IMDHD y ODI denuncian a la PGR por utilizar el derecho penal como herramienta de represión y castigo a la protesta social contra presos del #20NovMx.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Las razones que se expresan en el recurso de imputación sobre la liberación de once personas detenidas, durante la manifestación en apoyo a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el pasado 20 de noviembre es inverosímil. Así lo comunicó el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI).
Esta acusación la realizan en un momento en que se aproxima la resolución sobre la imputación emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) del auto de liberación realizado por un juez. Ante ello dos organizaciones de derechos humanos publican las razones por las cuales la dependencia dirigida por Jesús Murillo Karam se opone a la liberación de los marchistas, a quienes se les había imputado los cargos de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio.
En primer lugar, resalta el argumento sobre la forma en que el Ministerio Público reclasificó los cargos de intento de homicidio al de lesiones es ilegal pues se habían atestiguado frases en que declaraban esta intención. A la par, los peritajes médicos no clasifican las lesiones reportadas, por lo que no se puede emitir ninguna tipificación; por lo que la PGR pide desechar la resolución del juez acerca de la ausencia de lesiones.
Para refrendar la acusación de asociación delictiva, la Procuraduría insiste en que los implicados pertenecen a un grupo anarquista puesto que se habían puesto de acuerdo en cuanto a la fecha, hora y motivo de la reunión en el Zócalo capitalino.
Sobre el motín, la PGR insiste que por el hecho de haber estado presentes en la marcha, en la que se produjeron actos de violencia, es suficiente para declararlos culpables.
Ante las razones que emite el órgano judicial, tanto el IMDHD como la ODI a través de los abogados Mariana Gil Bartometo y Alejandro Jiménez, las evidencian calificándolas de inverosímiles, mientras se espera la resolución del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Estas organizaciones, que defienden a 7 de los acusados, tachan la apelación de la PGR como un descaro y como una necedad del gobierno federal. Esto consiste en el uso del derecho penal como una herramienta represiva y de castigo a la protesta pública.
En otro comunicado publicado en enero, informan que “de forma inusual, la PGR presenta una apelación sin expresar agravios, mostrando con ello una actuación obscura para continuar intimidando e estas personas”, y recordaron que una de las excusas de la policía para acusar inculpar a los marchistas fue el de decirse “compa”.
Hoy se cumplen cinco meses de los acontecimientos en Iguala que culminaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
