La Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha estado en la palestra nacional de manera aguda en los últimos años, por asumir los servicios que prestaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), los señalamientos internacionales y nacionales sobre la corrupción en los que se han visto involucrados sus funcionarios, y por el aumento, en muchos casos desmedidos, de las tarifas de consumo eléctrico. En este último caso, ha generado afectaciones severas a los consumidores finales del servicio eléctrico del país.
Por todo ello, la CFE ha sido cuestionada en su pertinencia operativa y la calidad del servicio que presta. Esto último en un ambiente oficial en el que se le festina como una “Empresa de Clase Mundial”.
El pasado 16 de noviembre, la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores citó a Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la CFE, a una reunión ordinaria para abordar, además de explicar las causas y consecuencias del apagón ocurrido el pasado 6 de septiembre en Baja California, “La revisión de las causas de los cobros excesivos que se han ido realizando a los consumidores de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, particularmente en la zona centro, después de la extinción de la empresa Luz y Fuerza, por el Decreto Presidencial, del pasado 11 de octubre del 2009.”
En este contexto, el director de la CFE reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas, sin poder precisar cuántas fueron sobre reclamos de los consumidores por habérseles elevado el monto de la facturación bimestral. Al respecto, un senador indicó, según versión estenográfica, que “de acuerdo a las estadísticas de la Comisión, de cada mil personas se inconforman 4.51 de ellas, lo cual se traduce que en un año se quejan más de 4560 mil personas […]”.
Por esta razón, el volumen de reclamos sobre facturación ha hecho que la CFE cree grupos especiales de atención a los consumidores, de acuerdo a lo señalado por el propio director general. A pesar de ello, el problema de inconformidad de los consumidores parece no menguar, especialmente en la zona central del país, que anteriormente era atendida por LyFC.
La solución inicial al problema es el cobro mensual
del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido (…) Algo simple y sencillo
que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.
Por otro lado, leer un recibo de luz es casi un esfuerzo intelectual de ciencia de cohetes, a pesar de que ya han sido simplificados, por lo que se ha comprometido Vivanco Casamadrid a tratar de hacer el recibo mucho más “amistoso” (friendly) y claro, según indicó ante los miembros de la Comisión de Energía del Senado.
Entre otros problemas sobre la información y transparencia de los recibos de luz, uno de los que resulta más importante es que la CFE cobra bimestralmente a los usuarios de acuerdo al promedio de consumo de los últimos meses. Esta práctica de cobro hace que la factura no corresponda necesariamente al consumo real que se efectúa. En todo caso, asumiendo una acertada medición del consumo, lo que hace la CFE es penalizar muy a posteriori el mayor consumo de energía en el que se hubiese incurrido.
Otro problema, en el mismo sentido, es la determinación de los niveles de consumo asociados a las tarifas de cobro establecidas, que pueden ser arbitrarias, según el consumidor.
Hasta donde se entiende, hay cuotas mensuales de cobro que van de la “A” a la “F”, que varían según sea verano o invierno y que a su vez tienen tres niveles: básico, intermedio y excedente. Ello, independientemente de que hay tarifas específicas, dentro de las que la CFE identifica las domésticas y las domésticas de alto consumo.
Ante tan variada gama de alternativas de posible cobro, todo indica que sustentar un reclamo sobre el mismo por el consumidor doméstico es casi una misión imposible. Este tipo de consumidor constituye 30 millones de clientes, que representan el 88% de los usuarios, y que facturan el 21% del total de ingresos de la CFE. Por ello, en los últimos dos años se ha agudizado el reclamo de la ciudadanía sobre las altas tarifas que les impone la paraestatal.
Tal situación ha llegado a un descontento social permanentemente difundido, inclusive, en medios de comunicación. Para miles de hogares la factura de energía eléctrica, identificada como “recibo de la luz” en México, ha llegado a pasar de cientos a miles de pesos, particularmente en la zona metropolitana.
La solución inicial al problema es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido. Esto ajustado a niveles escalonados de consumo, con lo que el precio o tarifa del consumo unitario sería mayor conforme se consuma más energía eléctrica. Algo simple y sencillo que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.
Otro tema de queja es el cálculo arbitrario del nivel de consumo por descomposturas de medidores o de tardía instalación de los mismos, cuya consecuencia son los cortes del servicio eléctrico, sobre todo en días “sensibles”, como los de antes de vacaciones o festividades, que más pareciera orientarse hacia un “castigo ejemplar” para el consumidor, finalmente indefenso, que a una simple relación comercial convencional.
A esta situación de afectación del servicio directo al consumidor final, se agrega la disrupción que la CFE genera de otros servicios colaterales, como son el alumbrado público; el servicio de agua potable, proporcionado por empresas municipales o estatales; los servicios de carácter público suministrados por entidades privadas, como el servicio médico, entre otros más. Este tipo de disrupción también ha generado tensión entre la CFE y sus clientes no domésticos, particularmente por el cobro excesivo de sus servicios.
En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.
En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.
Frente a la capacidad ociosa de generación, es decir de mayor oferta que demanda, cualquiera se pregunta por qué no se deja operar relativamente al mercado, para que, en bien del consumidor las tarifas y costo unitario de energía eléctrica, los productores sean beneficiados.
En contraste, ante el cuestionamiento de la eficiencia operativa de la CFE y su compra de energía, su director general pondera la pretensión cada vez más modernizada de cobro del servicio. Ojalá que con esa misma prestancia de factible innovación fuese la calidad de los servicios que brinda la paraestatal, especialmente en bien del consumidor. Ojalá también así cuidara la CFE su patrimonio, que tanto es menguado por el apetito de sus funcionarios.
El hecho de “cortar la luz” a un ciudadano es un acto vandálico. Y el consumidor en ese ámbito monopolístico se exhibe en brutal indefensión. Y sin el “fluido eléctrico”, ni aparatos médicos en función ni la existencia de infantes o familia de tercera edad, le tocan el corazón a la CFE. ¡Supuestamente se iba a terminar con esta brutal práctica!
Ante tantas posibilidades para sustentar un reclamo ciudadano de cobro y ser realmente eficientes y justos con el consumidor, la solución es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente incurrido. Y si por razones económicas no le es factible cubrir la factura, acercarse a que tome las medidas prudentes que le permitan existir. La luz no es como el servicio telefónico, incluso ni como el agua. Simplemente hoy, sin ella, en la urbe, es imposible habitar. ¿Qué está haciendo el Congreso para enfrentar este tema de tan magna trascendencia?
