Referencias de la Austeridad Institucional, 3ª Parte

La austeridad en el gobierno significa alcanzar equilibrios en la sociedad.
El autor.

La austeridad gubernamental se ha convertido en política pública y obligación legal en México. Por lo tanto, requiere de un marco de actuación que le permita cumplir a cabalidad con las premisas que plantea con el fin de constituirse en ejemplo de comportamiento y desempeño para el bien del país.

El asunto es complejo para su implementación. Hay que tener presente que su alcance impacta a todos los sectores de la población y a todas sus actividades. En este artículo me referiré a lo que atañe específicamente a la Administración Pública Federal.

En este espacio hemos expresado que la instrumentación de la austeridad naturalmente radica en gastar menos, pero sobre todo en gastar mejor al ser capaces de establecer prioridades por cada una de las dependencias y entidades; gastar con claridad; gastar con honestidad, y principalmente con productividad social, es decir, aquella apta para integrar, armonizar, organizar el esfuerzo colectivo; aquella que acometa con eficacia la desigualdad y con ello la pobreza y la ignorancia.

Así, la productividad social se mide por el trabajo y la seguridad social que tenga la mayoría de la población; por la cantidad y calidad de la educación de niños y jóvenes de ambos sexos; por la salud vinculada a la alimentación; por la vivienda relacionada con la movilidad y la libertad de tránsito; por la confianza que se deposite en las instituciones; por el acceso a la cultura popular, a la tecnología y a las más elevadas expresiones de la civilización.

Todo este conjunto de objetivos se puede diseñar dentro de una ruta de aproximación paulatina y ordenada a partir de que los temas de desarrollo social están sujetos a la disposición suficiente y oportuna de recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos al alcance de un poder político legitimado por todos los flancos: ¿será posible ponderar la posibilidad de convertir los anhelos, esperanzas y decisiones del gobierno en sólidos consensos que permitan la transformación deseada?

Nuestro país no puede darse el lujo de desperdiciar o derrochar los recursos de que dispone. Esto incluye colocar el foco en la distribución de la riqueza pues resulta moral y económicamente insostenible que una minoría la acapare en su mayor parte. El presupuesto público debe velar por el interés general. Para hacerlo ha de erigirse como ícono de austeridad. De ahí que las referencias programáticas-presupuestales se conviertan en anclas de prácticas administrativas con fundamento normativo, racionales, eficientes y eficaces, no sólo para resolver problemas sino particularmente para ofrecer soluciones plausibles.

La austeridad no está sola, cuenta con una serie de ordenamientos que le permiten ubicarse, evaluarse y corregirse en el camino. Se puede afirmar que la austeridad es una conducta institucional que se practica. Demos un repaso a los referentes aludidos en el título de esta colaboración:

~ La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (12 de abril de 2019) tiene la virtud de su brevedad y de la claridad en el mensaje político: “ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República”, decisión que revela un ingreso digno y suficiente para el servidor público de mayor jerarquía en la República: ¿queremos más claro el mensaje de la austeridad?

~ El famoso Memorándum del 3 de mayo de 2019 que el Presidente de la República dirigiera a los servidores públicos, representa una conjugación de convicciones resumida en la frase de que: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre…”, un mensaje más de austeridad.

~ El Plan Nacional de Desarrollo, PND (12 de julio 2019), se estructura a través de tres ejes (Política y Gobierno; Política Social, y Economía).  Cada uno se justifica y se ordena.  En esta ocasión interesa concentrarnos en el propósito de Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.  El PND combina ideología con acciones; sitúa a la austeridad como una de las políticas gubernamentales básicas, sustentadora de muchas otras dada la transversalidad que representa.

~ El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024 (30 de agosto de 2019). Incluye los valores y principios que lo fundamentan. Dentro de ellos destacan la Responsabilidad del Estado para proteger los derechos sociales e individuales; la Racionalidad que debe imprimir a sus acciones y quehaceres cotidianos y extraordinarios, la pulcritud, transparencia y publicidad de sus procederes.  En todo el texto está presente el interés general sobre el particular. Los conceptos clave a lo largo del documento son: la Austeridad Republicana; la Corrupción/Anticorrupción; la Impunidad/Castigo, y por supuesto, la Gestión en la Administración Pública.

~ La Política Nacional Anticorrupción recientemente aprobada en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que sí están representados todos los que deben, dentro de sus múltiples objetivos, destaca el de evitar la arbitrariedad y el abuso de poder y desarrollar un control social para impedir la corrupción. La prioridad 16 fomenta el desarrollo de políticas de transparencia “proactiva” y de “gobierno abierto” que no sólo previene un mal uso de los recursos sino que garantiza con ello practicar la austeridad.

Con este bagaje, se posibilitaba decretar lo que para el Presidente ha sido una constante a lo largo de su carrera política:  implementar la “Austeridad Republicana”, así con este apellido para darle un sentido político y separarlo de lo estrictamente económico, pues la construcción de una República significa promover los equilibrios y en México todavía estamos lejos, pero también cada vez más conscientes de que la desigualdad que nos visita es uno de los males más dañinos para lograr el desarrollo.  En el próximo artículo abordaré la Ley Federal de Austeridad Republicana a fin de detectar aquellos aspectos que llaman la atención para su cumplimiento por parte del gobierno, el cual no puede darse sin el involucramiento de la sociedad organizada en torno a esta obligación estatal para vigilar su cumplimiento.

También te puede interesar: De austeridad, ahorros e impuestos