En medio de la parte más angustiante de la pandemia, el Congreso anunció el paquete de reformas y nuevas leyes que darán cumplimiento a diversas disposiciones del T-MEC, cuya vigencia iniciará este próximo 1 de julio. En muchos de los conceptos reformados, se aprecia una simple progresión lineal para mejorar algunos desajustes que el tiempo ha provocado; en otros cambios, se muestra un ánimo reformador que no alcanza una explicación precisa.
El paquete se conforma por la Ley de Protección a la Innovación Industrial (que abroga a la Ley de la Propiedad Industrial, actualmente vigente), la Ley de Infraestructura de la Calidad que abroga la “Ley de Normas”; reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas muy relevantes a la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Varias observaciones deben formularse ante la inminente publicación de estos nuevos ordenamientos en nuestro escenario legal. La nota que emerge como sobresaliente, es la sana prontitud con la que el Congreso está habilitando periodos y recursos extraordinarios para cumplir con los estándares incluidos en el T-MEC. De paso, estamos dando cumplimiento a compromisos asumidos también en el otro tratado ya en vigor en nuestro país, que es el llamado TPP-11, y el que firmamos con la Unión Europea el año pasado y se encuentra en proceso de aprobación.
En un resumen apretado de los cambios trascendentales en materia de Propiedad Industrial, se debe destacar la adaptación de los trámites ante el IMPI a las herramientas digitales, evitar el abuso en el otorgamiento de patentes dobles para invenciones ya previamente protegidas, la ampliación del plazo de protección de los modelos de utilidad a 15 años, la posibilidad de presentación de solicitudes de marca que comprendan productos y servicios de diversas categorías, y la inclusión de un procedimiento conciliatorio que mucho ayudará a resolver conflictos por vía de la mediación.
Mención especial merecen la llamada prórroga de patentes, que es una figura particularmente polémica, por medio de la cual al titular de una patente –especialmente en el sector farmacéutico– se le debe reponer el tiempo perdido en el trámite, cuando las demoras se deban a la autoridad. Este apartado podría generar retrasos en tener versiones genéricas de algunas medicinas, lo que repercutirá en gastos adicionales en el sector salud. El otro tema trascendental en la nueva normativa es el cambio de paradigma en el reclamo de daños y perjuicios por violación a derechos de propiedad intelectual, que ya podrán seguirse directamente por vía civil, o solicitar al IMPI su dictaminación.
El segundo punto que llama la atención es el predominio de leyes de Propiedad Intelectual en el paquete de reformas. De las seis leyes alcanzadas, cuatro se dirigen a temas sensibles de estas materias, desde la modernización completa de la ley que regula patentes y marcas, hasta la de variedades vegetales. En el caso de derechos de autor el cambio no es voluminoso, pero toca dos temas altamente sensibles, como lo es la posibilidad de suspensión como medida preliminar de sitios web sospechosos de violar derechos de autor y la inclusión, como delito, de la práctica de grabar películas en salas de cine. Esta tendencia enfatiza lo que ha sido una constante en las exigencias de Estados Unidos en las negociaciones, para que se respeten sus derechos de Propiedad Intelectual en los mercados físicos y los digitales.
Las otras dos leyes en proceso de promulgación obedecen a temas técnicos. La llamada Ley de Infraestructura de la Calidad, no exenta de polémica en su texto, vendría a sustituir a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que claramente debe adaptarse al nuevo contexto operativo del tratado.
La conclusión más importante que podemos desprender de esta noticia es que, a pesar de los abiertos desencuentros entre el sector empresarial y el gobierno federal, sigue imperando un ambiente que reconoce la necesidad que tenemos de mantener el modelo de apertura comercial que desde hace 30 años definimos como eje del crecimiento económico del país. Por otro lado, el mensaje evidente es que en lo político nuestro país sigue claramente alineado con las altas esferas del poder en Washington y que, mientras sigamos en esa ruta, podemos rescatar ideas y programas que dependen de esos ejes.
Habrá que empezarse a preguntar, entonces, si las afectaciones a intereses comerciales de inversión extranjera que hemos visto suceder en el pasado, no obedece al color de sus banderas.
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