Muchos ríos de tinta y audiovisuales habrán de correr sobre el escándalo que ha desatado la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora Icaza. Mayor, sin duda, que cuando fue propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto, sin antecedente alguno en la judicatura local o federal y lo aprobó el Senado de la República, en ese tiempo integrado por mayorías priistas y panistas, sus antecedentes provenían del sector privado, desde donde dio –al contrario de muchos políticos que al dejar sus cargos son ahora altos dirigentes empresariales– el salto a la arena política, primero como director del fenecido CISEN, posteriormente Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República, Embajador de México ante el Reino Unido y Estados Unidos de América. Todo ello ocurrido en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y el citado Peña Nieto. Una carrera meteórica que, finalmente terminó con la defenestración por voluntad propia, sin explicar la causa grave que exige el mandato constitucional en estos casos.
Las irregularidades en este asunto se iniciaron, en mi opinión, cuando el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aceptó el escueto escrito de la renuncia sin que se especificara la causa grave en el mismo, y no lo declarara improcedente por esta razón como es su obligación en estos casos. Por lo mismo, la renuncia tiene un vicio de origen que no advirtieron en el Senado de la República –al que rehusó ir el hoy exministro para explicar el motivo que lo hizo dimitir– y que da vuelo a cientos de especulaciones en el ámbito político y mediático, incluyendo la presunta presión del Ejecutivo Federal, que con ello tiene la oportunidad de integrar un ministro más –posiblemente una mujer letrada y con experiencia judicial– que haga contrapeso a los ocho restantes que fueron designados en los tres anteriores sexenios.
Por otra parte, ronda la conjetura de que la “causa grave” son los presuntos trasiegos de lavado de dinero que se le imputan por más de 100 millones de pesos, originados por información proveniente de los gobiernos de la Gran Bretaña y Estados Unidos de América, y que fueron atendidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, que preside Santiago Nieto –personaje obligado a renunciar a su cargo de Fiscal de Delitos Electorales en el anterior sexenio por el encargado de la PGR, Alberto Elías, al anunciar la vinculación a proceso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX–, y que ha cobrado relevancia en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al salir por la puerta trasera de la Corte, Eduardo Medina Mora, deja una estela de interrogantes. ¿De qué tamaño fue la presión para abandonar su posición de ministro que le garantizaba un cómodo futuro? ¿Negoció por anticipado su dimisión para evadir los graves cargos que se le imputan? ¿Enfrentará, en caso de que se le vincule a proceso, ante los tribunales nacionales o internacionales, las imputaciones por la mudanza de recursos que superan lo que legalmente debía percibir? ¿Por qué los gobiernos británico y estadounidense destaparon públicamente sus presuntos ilícitos financieros? ¿Se acumularán sus posibles conductas contrarias a la recta administración de justicia, por brindarles protección a individuos y empresas al margen de la ley? Todas estas incógnitas permanecen en el imaginario colectivo y merecen respuestas claras y fundadas mediante los juicios y procedimientos administrativos que procedan por parte de los órganos competentes.
Paradójicamente, el caso Medina Mora, ha desencadenado un debate que ha hecho voltear la vista hacia la administración y procuración de justicia, donde priva, en lo general, la corrupción, el nepotismo y la impunidad, incubado en los gobiernos anteriores que mantenían maniatado al Poder Judicial de la Federación bajo fuertes presiones y consignas, como lo muestran las declaraciones públicas del propio Presidente de la Corte, el citado Zaldívar Lelo de Larrea, en casos emblemáticos como el de Florence Cassez, el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y la suspensión de un juez federal por actos de posible enriquecimiento ilícito.
El Poder Legislativo, afortunadamente, ya anuncia una reforma a fondo, que deberá marcar un nuevo rumbo al sistema judicial, donde los ciudadanos puedan tener acceso a la justicia pronta, expedita y completa, que satisfaga el hambre y la sed de ella que ha padecido por siglos nuestra nación.
