciones de un sufrimiento indigno. ¿Cómo hacer que su muerte sea segura y sin dolor? Algunos enfermos cuentan con el apoyo de personas que les ayudan, quienes, igual que Ángel, corren riesgos penales. Es el caso del médico danés Svend Lings, quien, en febrero de 2017, dijo en una entrevista de radio que él y el grupo “Médicos para la Asistencia Activa de la Muerte” habían ayudado al menos a diez personas a morir. En respuesta, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación y lo acusaron de haber ayudado en tres suicidios. Si bien Lings nunca prescribió una receta, sí se reunía y escuchaba a personas que querían suicidarse, algunas de las cuales finalmente se ayudaron de la guía que el médico escribió. Por ahora, el Dr. Lings y su abogado están solicitando una apelación ante el Tribunal Supremo en Copenhague amparándose en la libertad de expresión[8].
Como lo comenté en otra columna [9], el presidente de la World Federation of Right to Die Societies, Sean Davison está acusado en Sudáfrica de asesinato premeditado en dos casos por haber ayudado en el suicidio de dos personas. Davison dice estar enfrentando la lucha más difícil de su vida (se puede dar apoyo financiero para la defensa de Sean Davison en https://dignitysouthafrica.org/fundingappeal). Pero no debería de ser así, porque lo que hizo fue responder solidaria y compasivamente a la imperiosa necesidad de morir de personas que estaban totalmente impedidas para quitarse la vida sin ayuda (una estaba tetrapléjica y la otra padecía esclerosis lateral amiotrófica). Ciertamente, ayudar a morir a alguien es por ahora un delito en Sudáfrica (como lo es España, en Dinamarca y en la mayoría de los países), pero casos como éste deberían servir para revisar las leyes, en lugar de afectar la vida de personas que, por ahora, los ciudadanos necesitan. En Holanda, la discusión que llevó a la despenalización de la eutanasia inició en 1973 cuando la doctora Gertrude Postma fue a juicio por haber administrado a su madre (quien padecía graves secuelas de un accidente cerebrovascular) una sobredosis de morfina. La doctora recibió una sentencia simbólica, porque las muestras de apoyo de la sociedad y las cartas anónimas de médicos diciendo que habían hecho lo mismo, indicaban que era el momento de reconsiderar si la eutanasia debía seguir siendo delito.
La buena noticia es que en New Jersey se acaba de aprobar el suicidio médicamente asistido al firmar el gobernador Phil Murphy la Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act, casi siete años después de que se introdujera por primera vez la iniciativa. Con New Jersey, son nueve las jurisdicciones que permiten esta ayuda en Estados Unidos[10]. Reconociendo la importante oposición de la Iglesia católica, el gobernador expresó haber llegado a la conclusión, después de una profunda reflexión, de que el hecho de que sus creencias religiosas lo llevaran a una determinada decisión, no podía ser razón para negar, como funcionario público, esta alternativa a quienes llegaran a una decisión diferente. “Estamos brindando a los pacientes con enfermedades terminales y sus familias la humanidad, la dignidad y el respeto que tanto merecen en los momentos más difíciles que cualquiera de nosotros enfrentará”[11]. ¡Queremos políticos así!
Vale la pena comentar que las creencias religiosas no han sido un impedimento para algunos católicos que han optado por la muerte médicamente asistida para poner fin al sufrimiento que causa una enfermedad. Fue el caso de Catherine Mitchell, una monja de 86 años que padecía cáncer terminal y murió en junio de 2018 en Alberta, Canadá, con la ayuda que desde hace cinco años es legal en ese país [12].
En México también hay personas que desean terminar con su vida para poner fin al sufrimiento o indignidad que les causa su enfermedad, sólo que no tenemos su testimonio público como en otros países. Algunas de ellas tienen el privilegio de conocer médicos que les pueden ayudar, pero muchos no tienen a quién acudir. Esto es terriblemente injusto, como lo es también que haya muchas personas que no tengan un acceso adecuado a los servicios de salud, una razón que a veces se da para argumentar que en México aún no debe permitirse la eutanasia. Pero se trata de dos problemas diferentes y ambos requieren solución. No creo que no debamos exigir poder contar con ayuda para morir hasta que se resuelva el problema de la inequidad.
Dejando a un lado los argumentos religiosos en contra de la eutanasia (que en realidad no son argumentos porque no pueden discutirse, pues responden a dogmas), el argumento más importante de quienes se oponen a permitir la muerte médicamente asistida es que los cuidados paliativos la hacen innecesaria. Ciertamente, estos cuidados pueden aliviar el dolor y otros síntomas que llevan a las personas a preferir morir, razón por la cual deben seguirse extendiendo para que todas las personas tengan acceso a ellos. Sin embargo, además de su limitado acceso actual, los cuidados paliativos también tienen límites para aliviar el sufrimiento o el sentimiento de indignidad con que viven algunas personas. A María José le ofrecieron sedación, pero ella dijo que quería morir, no que la durmieran. Tampoco los cuidados paliativos pudieron aliviar el sufrimiento físico y mental que padecía el español José María Herreruela, quien también padecía esclerosis múltiple y puso fin a su vida a los 53 años. Lo tuvo que hacer “a escondidas”, después de despedirse de su esposa y sus hijos que lo dejaron solo en su casa[13].
Que la muerte médicamente asistida sea una opción legal al final de la vida, significa que, si la atención médica y paliativa llega a su límite de ayuda, se tenga la posibilidad de elegir (si esto va de acuerdo a los propios valores) no vivir más y morir sin dolor en compañía de quien se quiera y sin poner en riesgo penal a nadie. ¿Acaso no merecemos contar con esta opción en México?
Notas:
Que buen análisis de la situación de maría José y su esposo, con la muerte asistida , cada persona puede escoger la opción de muerte digna, de acuerdo a sus valores personales y solicitarla abiertamente a sus med
icos tratantes; las familias no deben tener que actuar a escondidas, corriendo riesgos legales.
Gracias por tus comentarios Carmenza. Un abrazo