El pleno del Senado de la República declaró improcedente la petición de consulta popular sobre los límites de los salarios de los servidores públicos a nivel federal.
Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República declaró improcedente la petición de consulta popular presentada por senadores del PAN y PRD, acerca de una ley que fije límites máximos a las remuneraciones de los servidores públicos a nivel federal.
La consulta propuesta que además buscaba que se reduzca en un 50% las percepciones que actualmente tiene el presidente de la República fue rechazada con 44 votos a favor, 40 en contra por la Cámara Alta.
Los integrantes de la Comisión dictaminadora concluyeron que las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Precisaron que al requerir el gobierno recursos para cumplir con sus funciones, corresponde a los ciudadanos contribuir a los ingresos del Estado, “el Constituyente determinó que dicha materia no fuese posible para ser consultada, ya que se pondría en riesgo el financiamiento público”, según señala el dictamen publicado en la página web del senado.
Los senadores del PAN y PRD se pronunciaron en contra del dictamen y aprovecharon para cuestionar los criterios en los que se basó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desechar las peticiones de consulta popular presentadas por distintos partidos políticos.
Héctor Larios Córdova, del PAN, destacó que los criterios de la SCJN ponen en riesgo la formulación de consultas populares en el país, pues de cuatro consultas ciudadanas (dos en materia energética, una sobre salarios mínimos y otra relativa a la representación proporcional de diputados, ninguna ha sido aprobada.
El también senador panista, Roberto Gil Zuarth, criticó que se rechace el dictamen y la resolución de la Corte de oponerse a la consulta popular, toda vez que “rechazarla hace prácticamente inoperante la consulta popular como mecanismo de participación directa de los ciudadanos”.
Su compañero panista Javier Corral hizo un llamado a los senadores para reivindicar los mecanismos de democracia participativa y darles la posibilidad a los ciudadanos para que se pronuncien sobre los temas de su interés.
Mientras que, Luis Sánchez Jiménez, del PRD, dijo que deja mucho que desear la resolución de la Suprema Corte en cuanto a la interpretación parcial de la Constitución, porque se retroceden 178 años, cuando en 1836 se instituyó un Supremo Poder conservador que tenía como propósito proteger un país con un régimen centralista.
Se sumó su compañera de bancada Dolores Padierna, quien señaló que la Corte actuó con criterios “estrechos”, por lo que jamás habrá una consulta popular de ningún tema y, por la vía de los hechos se está haciendo nugatorio el derecho de este mecanismo de participación ciudadana. El 2015 es el año en que debió estrenarse el derecho constitucional, manifestó.
En tanto, Manuel Bartlett Díaz, senador del PT, criticó la postura del PRI contra esa consulta y opinó que al oponerse a estos ejercicios, el trabajo de la Suprema Corte también atenta contra el derecho de los ciudadanos a expresarse y pronunciarse sobre temas de interés nacional.
En su oportunidad, David Penchyna Grub, del PRI, defendió el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y expuso que las decisiones del máximo tribunal del país deben ser respetadas.
La pregunta planteada en la consulta que fue rechazada decía: “¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, y que reduzcan en 50 por ciento las que actualmente perciben el presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación?”.
