¿Tirar por la borda?

Hay una visión simple que atiende a la valoración de lo que se posee en términos de experiencia y preparación. En cualquier actividad productiva, sea de manufactura o administrativa, las habilidades de las personas que toman decisiones son críticas. Es algo tan obvio que me produce pena ponerlo en un papel. Pero es claro que esta “verdad de Perogrullo”, no parece representar un límite a las decisiones que el nuevo gobierno federal anticipa como grandes avances en términos de austeridad gubernamental.

Una primera medida, ya puesta en marcha con la nueva base jurídica que representa la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es la orientada a reestructurar los salarios pagados a los empleados de la administración pública que, de entrada, tendrán como límite lo pagado al Presidente de la República, y que serán recalculados para aplicar ajustes que se estiman entre 20 y 40%.

A la medida reductiva hay que agregar serias afectaciones a diversas prestaciones que eran parte sustancial de la compensación de cualquier funcionario público desde nivel medio, que incluían seguro de gastos médicos mayores y un sistema de ahorro en el que, por cada peso destinado por el empleado, el gobierno aportaba otro tanto, dentro del límite del 10% del sueldo. Para muchos servidores públicos esta caja de ahorro se traducía en una suerte de liquidación, dadas las prácticas comunes en el gobierno, consistentes en comprometer la renuncia de cualquier empleado que debe declinar en el respeto a sus derechos laborales, a favor de compromisos con el equipo político del que forma parte.

Es claro que, ante la reducción salarial impuesta, muchos de los funcionarios con altas calificaciones en experiencia y conocimiento, que encuentren acomodo en la iniciativa privada, no dudarán en buscar opciones que respondan a sus expectativas. Otros que se queden seguramente se mantendrán en sus puestos mientras encuentran algo mejor, pero lo harán con la desmotivación que produce no ser reconocido cada quincena con una remuneración realista por su esfuerzo. De todos los amigos y conocidos que tengo en el servicio público, que son muchos y de muy diversas jerarquías, especialización y áreas de servicio, no he encontrado uno solo que me diga que se quedará en el puesto, convencido de que estas medidas redundarán en un mejor país, y que su compromiso con México conlleva este sacrificio. Ni uno solo. ¿Será que no son patriotas?

Otra de las novedades que para el servicio público han sido anunciadas, es la consistente en evitar la contratación de especialistas, porque se ha prestado en el pasado a abusos y corrupción. Me parece que, como en el caso del recorte salarial, no deberían pagar justos por pecadores. Es claro que muchos de los salarios de algunos servidores públicos son muy elevados y merecen ser limitados, igual que diversos contratos con “expertos” son simples fachadas para desviar recursos públicos; pero de ahí a desterrar el tumor cortando el miembro hay mucha distancia. Imaginemos, por ejemplo, que en un caso de arbitraje internacional, que es una materia de altísima especialización jurídica, el gobierno mexicano decide atenderlo con sus propios recursos, comprometiendo millones de dólares a personal sin las calificaciones necesarias.

Otras de las medidas anunciadas en el paquete consisten en la eliminación de ciertas dependencias y unidades administrativas, o su mudanza a sitios diversos en la Ciudad de México. Estoy a favor de la descentralización como concepto general, pero siempre que se trate de servicios que puedan ser prestados mayoritariamente de manera digital, o bien, que su reubicación no obligue a los usuarios a perseguirlos por diversos rincones del territorio nacional. Una persona que reside en Tijuana, que hace un trámite ante la Secretaría de Turismo, por ejemplo, que dispone de 6 vuelos al día a la CDMX, deberá trasladarse con grandes dificultades y gastos hasta Tuxtla Gutiérrez; o la que vive en Mérida, que tendrá que llegar a CONACYT en La Paz. Para bien o para mal, la centralidad geográfica de la Ciudad de México le ha dado esta posición estratégica como capital política y económica desde hace varias décadas, que sólo podrá ser desmontada de manera gradual y ponderada.

Con relación a la intención de liquidar organismos expertos y reasignar sus funciones fraccionadamente a otras dependencias, vale decir que representa la más grave e irresponsable decisión de todas. Pongamos el caso de PROMÉXICO, que ha sido ampliamente comentado en medios. Para quienes conocemos la labor prolífica y eficiente de este organismo, la idea de prescindir de su marca, presencia y servicios es inexplicable y trágica. Es como si, de pronto, una empresa decidiera eliminar su área de mercadotecnia. Buena parte de lo que nuestro país conserva de atractivo para la inversión y el turismo extranjeros se debe a la labor, profesional y dedicada, de este organismo, cuya experiencia y habilidades tardaríamos muchos años en reconstruir. Para quienes piensen que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede desarrollar esas capacidades peca de ingenuidad, porque la estructura y entrenamiento de esa dependencia es totalmente política.

Bajo estos auspicios, ubiquémonos por un momento en la situación de un matrimonio con hijos, en el que los padres trabajan para dependencias públicas distintas ‒caso muy común en nuestro país‒, que se encuentra en la disyuntiva de quedarse sin trabajo y de ser mudados a otra ciudad, con sueldo reducido y a la mitad del calendario escolar. Poner a personas que trabajan para México en esa circunstancia es injusto, innecesario, irresponsable y desagradecido. El problema es que, la creencia de que “lo dijo, pero no lo hace”, ha caído por tierra después del ejercicio demostrativo del “aquí se hace como yo digo”; del cancelado nuevo aeropuerto de Texcoco.

Para cualquier unidad productiva, trátese de una empresa, una granja, una fábrica o una dependencia de gobierno, tener y conservar capital humano experto es esencial en la consecución de objetivos. No hay eficiencia sin eficientes. Tirar por la borda el know how de miles de empleados nuestros por el capricho de la austeridad es suicida. Nadie va a hacer la chamba que cada día hacen y tardaremos años en recuperar esos altos niveles de capacidad.

En mi caso, que trato en lo personal con funcionarios de la Secretaría de Economía, el IMPI, la Administración General de Aduanas, la PGR y Sagarpa, entre otras, debo decir que la corrupción es la excepción, y más bien me topo con funcionarios preparados y comprometidos con la eficiencia y los resultados. Perderlos, como país, es erosionar de manera flagrante nuestro capital intelectual, sin recibir nada a cambio.