El Alto Comisionado de la ONU expresó su preocupación por que la ley otorgue a las Fuerzas Armadas un papel de seguridad interior, ya que “no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra´ad al Hussein, advirtió este martes que la Ley de Seguridad Interior que ha sido aprobada en México no cuenta con garantías ni supervisión.
Hussein externó su preocupación, debido a que dicha ley autoriza a las Fuerzas Armadas ejercer tareas de seguridad pública sin ningún tipo de garantía, además de que, dijo, “no cumple los estándares de derechos humanos” y fue avalada sin tomas en cuenta a todas las voces.
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Durante la presentación de su informe anual ante la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos, el funcionario internacional señaló que: “Me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interna autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión”.
También expresó sus reparos a que la ley otorgue a las Fuerzas Armadas un papel de seguridad interior, un rol reservado tradicionalmente a la Policía, y precisó que dicha legislación “no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Inmigrantes y Ayotzinapa
Durante su presentación, el Alto Comisionado de la ONU tomó un momento para externar su preocupación por lo que llamó la sistemática detención de migrantes y su devolución acelerada se ha convertido en la norma y socava gravemente las garantías del debido proceso y la protección del principio de la no devolución, que prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro.
También precisó que será en los próximos días cuando hará publicó un informe sobre elementos de la investigación acerca de la desaparición ocurrida en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa.
El referido 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con la versión oficial, un total de 43 estudiantes normalistas fueron detenidos por policías vinculados a grupos del narcotráfico en Iguala, municipio del estado de Guerrero, quienes presuntamente los entregaron a un grupo criminal que los asesinó, incineró sus cuerpos y después arrojó sus cenizas a un río cercano.
Con información de Crónica
