A partir de la crisis financiera y económica iniciada a fines de 2008 por las hipotecas chatarra en Estados Unidos (subprime), que pronto se esparció a nivel internacional, surgieron demandas ciudadanas para paliar sus efectos sociales adversos sobre una gran mayoría de la población. Tales demandas, inicialmente orientadas a proteger el derecho de los ciudadanos a la vivienda frente a las instituciones financieras, rápidamente migraron a temas relativos a la igualdad, la justicia y, finalmente, al controvertible desempeño de las instituciones políticas y jurídicas.
De la necesidad de la protección inicial de los derechos sociales, los reclamos se decantaron a gran velocidad hacia las acciones políticas destinadas a proteger a los ciudadanos. Así surgieron emblemáticamente movimientos ciudadanos como “occupy” en Estados Unidos, “Podemos” en España y otros más con claros matices militantes, como Syriza en Grecia. Los movimientos terminaron en varios casos desafiando al poder político instituido, como única vía para lograr que el Estado asumiera sus obligaciones constitutivas con los ciudadanos.
Hoy tal reclamo de la ciudadanía al Estado y al gobierno se ha hecho evidente en los países en desarrollo, especialmente en América Latina, como resultado de una ancestral violencia, corrupción e impunidad, sin dejar de lado las demandas de oportunidades de empleo e ingreso en la región. Por lo que es claro que los ciudadanos en estos países hubieron emprendido abiertamente una lucha contra la actuación de sus gobiernos antes que los desatados por la crisis internacional en los países desarrollados.
En una perspectiva histórica inmediata, los ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Europa, irrumpieron activamente en la vida pública para reclamar derechos más allá de los elementales, para que el Estado cumpliera sus obligaciones sociales. En tanto en países como México las demandas ciudadanas han sido por la garantía de la vida, la seguridad e igualdad frente a la ley, la protección del patrimonio y el goce y usufructo del producto del trabajo. En esta perspectiva y dinámica es dable inscribir movimientos ciudadanos en otros lares por la búsqueda de la democracia representativa y la lucha por los derechos humanos básicos.
En tanto en los países pobres el ciudadano demanda al estado garantías elementales, como los derechos humanos de primer orden, en los países ricos se reclaman derechos humanos de orden superior, como la salud, la vivienda, el derecho a la recreación y el desarrollo. Así, hoy es posible decir que, en su devenir social y político, el mundo es recorrido por la “utopía ciudadana”, que exige el cumplimiento de obligaciones del “soberano” que fueron pactadas, explícita e implícita, para la constitución del Estado mismo, con la entrega inicial de los ciudadanos de parte de sus derechos individuales. Tales obligaciones se fueron ampliando con el desarrollo del estado moderno, a la par de la entrega de más derechos por parte de la ciudadanía y sus colectividades, relevantemente derechos familiares, comunitarios y económicos.
Mucha agua ha corrido desde la justificación original del Estado al servicio de los ciudadanos y del convenio de ambas partes, desde la desaparición de la figura “divina” del rey, el control de la justicia, el combate al carácter autoritario del poder, hasta la lucha por el pleno desarrollo de la sociedad y el ciudadano. Tiempo ha pasado desde Hobbes, con el Leviatán, cuando el hombre en su Estado natural colectivamente decide entregar parte de sus derechos para crear una instancia que le garantice la vida; pasando por Locke, con la coacción judicial del gobierno civil para garantizar derechos; a Rousseau en su Contrato Social, como realidad política de los ciudadanos; hasta llegar recientemente al Estado Moderno del bienestar, antes de que emergiera la lucha presente por una nueva utopía; la utopía ciudadana.
Con esta utopía, ante los hechos y el malestar social urbi et orbi, la sociedad occidental reclama hoy que el Estado establezca un nuevo pacto social para que vuelva a servir al ciudadano. La utopía parece simple, pero lleva al riesgo de que termine siendo enajenada por los partidos políticos para conducir a los ciudadanos hacia posiciones radicales ciegas y cómodas en el corto plazo, pero desastrosas y hasta sangrientas en el mediano y largo plazos.
Así fue en Europa en las primeras décadas del siglo pasado, así amenaza poder ser de nuevo en parte del viejo continente y aún en Estados Unidos. La utopía ciudadana convulsiona a las instituciones políticas y a las organizaciones democráticas que les dan sustento, después de haber privilegiado el interés particular frente al interés general de la sociedad.
Son los partidos políticos, constituidos o por constituirse, no alienados de los ciudadanos y dispuestos a servirles, quienes están llamados a ser los protagonistas del cambio social del siglo XXI. Cambio que toca las puertas del sistema capitalista actual, reclama la ciudadanización de instituciones políticas y gubernamentales, afecta a países pobres y ricos, en los ciudadanos están activamente presentes. Así como el hombre y el ciudadano crearon a sus instituciones políticas y sociales para su seguridad y bienestar, así les es dable cambiarlas si los hacen infelices y terminan sirviéndose de ellos.
Muy bien Toño. Quisiera pensar que transitar del crecimiento económico al bienestar de la sociedad en general, es decir, mayor producto nacional, pero mejor distribución de la renta nacional, deberá cambiar tambien el paradigma de la ‘utopía ciudadana’….Saludos..