El desencuentro jurídico, de amplia resonancia política, entre AMLO y el Poder Judicial de la Federación, es la escenificación más representativa del choque de los tres poderes. La colisión no sólo involucra al ejecutivo y el judicial, sino también al tercero en discordia, el legislativo, que con su Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha generado la materia de la controversia.
La tinta que ha corrido en estos días con análisis desde todos los puntos de vista sobre la situación imperante, y sus posibles soluciones, ha agotado el recuento de los efectos que pueden derivar de este primer choque de trenes. Con un poder legislativo claramente plegado a la voluntad del presidente, es manifiesto que sólo el Poder Judicial podrá representar un coto al ejercicio del Ejecutivo. Todo indica que algunos ministros han interpretado a la perfección el significado de su encargo, que en este momento cobra significado histórico en la definición de espacios y contrapesos.
Haciendo un resumen apretado de las acciones desplegadas por los protagonistas, bien podemos decir que unos errores han llevado a otros que se justifican sólo en la lógica de impedir los efectos nocivos del error previo. A la gran pretensión anunciada de lograr ajustes al gasto público por la vía de recortar salarios elevados ‒que en principio suena razonable para muchos‒, ha seguido una promulgación de ley precipitada, atípica y carente de técnica, que desde lo jurídico es rechazable.
Sólo dos apuntes con relación a los sueldos del sector público. Primero, no creo que el salario que se ha autoasignado el presidente de la República deba ser el rasero máximo de los demás. Ése es un cargo honorario, para el que el personaje en cuestión se propone y lucha, seguro, no por el sueldo que recibirá. Otros encargos, en cambio, de mayor riesgo o nivel de especialidad de acuerdo al mercado, deben merecer mayor emolumento. Con sueldos de segunda se suelen obtener resultados de tercera. Eso no quita que, en algunos casos muy particulares, como el de determinados ministros o consejeros electorales, se deba revisar cómo han llegado a acumular tantos ceros y negociar reducciones. El otro apunte sobre el tema es que, imponer bajas forzadas a determinados puestos es una forma de extender una moral, pretendidamente republicana, a todos. Perdón, pero es válido decir que yo no quiero ser juarista y quiero ganar bien por mi trabajo, con el que ciertamente contribuyo al engrandecimiento de la patria.
Recuperemos la reconstrucción de los hechos a partir de que la ley de reducción salarial fue promulgada de manera exprés. Para sorpresa de muchos, a propuesta del ministro Pérez Dayan, el amparo interpuesto para analizar la constitucionalidad de la misma, no sólo fue admitido, sino que se otorgó la suspensión de la aplicación de la misma, es decir, la ley no puede considerarse vigente contra los promotores del amparo, hasta en tanto éste se resuelva de fondo.
Se ha criticado que la suspensión en contra de la entrada en vigor de una ley es improcedente, dando pie a que, desde la consejería jurídica del presidente se vislumbren denuncias en contra del ministro Pérez Dayan por haber concedido la medida. Queda claro que, tratándose del estudio de un caso que estudian jueces, que podría afectar a jueces, todo esta bajo sospecha. Sin embargo, nada podría excluir a los jueces de hacer valer el derecho humano de acceso a la justicia.
La buena noticia, que es lo último conocido sobre el particular, es que la suspensión de la ley será impugnada por ser ilegal, lo cual debe llevarnos a considerar que, al final, tanto AMLO como el Poder Legislativo están llevando al terreno procesal su desacuerdo. Mientras sea por los cauces legales me parece que el tema puede llegar a buen puerto.
Lo que no debe permitirse, y que empieza a flotar en el ambiente como una opción, es la tentación de que el legislativo pretenda, a través de una nueva reforma, evadir las objeciones a esta ley y pretender alcanzar el mismo fin a través de otro acto legislativo. Eso sería una suerte de “chicana”, que lastimaría profundamente al ya de por sí endeble Estado de derecho.
Estamos viviendo momentos críticos en la comunicación hacia los sectores no jurídicos de la sociedad. O se rescata al sistema normativo como una herramienta democrática, eficaz y confiable contra el uso concentrado del poder, o se confirma la condición manipulable e irrelevante que en los últimos años ha adoptado.
El asunto, al final, encierra un vicio muy latinoamericano, que de tan gastado ya no nos perturba, consistente en la reiterada inclinación de nuestros presidentes por dictar las leyes con las que pretenden modificar la realidad para que responda a sus visiones particulares de proyecto y nación. En ese punto, la democracia se pervierte totalmente, al someter a un poder pretendidamente independiente, a la simple maquila de leyes inconfesables, que desde la congruencia y la coherencia que les son necesarias, resultan piezas de legislación desaseadas e indefendibles. Cabe aquí preguntar por qué Trump no ha podido, aun con mayoría republicana inicial en las dos Cámaras, lograr su cometido de paquete de leyes antinmigrantes y el financiamiento para su muro.
