Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria el 6 de octubre y ese mismo días las autoridades mexicanas indicaron que podría ser extraditado a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses habían puesto la mira en él desde hace un mes. Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas, hasta hace poco considerado una figura intocable, vio el pasado 6 de octubre cómo cambiaba su suerte: se había librado una orden de detención provisional con fines de extradición.
El político priista era requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, acusado de delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
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Los indicios de la declive de Hernández había iniciado unos días antes. El viernes 6 de octubre fue detenido por las autoridades de Tamaulipas, acusado por la supuesta compra ilegal de terrenos por 1,600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, terrenos con valor estimado en 1,548 millones de pesos.
Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria y ese mismo días las autoridades mexicanas indicaron que podría ser extraditado a Estados Unidos, donde es acusado por vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces, permanecía ingresado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, hasta que hace dos días, el 16 de octubre a las 20:00 horas, la Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición.
De esta forma, a partir de hoy, inicia el término de 60 días contemplado en el Tratado de Extradición, aplicable para que el gobierno de los Estados Unidos de América presente la petición formal de extradición internacional y se dé inicio al procedimiento en cuestión.
La caída de Hernández es sintomática y parte de una profunda crisis que se vive al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en el último año ha visto cómo muchos de sus militantes emblemáticos, entre ellos gobernadores como Javier Duarte, que han sido procesados, detenidos o se mantiene prófugos.
Hernández, gobernador de Tamaulipas de 2004 a 2010, es requerido por la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como su cuñado, Óscar González Guerra, por presuntamente operar un sistema de lavado de dinero en suelo estadounidense y es el último político priista que ha sido detenido en medio de un escándalo de corrupción.
Con información de CNN y Proceso.
