Públicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo descentralizado, con capacidad jurídica y patrimonio propios, se ha reputado, desde hace un buen tiempo, ser una empresa de clase mundial.
Probablemente algún organismo calificador, hoy tan en boga, le otorgó tal distinción. Sin embargo, a la par que ha festinado tal calificativo, aún en su imagen corporativa, están presentes ciertos hechos que abollan tal donaire, tanto de los consumidores de energía, de su operación en sí, como porque sus resultados financieros parecen ser nada halagüeños. Esto, independientemente de los casos de corrupción que han cubierto la prensa nacional e internacional.
Al respecto, el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas (16 de noviembre, Canal del Congreso), sin precisar cuántas de ellas están relacionadas con los reclamos de facturación equivocada. La situación ha obligado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a que la CFE cree grupos especiales de atención sobre los errores de facturación en los que incurre la empresa, según ha señalado el propio director de la paraestatal.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México tenía arriba del 15% de desperdicio de electricidad por transmisión y distribución; encontrándose 5 puntos arriba de Chile y casi 10 por encima de EU. España, Francia y el Reino Unido estaban muy por debajo del nuestro país en el desperdicio de energía, según una muestra de 2009 del Banco Mundial. En tanto el desperdicio de México rondaba 17%, el de EU era del orden de 3%. No creemos, a la fecha, que se haya cambiado sustancialmente tal situación, quedando la duda si en tal nivel de desperdicio se compute el robo de energía.
En el informe presidencial se indica que las “acciones trascendentes (han sido) orientadas a mejorar la competitividad del servicio eléctrico”, presentándose inmediatamente la información del aumento de costos unitarios por el concepto de energía Termoeléctrica de 8.7%, en el primer semestre de 2011, muy por arriba de la inflación, y de 94% de incremento del costo de la energía eoeléctrica.
En este contexto, según la Cuenta Pública 2009, la Comisión Reguladora de Energía otorgó de manera desordenada 768 permisos de generación e importación de electricidad. Alrededor del 50% de la capacidad de los permisos otorgados para la generación de energía eléctrica ha sido para productores independientes, situación creciente y en beneficio mayormente de empresas españolas.
La creciente concurrencia de los productores independientes hizo que, de acuerdo al balance del Sistema Eléctrico Nacional, entre 1998 y 2008 la generación del servicio por particulares creció casi 30% promedio anual, en tanto el servicio público nacional creció sólo al 3.3%. Así, el pago hecho a productores por la compra de electricidad pasó de 6 mil 428 millones en 2002 a 70 mil 600 millones ya para 2008, que representó en ese año 30.2% del gasto corriente de la paraestatal. De esta manera, la participación de inversión privada en actividades sustantivas de la industria eléctrica nacional ha obligado a la CFE a establecer compromisos con los productores independientes de energía (PIE) por 14 mil 944 millones de dólares.
En contraste, los márgenes de reserva y de reserva operativo a partir de 2006 se han mantenido relativamente altos. En el primer caso por arriba del 45%, lo que significa que hay una capacidad ociosa frente a la creciente compra de energía eléctrica. Si dejáramos operar realmente el mercado significaría que a mayor oferta deberían resultar menores precios, obviamente en beneficio de los consumidores, especialmente domésticos y de la pequeña y mediana empresa. Pero es posible pensar que el mercado de energía eléctrica es, ahora, un mercado administrado por un quasi monopolio público en beneficio de su burocracia y de generadores privados.
Otra fuente de financiamiento de la CFE, además de sus ingresos propios, ha sido el sistema de Pidiregas (originalmente denominados Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto), que fue un sistema para ocultar deuda y fondear proyectos supuestamente por parte del sector privado. La CFE sigue utilizando este sistema de financiamiento y registro contable, aún cuando ya no se debe seguir difiriendo el registro presupuestal de la deuda y de que el financiamiento al sector privado en toda lógica financiera es más caro que el financiamiento al sector público.
La importancia de los Pidiregas ha llegado al extremo de que constituyen 40% de la deuda total de la CFE. Por ello, la inversión presupuestaria que realiza la Comisión se ve afectada por la llamada amortización de los Pidiregas, que según la estadística oficial es de 14,000 millones de pesos en 2011, cifra que es contradictoria con los 5,000 mdp señalados en el texto del informe presidencial. Los Pidiregas hacen, sorprendentemente, que la inversión fuera de presupuesto sea alrededor del 60% de la llamada inversión impulsada por la CFE.
Literalmente la paraestatal consigna en sus estados financieros auditados que: “Al 31 de diciembre del 2010, los compromisos mínimos de pago por Pidiregas son:” 89,659 mdp. No creemos que este aserto signifique el no saber cuánto se debe, aunque si sorprende que sea una afirmación llena de ambigüedad, que refleja el verdadero estilo gerencial de la empresa y que pone en duda a su gobierno corporativo.
Por otra parte, como reflejo incontrovertible de la situación financiera real de la CFE, desde 2008 el patrimonio de la Comisión ha estado disminuyendo, en tanto el pasivo ha estado aumentando. Esto ha terminado afectando adversamente la relación patrimonio a pasivo. De esta manera, en una misma trayectoria declinante, en 2008 el patrimonio de la CFE era de 416,000 millones y para 2010 era únicamente de 352,000 millones, una pérdida patrimonial de más de 60,000 millones, en tres años. Por lo que la erosión de su patrimonio fue de 20,000 millones promedio anual.
A mayor reiteración, la relación pasivo-patrimonio, que no es más que obligaciones o deudas sobre la propiedad real de la CFE, se demeritó pasando de 0.846 a 1.28, generando crecientes cargas financieras para la Comisión. De esta manera, los resultados del organismo en los años recientes han significado cuantiosas pérdidas: 17,646 millones en 2008; 39,818 millones en 2009 y 37,125 millones en 2010. Estos últimos indicadores no mienten sobre el estado financiero declinante de la empresa, pero no se trata de festinar fracasos, ni mucho menos se deben avivar supuestos éxitos.
Mexico debería tener una visión integral en materia de energía, como el siglo XXI lo demanda y se hace en otros países, pero se sigue teniendo un enfoque parcial y aislado de las dos empresas públicas en la materia. La CFE compra insumos para producir energía y Pemex los desperdicia, como es el caso del combustóleo o de la quema de gas a cielo abierto; ¡qué desperdicio del patrimonio de todos los mexicanos!
Estas empresas deberían operar y ser controladas con el protocolo y reglas de gobernanza de empresas públicas, tal como los organismos internacionales lo sugieren, en lugar de pensar en privatizarlas o socavar su patrimonio.
Mantener una alta capacidad ociosa, hacer compras crecientes a precios mayores, endeudar más a la CFE y ver como se contrae su patrimonio significa una actuación y un resultado que no parecen ser los de una empresa de clase mundial; aunque después de Enron todo se puede esperar de una empresa pública de energía con una frágil gobernanza.
