Buena parte de la discusión en torno a la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China pareciera haberse mantenido en el ámbito estrictamente comercial: en julio y agosto de 2018, la Administración Trump impuso unilateralmente aranceles de 25% a 50,000 millones de dólares de importaciones chinas –en un principio de mercancías vinculadas a bienes tecnológicos‒; en septiembre otros aranceles de 10% a las importaciones chinas de 200,000 millones de dólares incluyendo computadoras, módems, PCBs y otros, y el 10 de mayo de 2019 elevó el arancel de 10% a 25% a 200,000 millones de dólares y además, amenazó con un arancel del 25% a los restantes 340,000 millones de dólares de importaciones chinas. En todos los casos, China ha respondido con contramedidas, considerando que en 2018 la relación de Estados Unidos con sus importaciones y exportaciones de China fue de 5:1 y, por ende, China cuenta con menor capacidad de responder en el ámbito estrictamente comercial.
Las medidas anteriores, sin embargo, no sólo se mantienen en el ámbito comercial, sino que también han implicado una verdadera persecución de todo un grupo de empresas chinas: desde 2018 la Administración Trump ha impuesto un grupo de controles a las exportaciones estadounidenses –bajo el concepto de la “seguridad nacional”‒ a empresas como Fujian Jinhua, ZTE y Huawei desde 2018, entre otras, mientras que en el futuro seguramente la lista se ampliará (por ejemplo, Hikvision).
Como bien lo analizó el vicepresidente Pence en octubre de 2019 –en una relevante conferencia en el Hudson Institute que bien vale la pena revisar con detalle‒, la rivalidad entre Estados Unidos es entre “sistemas”: China no sólo es “desagradecida” ante décadas de apoyo de Estados Unidos, sino que en la actualidad se enfrentan dos sistemas políticos y económicos que compiten en todos los ámbitos, destacando el tecnológico y hasta el militar. Por ende, y desde la perspectiva de Pence, Estados Unidos terminará con las negociaciones con China y buscará una relación mucho más dura en términos de las importaciones de Estados Unidos, las inversiones chinas en Estados Unidos y un uso mucho más estrecho de la legislación estadounidense en contra de China y a ser promovida en terceros países: el “control de las exportaciones”, por ejemplo, afecta a todos los productos cuyo valor agregado estadounidense sea superior al 25% del respectivo producto (desde esta perspectiva prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas pudieran verse afectadas por la legislación estadounidense).
El caso de Huawei es significativo: en la actualidad es una de las empresas (privadas) chinas de mayor relevancia tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones y no cuenta con competencia estadounidense y europea en las más recientes tecnologías como la 5G.
Ya en noviembre de 2018, China International Capital Corporation Limited (CICC) señaló que China adelantaría significativamente sus planes para sustituir importaciones de semiconductores –planteados en “Made in China 2025”–, siendo que en 2030 las empresas chinas de semiconductores producirían 305,000 millones de dólares o el 80% de la demanda interna vs. 65,000 millones de dólares y 33% en 2016, respectiva y particularmente ante la experiencia con ZTE y Fujian Jinhua ante la prohibición de exportar a China por parte de sus proveedores estadounidenses. Como respuesta a las medidas en contra de los proveedores de Huawei en mayo de 2019, la Administración de Ciberespacio de China circuló un primer borrador para que todas las empresas chinas participantes en proyectos críticos de infraestructura informática, incluyendo proveedores de las telecomunicaciones y servicios financieros, integraran explícitamente evaluaciones de riesgo de seguridad nacional al comprar productos y servicios extranjeros.
Todo lo anterior nos lleva a contemplar elementos que van mucho más allá de la “guerra comercial” en las tensiones entre Estados Unidos y China. Las medidas unilaterales por parte de la Administración Trump, al menos para la cadena de valor de semiconductores, parecieran justificar el programa “Made in China 2025” desde una perspectiva china y catalizar la sustitución de importaciones y creciente independencia tecnológica; los esfuerzos puntuales en la cadena de valor de semiconductores parecieran más que justificarse. Estas medidas, por cierto, incrementarán el déficit comercial de Estados Unidos en el mediano plazo con China.
Dos elementos finales en estas crecientes “tensiones”. Primero. Pareciera existir un cierto consenso entre especialistas en torno a que el “punto de inflexión” para Huawei y otras empresas todavía dependientes de proveedores estadounidenses, será en un marco máximo de 2 años, es decir, dependiente de su capacidad de importar suficientes productos de Estados Unidos durante este período y paralelo a la intensificación de la sustitución de proveeduría estadounidense. Segundo, y en un período prácticamente paralelo, las tensiones entre Estados Unidos y China ‒también con México‒ arreciarán en los siguientes meses y hasta noviembre de 2020 con la culminación de la próxima elección estadounidense; mientras tanto la Administración Trump continuará con medidas para atraer votos y con efectos globales significativos que, por el momento, han impactado su relación con China, México, India y Turquía, entre muchos otros.
Al menos China parece haber obtenido lecciones contundentes de las tensiones actuales con Estados Unidos.
