Los crímenes cometidos el día 10 del presente mes en Torreón, Coahuila, por un niño de once años, quien asesinó a dos maestros –una de ellas María Assaf– e hirió a cuatro alumnos del prestigiado Colegio Cervantes, y enseguida se suicidó, ha generado una abrumadora polémica en todo México, no tanto por los hechos en sí, sino por el modus operandi de cómo se llevó a cabo. El antecedente más próximo a este acontecimiento se dio en Nuevo León, en febrero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste del municipio de alta plusvalía, San Pedro Garza García, en el cual un alumno operó de la misma manera, provocando similares reacciones y medidas a las que hoy se anuncian, tanto en aquel estado norteño como en la Ciudad de México.
La pregunta obligada ante estos hechos es por qué esta suerte de crímenes llama poderosamente la atención mediática y social en un país como México, en el cual ya estamos acostumbrados a ejecuciones masivas casi cotidianamente, a partir de la guerra declarada por el expresidente Felipe Calderón en el 2006, violando la propia Constitución al sacar el Ejército a la calle para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, que alcanzó su punto culminante con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos”, el 26 de septiembre de 2017 en Ayotzinapa, Guerrero, bajo el gobierno del también hoy expresidente Enrique Peña Nieto.
Hay muchas respuestas ahora, tanto declarativas, propositivas como proactivas. Muchas se irán por los desagües del olvido, otras serán solamente medidas temporales, como los protocolos accionados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia educativa; y las menos, impuestas a cabalidad, pero la sombra de esta tragedia prevalecerá como caso inusitado en nuestro país, tal vez, irradiado por los continuos tiroteos estadounidenses donde adoptan con mayor frecuencia estas formas de criminalidad. La conmoción social, causada por estos hechos se internacionalizó, y la misma ONU se pronunció por combatir la cultura de la violencia y regular el acceso a las armas, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al fortalecimiento de los principios morales en el seno familiar, inspirado posiblemente, en la Cartilla Moral del eminente y prolífico escritor mexicano Alfonso Reyes, quien señala que aquellos son los derivados de la religión que se profesa.
La realidad, en mi opinión, es que la formación educativa de los niños no es ajena a muchos factores que se inician en el hogar, en la escuela y en el ambiente social. Hogares disfuncionales, precaria situación de valores morales en la propia familia, desórdenes mentales, influencia de la violencia que inundan los medios de comunicación, lamentable alimentación por condiciones de pobreza material, amistades nocivas, abusos de mayores, maestros discriminadores y ausencia de ejemplos de conductas éticas de quienes los rodean. Todo ello implica la necesidad de un estudio sociológico profundo, que retroalimente la política educativa, hacia el interior de los hogares y se haga una revisión de los nuevos factores de la tecnología que influye en la creación de la conciencia infantil, entre otros componentes en torno a este tema de graves perfiles.
A lo anterior habría que agregar la necesidad de revisar la legislación actual de los medios de comunicación y principalmente las redes sociales y videojuegos, en la que existen vacíos impresionantes pues, para nuestra sorpresa, aún está vigente la Ley de Imprenta promulgada en 1917 en el gobierno de Venustiano Carranza, que ya no tiene aplicación alguna por no ajustarse a las condiciones actuales. Ninguna legislatura, desde entonces, por temor fundado o infundado, se ha atrevido a tocar este punto debido al gran poder adquirido, al paso de los años, por la influencia en la opinión pública de las grandes empresas mediáticas nacionales e internacionales, cuyos contenidos son en múltiples casos de violencia extrema.
