Los soplones, informantes, delatores, filtradores, alertadores, denunciantes o whistleblowers, constituyen un selecto y muy calificado club de expertos en la búsqueda, procesamiento y difusión de documentos y datos ultra-secretos. Héroes o traidores, los soplones revelan incómodas y antiéticas verdades gubernamentales o del sector privado, que nutren de información a periodistas, investigadores, académicos y ciudadanos. Esas filtraciones abren la puerta a un universo de conocimiento a la que no se accedería sin invertir largas horas de investigación y recursos.
Para algunos, es delito revelar datos clasificados de confidencial y top secret porque viola la raison d’Etat. Para otros, ese acto garantiza el derecho a la información. En el primer caso, Gobiernos y Corporaciones exigen escarmiento para esos infractores. En cambio, los filtradores y sus defensores, argumentan que están obligados a reportar “malas conductas y aportar evidencias”, como ha sostenido The National Whistleblower Center (NWC) en sus tres décadas de existencia.
La pionera filtración masiva y más mediática del siglo XXI vino de WikiLeaks (WL), cuyo fundador Julian Assange ‒hoy asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido‒, difundía en 2010 cientos de miles de cables que exhibían el alcance de la política encubierta estadounidense.
Un cabo de 22 años transmitió a Assange ese vasto universo informativo desde la Base Operativa Avanzada Hammer en Irak: era Bradley (hoy Chelsea) Manning, quien tras admitir su falta e ir a prisión, fue indultado por Barack Obama dos días antes de dejar la presidencia de su país. Esa delación sacó a la luz que el Ejecutivo mexicano de entonces admitió ante funcionarios de Estados Unidos, que algunas zonas del país ya serían ingobernables por la delincuencia organizada.
En julio de 2013, el excontratista de la Agencia Central de Inteligencia, Edward Snowden, hoy asilado en Rusia, revelaba la dimensión del masivo espionaje electrónico de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) sobre ciudadanos estadounidenses, gobiernos y organismos multinacionales. De nuevo, ese soplo trastocaría la relación de la superpotencia con sus aliados y socios, pues se conoció que entre muchísimos más, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente mexicano y la petrolera brasileña Petrobras habían sido espiados por la ANS.
El interés por divulgar lo privado siempre ha existido. El parteaguas de la era contemporánea fue la filtración de 7 mil archivos que revelaban los horrores de la guerra de Vietnam, los llamados Papeles del Pentágono. En 1971 el ex-miembro de la Rand Corporation, Daniel Ellsberg, dio ese material a The New York Times que se enfrentaría legalmente con la Casa Blanca para lograr publicarlo.
En el trasfondo del Escándalo Watergate, Garganta Profunda fue el ícono del informante político. Hasta mayo de 2005, el ex Director Asociado de la FBI, Mark Felt revelaría que él aportó al reportero Bob Woodward, la información sustantiva que vinculó al presidente Richard Nixon en ese caso que le costó el cargo.
Los whistleblowers siguen activos y sus actos aún generan revuelo geopolítico. La filtración anónima de más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, descubrió una estructura global de 214 mil firmas encargadas de lavar dinero, evadir al fiscal y encubrir fondos de unos 150 políticos y figuras reconocidas. Hasta ahora se mantiene oculta la identidad de los autores de esa fuga de información.
No obstante, el Departamento de Justicia estadounidense fungió como delator en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Su filtración –con rostro de cooperación con gobiernos‒, sacudiría los cimientos de unas 12 naciones, entre ellas México. Es paradójico que, en ese país, su presidente Donald John Trump llamara “muy antipatrióticos” a los medios, porque informan de los asuntos internos de su gobierno, como ha descrito el diario parlamentario The Hill.
Es natural que al poder –político o empresarial‒ le disguste la infidelidad y se blinde contra toda fuga de información. Y una forma de hacerlo es a través de recompensar a quienes le advierten de filtraciones, como establece la Ley Federal 5 USC 2302 de Protección a Informantes de 1989. Esa norma se aplica a favor de empleados gubernamentales que reportan a las autoridades de la posible existencia de actividad contra la ley.
A pesar de tal “estímulo” aumentan los soplones no cooptados. Aspiran a inclinar la balanza de la transparencia de la información a favor del interés de las mayorías. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, propuso una Directiva para Proteger a los Alertadores, medida que apoya la coalición Whistleblower-Unión Europea, de una cincuentena de organizaciones que defienden a esos denunciantes de información sensible en beneficio del interés general.
Ante tales iniciativas, es válido preguntar: ¿Qué se debe hacer con esos soplones? ¿Son un mal necesario, para acceder a información veraz y suficiente sobre el quehacer público? Tal consideración también implicaría estar dispuesto a obtener información secreta a cualquier costo. ¿Lo estamos?
