Del interés privado al interés general
Recientemente, el término gobernanza (governance) ha sido usado en diversos ámbitos de la vida económica, social y política en buen número de países, especialmente de habla hispana, siendo un concepto relativamente desconocido en países como México.
En tanto la gobernabilidad (governability) está referida al ámbito político, la gobernanza se refiere al modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna la “rex publica” (cosa pública). Así, la gobernabilidad está referida a los arreglos políticos y de sus actores para mantener la estabilidad del estado y de sus instituciones y la gobernanza puede ser conceptualizada como el modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna adecuadamente, de acuerdo a diversos intereses y fuerzas sociales e institucionales.
El origen de la expresión governance, aunque de raíces latinas, es inglés, remontándose al siglo XVI. Desde mediados de los 80 del siglo pasado, adquirió importancia en el Reino Unido por la preocupación pública sobre la manera y forma en que son gobernadas las corporaciones (corporate governance). El impacto internacional seminal del reporte en la materia, dirigido por Adrian Cadbury, generó un nuevo campo de análisis sobre el gobierno de las empresas, según su board (consejo), Chairman (presidente) y el Chief Executive Officer (director o gerente general), y su relación con el sistema de financiamiento, sistema legal, rol de los sindicatos, entre otros varios aspectos.
El corporate governance –llamado en México “gobierno corporativo (sic)”– adquirió relevancia mundial a principios del milenio, por los escándalos financieros de Enron, WorldCom, sólo por señalar dos empresas financieramente problematizadas de gran tamaño, entonces, de Estados Unidos. Lo que comenzó siendo netamente un asunto interno y esencialmente privado de las corporaciones (corporate governance), en el que se identificaron dos intereses contrapuestos, el de los gerentes (agent) y los dueños (principal), evolucionó involucrando a los stakeholders (otros interesados), para terminar en una cuestión de interés público y cómo éste debe ser tutelado por el estado.
En este devenir, el concepto de gobernanza ha sido promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, a partir de definiciones prescriptivas o de orientación de la acción gubernamental y de las políticas públicas en consideración a los intereses generales y no sólo a los intereses privados. El Banco Mundial define la gobernanza como el ejercicio de la autoridad política en el uso de los recursos institucionales para manejar o administrar los problemas y asuntos de la sociedad. En tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece la gobernanza como la manera en que el poder es ejercido en la administración de los recursos sociales y económicos para el desarrollo. La gobernanza es definida por la Comisión de la Unión Europea (UE) como un conjunto de normas, procedimientos y prácticas relativos a la manera en que la UE utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos, para la formulación y aplicación de políticas públicas más eficientes y coherentes, que permitan establecer vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones europeas y hacer más eficaces las políticas, para acercar las instituciones a los ciudadanos.
De acuerdo a lo anterior, la gobernanza es indiscutible que involucra de manera directa la acción del gobierno, tanto en materia de sus políticas, como de la propia administración pública. De igual forma, que comprende los intereses de la sociedad y concierne a la democracia, aspectos que cada día son más reclamados por los ciudadanos, frente a la indignación social que avasalla a buen número de países, entre ellos a México.
En virtud que los intereses privados y generales están involucrados intrínseca y explícitamente con diversa intensidad según de las actividades económicas y sociales de que se trate, la gobernanza puede tener una profundidad diferente en cada caso específico. En el mismo sentido, que es altamente posible que las decisiones políticas puedan establecer un sistema de gobernanza que no corresponda razonablemente a los intereses generales en juego y a garantizar la gobernabilidad.
Así, un gobierno puede desregular ampliamente actividades con alto riesgo para el interés general, como serían los bancos. En contraste, es posible que al mismo tiempo mantenga una regulación que garantice una estructura de mercado relativamente oligopolizada, como serían los servicios de televisión o comunicación telefónica. El dilema de si se gobierna de acuerdo al interés general o si se considera de mayor relevancia el interés privado, de grupo, gremial, o de poderes facticos es un asunto de la gobernanza, pero también de la participación de la sociedad.
Para elucidar qué, cómo y para quién opera un determinado sistema de gobernanza es necesario contar transparente y oportunamente con la información que permita conocer a la ciudadanía en bien de quién se gobierna, o dicho de otra manera a favor de quién no se gobierna. Sólo con la información adecuada la sociedad puede exigir la rendición de cuentas (accountability) y hacer que el sistema de gobernanza provea lo que prescriptivamente se esperaría.
No hay necesariamente una gobernanza buena o mala, sino una gobernanza que cumple o no con los objetivos y fines que constitutiva y enunciativamente le dan origen y vida. Es posible que perversamente se ofrezca la persecución de un fin y se busque realmente otro, o se prometa un resultado y se logre otro totalmente opuesto. En cualquier caso, una gobernanza sostenible debe ser coherente, eficiente e incluyente. La coherencia sería relativa a la correspondencia entre medios y fines. La eficiencia manifestaría la relación de recursos y resultados. La inclusión sería una condición no sólo en términos de la participación ciudadana, sino también de garantía de que ésta se identifique y participe en el ejercicio del poder gubernamental para atender a los diferentes intereses de manera consistente, es decir en tiempo y en intensidad.
Hoy, pareciera que el gobierno (agent) se resiste a servir y atender el bien de la ciudadanía (principal), bajo el pretexto velado de que el bien privado debe ser privilegiado. La sociedad casi globalmente reclama un nuevo pacto social, un new deal, para que el estado retome el tutelaje de los intereses de la sociedad, así como de la garantía fiduciaria que para sus bienes y posesiones debe brindar.
En México al menos sucede lo que bien decía el viejo maestro de economía de Cambridge: “[ ] los principios del laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) han tenido otros aliados, además de los manuales de economía”.
