Una parte medular del mensaje político del presidente el 1º de septiembre en el Zócalo, fueron sus referencias a la corrupción, a los ahorros y a la austeridad, con insistencia en que los principios y valores éticos deben estar por encima del dinero.
Si bien es cierto que no sólo de pan vive el hombre, también lo es, permítaseme la metáfora, que la economía necesita, para crecer, de inversiones productivas, además del aspecto crucial de su orientación a fines sociales y políticos.
La gran incógnita que pesa en el ambiente al cumplirse nueve meses del actual gobierno, es si la prevalencia de los objetivos políticos está generando excesivas tensiones en la racionalidad de la economía.
Con frecuencia, el presidente López Obrador interrelaciona corrupción, ahorros y austeridad; la realidad impone la necesidad de agregar a esas interrelaciones, la de hacer crecer la economía y la hacienda pública.
La visibilidad de los beneficios del combate a la corrupción tarda en llegar; los ahorros de dinero público son menores a lo esperado y, sobre todo, todavía no alcanza a entusiasmar al empresariado; que vea en ese cambio, la posibilidad de competir en un piso parejo, sin que otros tengan privilegios que puedan comprar.
La austeridad en el gasto público, sumada a la retracción de inversiones privadas en espera de definiciones políticas del gobierno, tiene todo que ver con el crecimiento de la economía que, a juzgar por la fuerte caída de la recaudación fiscal en julio, podría ser menor a cero, negativo.
Como escribe Enrique Quintana en su columna del martes, la explicación más probable es que el desempeño de la economía durante el tercer trimestre sea peor que en el segundo, cuando el crecimiento fue cero.
Si ésa es, como todo indica, la situación, el peligro es que se refuerce la interrelación entre la austeridad pública y privada en inversiones, con el bajo crecimiento económico y menores ingresos fiscales.
En la lógica política –que al presidente le importa más que la lógica económica– el combate a la corrupción le gana adeptos, mientras que la austeridad a ultranza, por el contrario, explica el rechazo que le tiene gran parte de las clases medias.
Y es que la austeridad afecta la eficacia de sectores tan delicados como la salud, la educación superior, la investigación y muchos otros en los que trabajan o solicitan servicios las clases medias, además del desarrollo de infraestructura.
Una cosa es el cuidado y moderación en el uso de los recursos públicos por parte del gobierno, y otra, el subejercicio de más de 190 mil millones de pesos. El presidente, para que no lo identifiquen con el populismo derrochador y descuidado con los equilibrios macroeconómicos, a cada rato repite que su gobierno no generará déficits, ni mayor endeudamiento público, ni aumentará o creará nuevos impuestos durante el primer trienio, y que mantendrá sus prioridades sociales y proyectos de infraestructura.
No se puede tener todo en la vida. O se reforma el régimen fiscal para fortalecer la hacienda pública, que es lo que le recomiendan al gobierno de López Obrador la OCDE, el FMI y la CEPAL, o se persiste en la austeridad en inversiones y gasto público, lo que equivale a renunciar al instrumento del Estado más importante para sustentar materialmente su capacidad de gobierno y de alentar la economía privada.
