Me ofende y molesta el protagonismo de los diputados de la República quienes, después del horrendo crimen de la niña Fátima y aprovechando vilmente la ocasión, se nos quieren presentar como adalides del derecho y de la justicia con una estúpida propuesta para aumentar las sanciones al delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
Esto me parece una burla, porque cada entidad de la República tiene sus propios códigos penales y me parece que en todos los Estados se ha legislado ya sobre el tema del feminicidio.
Siendo así, la aplicación en los hechos, del Código Penal Federal en casos de feminicidio es francamente limitada. Trataré de explicar.
A lo largo de la conformación de nuestro país, surgieron primero diversos “territorios federales”, que más o menos son los que luego se convirtieron en Estados de la República. Los últimos tres territorios federales que en épocas recientes quedaban, eran el de Baja California y el de Quintana Roo, que en 1974 pasaron a ser dos entidades más del país.
El último territorio federal, lo era la capital de la República, es decir, el Distrito Federal, que en 2016 pasó a integrarse como una entidad más (la número 32) mediante el decreto del expresidente Peña Nieto, entidad que ahora se llama Ciudad de México.
En este orden de ideas, tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos territorios federales nos quedan en el país, en donde sea aplicable el Código Penal Federal?
Pues bien, todas las islas mexicanas al no ser entidades federativas, se consideran territorios federales. De acuerdo con el INEGI, México tiene poco más de 3,000 islas de las cuales sólo 81 están habitadas por apenas casi 295,000 personas, esto en un país con más de 130 millones de habitantes.
De igual forma, se consideran territorios federales las embajadas mexicanas en el extranjero, por lo que de darse un feminicidio en una embajada, sería de aplicación el mencionado Código Penal Federal. Otra posible hipótesis es que se cometiera un feminicidio en instalaciones federales, IMSS, ISSSTE, PEMEX, etcétera.
En el resto de los casos, al existir una legislación penal en cada una de las entidades de la República, de cometerse el homicidio de una mujer, tendríamos que ver si dicha entidad de la República reconoce o no el delito de feminicidio.
En concreto, nuestros legisladores nos están dando atole con el dedo, pues saben –o deberían saber– que al aumentar la pena en el Código Penal Federal, el impacto es mínimo, pero como dije, aprovechándose de la ocasión, se quieren presentar ante nuestros ojos como adalides de la justicia. Nada más falso e hipócrita.
Nuestros hipócritas diputados con 415 votos a favor y 1 en contra, aumentaron la pena de 60 a 65 años de prisión para quien cometa un feminicidio, pero solamente en el ámbito federal. Digo y sostengo que son hipócritas, pues ellos saben que dicha modificación legislativa no tendría impacto en las diferentes entidades federativas, incluso no cambiaría nada en la misma Ciudad de México, escenario de los últimos y horrendos crímenes feminicidas como el de Abril Pérez, Ingrid Escamilla, Yaneth Rubí, Angélica Brisel, Annick Torres, o el más reciente, la pequeña Fátima.
Son hipócritas nuestros legisladores porque saben –o deberían saber– que, de acuerdo con los más recientes datos del INEGI, en 2018 hubo al menos 3,752 muertes de mujeres por homicidio, lo que dividido entre los días del año nos da un promedio escalofriante de 10.3 mujeres muertas por día. Ciertamente que este dato no refleja feminicidios, pues el INEGI al menos para 2018 sólo habla de homicidios cometidos en contra de mujeres.
Repito, poco más de 10 mujeres al día fueron asesinadas en 2018. La historia de asesinatos de mujeres no es nueva en nuestro país y creo que nuestros hipócritas legisladores lo saben –o deberían saberlo–. Así, si bien siempre han existido homicidios en contra de mujeres, nuestra historia reciente nos ofrece datos escalofriantes. Recordemos las muertas de Juárez (1993) quienes son quizá el precedente más importante para el surgimiento del delito de feminicidio. Recordemos también que fue en 2009 cuando por primera vez se responsabiliza internacionalmente al Estado mexicano en términos de feminicidio.
Efectivamente en 2009, la Corte Interamericana condena al Estado Mexicano “por la falta de diligencia” en torno a las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de tres mujeres: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, en lo que se conoció como el caso del Campo Algodonero.
De ahí a la fecha lo único que ha sucedido es el incremento constante de la violencia en México, y muy específicamente de la violencia en contra de las mujeres. Concluyo diciendo que, aun e imponiendo la pena de muerte, mientras los niveles de impunidad sigan como hasta ahora, con casi un 98% de delitos no sancionados, nuestros hipócritas legisladores saben –o deberían saber– que nada va a cambiar. Mientras a nuestro presidente le importe más su fraudulenta rifa del avión que la muerte de nuestras mujeres, el problema seguirá incrementándose.
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