Justo cuando el gobierno está a punto de hacer públicos los acuerdos de participación empresarial en decenas de obras de infraestructura que pueden iniciar este año, lo cual significaría la reactivación de inversiones, surgen los más alarmantes comentarios sobre la marcha económica del país.
Hace ya algunos meses que corrió la noticia de reuniones de López Obrador con Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, y con Carlos Salazar Lomelín, del Consejo Coordinador Empresarial, en relación con el Plan Nacional de Infraestructura.
El plan, según la Secretaría de Hacienda y Alfonso Romo, consta de unos 1,600 proyectos a realizar a lo largo del sexenio, con una inversión total estimada en 424 mil 149 millones de dólares, de la cual el 56 por ciento sería empresarial y el 44 por ciento pública.
A las reuniones que sostuvo el presidente con las cúpulas empresariales siguieron otras con diversas compañías para presentarles proyectos concretos de inversión carretera, aeroportuaria y portuarias, porque la intención es que lo que se informe no sean buenas intenciones, sino el inicio de proyectos contratados para arrancar este mismo año.
El anuncio, que está previsto para el martes 26 de noviembre, será una prueba de fuego para la relación entre el gobierno y el empresariado, ninguno de los cuales, hasta ahora, ha hecho crecer sus inversiones sino al contrario, la pública ha caído 14 por ciento y la privada en alrededor de 5 por ciento, lo que explica el nulo crecimiento del PIB.
El éxito depende de que el plan haya atraído el interés lucrativo de los inversionistas, de que no habrá cambios sorpresivos y de que la firma de cada contrato les de confianza en que se cumplirá conforme a derecho.
Los proyectos que se anunciarán son los que están listos para arrancar este año; se trata, en su mayoría, de terminar obras inconclusas.
No figuran, todavía, lo que más pueden interesar al empresariado nacional e internacional, que son los relacionados con petróleo y electricidad.
Justo cuando la desaceleración económica del país pudiera empezar a corregirse a partir del entendimiento entre gobierno y empresarios, se prenden alarmas en el sector financiero transnacional, del que surgen opiniones acerca de que la principal preocupación de los inversionistas (según encuestas) son las decisiones del gobierno, y de que es posible que las agencias de calificación crediticia le quitarán el grado de inversión que actualmente tiene el país.
Analistas de Morgan Stanley, de UBS Group, de Société Générale, de Moody’s Investors Service y de S&P Global Ratings, se han puesto de acuerdo en difundir perspectivas negativas para el crédito soberano de México.
Morgan Stanley inclusive recomendó este miércoles 7 de noviembre tomar las ganancias sobre los activos mexicanos y cerrar posiciones largas; a esa recomendación puede deberse la corrida contra el peso, que valía 19.09 pesos por dólar el 8 de noviembre.
Quizás cuando haya proyectos relacionados con la explotación de petróleo y con energía eléctrica en los que puedan invertir empresas nacionales y transnacionales, se moderen las opiniones hoy alarmistas sobre la economía mexicana.
