El hecho de que Pemex y CFE sean organismos públicos no significa que sus pasivos laborales se encuentren registrados como deuda pública, aunque al final del día estén garantizados por el Gobierno. En efecto, en el registro oficial de la SHCP de la deuda pública no aparece el concepto de pasivos laborales de Pemex o CFE, ni de ningún otro organismo público o del mismo gobierno federal. Tales pasivos tampoco aparecen en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Incluirlos elevaría sustancialmente la relación de la deuda en relación al PIB.
En los últimos días ha sido debatida la conveniencia de reconocer como “deuda pública” los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, a fin de hacer a esas entidades financieramente viables y con capacidad competitiva frente a otras empresas de energía del mundo. El debate ha transitado desde lo meramente ideológico, hasta lo netamente técnico, sin estar ausente un galimatías o una estratagema contable por parte del gobierno federal, en el tratamiento de sus pasivos adicionales.
Aprobadas las reformas legislativas, sin duda, el tema pasará rápidamente al olvido, como ha acontecido en otras ocasiones en las que los afanes de transparencia de la deuda pública han salido a la luz nacional. Por lo que bien vale la pena abordarlo desde una perspectiva inteligible, aunque ello implique un gran reto de simplificación y comunicación.
Los pasivos laborales son normalmente una estimación actuarial del costo de las obligaciones que una entidad, llámese empresa, organización o gobierno, tiene que cumplir en el tiempo con su trabajador o empleado, convenidas a partir de un contrato. Como en esencia las obligaciones contractuales terminan o substancialmente se reducen cuando el trabajador o empleado fenece, se considera que los pasivos laborales son deudas contingentes, es decir que pueden o no acontecer.
Supóngase, a guisa de ejemplo, que se estima que un trabajador “N” se mantenga con vida 20 años después de jubilado, pero resulta que muere al año siguiente de su jubilación. De ser el caso, el costo del pasivo laboral del trabajador “N” se abate sustancialmente. Por ello, dada la incertidumbre del monto de los pasivos laborales, éstos se consideran contingentes sin darles en su estimación total el tratamiento normal de un gasto, que implica que conocido éste se registra contablemente.
Así, normalmente en el caso de la deuda pública los pasivos laborales no se registran porque podrían sobredimensionar las obligaciones gubernamentales reales. En todo caso, en el presupuesto gubernamental se considera el monto anual efectivo de gasto en el que se tendrá que incurrir para la atención de los pasivos laborales. Por lo que registrar los pasivos laborales como deuda pública puede distorsionar la visión económica y financiera de las obligaciones reales de un país, no así su expresión presupuestal anual que implica atender las obligaciones del personal, particularmente en retiro, jubilado o pensionado.
Japón tiene una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 200%; si imputara sus pasivos laborales en el registro de la deuda se incrementaría sustancialmente. Lo mismo acontece en otros países como Estados Unidos (USA), Alemania, sin faltar obviamente México. Este tratamiento de los pasivos laborales es aceptado y convenido por organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.
Ante tal situación conceptual y técnica internacional y nacional del tratamiento de los pasivos laborales llama la atención que en México se haya convenido con la reforma energética convertirlos en deuda pública. Llama aún más la atención que el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, políticos, en otros más, hayan dicho que los pasivos laborales de Pemex y CFE eran ya de por si deuda pública, cuando no había sido hasta ahora el caso.
El hecho de que Pemex y CFE sean organismos públicos no significa que sus pasivos laborales se encuentren registrados como deuda pública, aunque al final del día estén garantizados por el Gobierno. En efecto, en el registro oficial de la SHCP de la deuda pública no aparece el concepto de pasivos laborales de Pemex o CFE, ni de ningún otro organismo público o del mismo gobierno federal. Tales pasivos tampoco aparecen en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Incluirlos elevaría sustancialmente la relación de la deuda en relación al PIB.
Ambos registros presentan las obligaciones públicas federales relativamente de manera distorsionada, dado que sus montos totales no coinciden. La deuda pública oficialmente registrada por la SHCP omite el registro de los pasivos del rescate bancario (IPAB), de los proyectos de inversión de Pemex y CFE cuyo registro como deuda ha sido diferido (Pidiregas), las obligaciones del rescate carretero de 1995-1998 (FARAC) y nuevas inversiones en infraestructura (FONADIN), entre otras obligaciones que si están contempladas en el SHRFSP, como la misma Secretaría consigna en el cuadro siguiente.
Por lo que es posible afirmar que la deuda pública además de no contemplar los pasivos laborales de Pemex y CFE esta subvaluada, al no considerar otros pasivos adicionales que imponen al gobierno federal un costo presupuestal anual. Ello ha sido indudable con el pago anual de intereses del rescate bancario, del que no ha sido amortizado un sólo peso de capital.
Así, en tanto a junio de 2014 la “deuda pública neta” oficialmente manifestada por la SHCP alcanzó el orden de 5 billones de pesos (30% del PIB) y la “bruta” 5.3 billones (32% del PIB), el SHRFSP llegó a un monto alrededor de 6.8 billones de pesos (40% del PIB). Tales registros manifiestan un diferencial entre la deuda pública y los verdaderos pasivos del sector público federal de al menos 1.5 billones de pesos y de 8% del PIB. Esta práctica de registro y manejo de las obligaciones públicas no dejan de evidenciar una creatividad contable, pero también un mayor riesgo en la trasparencia de la deuda pública, relevantemente a la luz de la discusión pública de la absorción de los pasivos laborales de Pemex y CFE.
De acuerdo a lo anterior, la trasferencia total o parcial de los pasivos laborales de Pemex y CFE habrá de incrementar el monto del registro de la deuda pública o del SHRFSP, tanto en su expresión total en pesos, como en su obligación relativa con respecto al PIB. Dado el tratamiento contable dado a las obligaciones del IPAB, los PIDIREGAS y ahora el FONADIN, es altamente probable que los pasivos laborales que asuma el gobierno federal se vayan a registrar como parte del SHRFSP, para evitar su impacto en el registro de la deuda pública, tal como lo hace la SHCP.
Con ello, como sucedió en el pasado, aparentemente la deuda pública oficial no se incrementará, pero año con año los pasivos laborales de Pemex y CFE reconocidos por el gobierno federal habrán de abultar el presupuesto público, imponiendo más gasto, en una situación de creciente déficit presupuestal, como es ya evidente en 2014. Tal como ha sucedido con el IPAB, PIDIREGAS, FARAC, y que han constreñido por más de quince años el gasto público hacia otras prioridades.
Las obligaciones financieras, públicas o privadas siempre se pueden cocinar (cooking) con imaginación y creatividad para evitar la presentación de una adversa realidad, pero también siempre llegará el tiempo en que se tengan que reconocer. Para entonces se sabrá si lo que fuera una simple estratagema contable no resultó finalmente un alto riesgo financiero y económico que terminó llevando a una empresa o a un país a un galimatías.
El tiempo dará la oportunidad de saber el efecto financiero y presupuestal de convertir parcialmente los pasivos laborales de Pemex y CFE y si ciega y valientemente se le dio por algunos el beneficio de la duda a tal decisión política controvertida.
