El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la transmisión de las comunicaciones móviles (voz y datos) que hoy se encuentran en la víspera de evolucionar a una nueva generación de capacidades y velocidades de transmisión, la 5G.
En días recientes, se dio a conocer una iniciativa de la SHCP para actualizar y establecer nuevas cuotas anuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz. Precisamente, estas bandas son fundamentales para el desarrollo de redes 5G.
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla un alza de 56.5% en las cuotas anuales aplicables a diferentes bloques correspondientes a la banda de 800 MHz y propone la creación de erogaciones para bandas que no estaban sujetas a este régimen de pago de derechos. Todo, por arriba de los estándares internacionales para las mismas bandas.
El costo fiscal por el uso del espectro radioeléctrico por el que hoy cursamos nuestras comunicaciones de voz y datos inalámbricas no es un asunto menor, puesto que el número de usuarios de estos servicios llegó a 119.0 millones en junio pasado. En otras palabras, prácticamente todos en México contamos con una línea celular. Inimaginable ya prescindir de esa conectividad.
Recurso esencial para los operadores
De aprobarse esta iniciativa, se estaría encareciendo la estructura de costos para el despliegue de 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, quienes ya desde hace mucho tiempo han denunciado como desmedida la política recaudatoria del Estado por un insumo esencial para sus operaciones.
Incluso ésta ha propiciado la devolución de espectro por parte de Movistar, que ha optado por no contar con espectro y mejor adquirir capacidades de otros jugadores para proveer servicios. Ello provocó ya pérdidas al erario, puesto que el operador pasará de pagar en 2019 derechos anuales de $3.3 mil millones de pesos (mmdp) a $2.5 mmdp durante 2020, cifra que continuará en descenso hasta que el operador devuelva este recurso en su totalidad.
Incluso el creciente número de operadores móviles virtuales (OMVs) evidencia la conveniencia de implementar un modelo de negocios basado en la comercialización de servicios.
No obstante, al ser parte de la función de producción, será inevitable para los operadores móviles desembolsar más recursos para hacerse de este recurso esencial y acceder a sus capacidades que se suma a la pesada estructura impositiva que tienen que enfrentar para ofrecer servicios en el mercado.
La propuesta de la SHCP parte de una premisa falsa, que “se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”.
Categóricamente falso y erróneo, tanto que, de aprobarse esta medida de desesperación fiscal, los pagos por la banda de 850 MHz resultarían 5.6 y por la banda de 600 MHz hasta 13.6 veces más caros que en aquellos países de nuestros principales socios comerciales miembros de la OCDE.
Consecuentemente, se anticipa un alza en los precios finales de estos, resultante del aumento en costos, a pesar de las eficiencias generadas por el despliegue de una nueva generación de redes.
Estructura de costos por derechos de espectro
Se estima que el pago por derechos por uso de espectro ascendió a 5.8% de los ingresos del segmento móvil durante 2019, pero con diferencias significativas entre operadores. Mientras que el preponderante Telcel sólo destinó 3.1% de sus ingresos móviles, AT&T lo hizo en 11.5% y Telefónica Movistar en 14.7%. En otras palabras, los competidores erogaron, en promedio, cuatro veces más recursos por el uso del espectro el año pasado.
Esta disparidad por el pago de derechos por el uso del espectro en 2019 ha propiciado que el margen de ganancias (EBITDA por sus siglas en inglés) de América Móvil haya sido de 37.1% en 2019, mientras que para AT&T fue de -7.8% y de -10.4% para Telefónica.
De haber registrado un margen similar del pago de derechos por el espectro, los operadores competidores en su conjunto habrían obtenido ganancias de aproximadamente 475 millones de pesos (mdp) en lugar de una pérdida neta de 7,277 mdp.
Tenencia espectral entre operadores
De acuerdo con el IFT, con cifras de agosto de 2020, entre los 700 MHz existentes asignados para telecomunicaciones móviles, Telcel ostenta una razón de 43.1%, AT&T 35.2%, Altán Redes 13.4% y Telefónica 8.3%, tras la devolución de frecuencias.
Esta distribución resulta ser más inequitativa al contrastar con los ingresos generados por cada MHz asignado.
En el segundo trimestre del 2020 (2T-2020), mientras Telcel generó 142.8 mdp por MHz, Movistar recibió 89.7 millones y AT&T sólo 45.5 millones. En otras palabras, Movistar y AT&T recibieron 37.2% y 68.1% menos recursos, respectivamente, por MHz de espectro que Telcel.
En caso de concretar el error de encarecer el espectro, sería el preponderante quien con su mayor capacidad financiera, atenuaría los impactos en costos, continuadamente frenando y revirtiendo los avances en competencia en este mercado.
Inelasticidad de la conectividad móvil para los consumidores
En la actualidad, el uso intensivo que hacemos de conectividad móvil para fines sociales, profesionales, educativos, informativos, de entretenimiento y mucho más, resulta para nosotros, los consumidores, en que nuestra función de demanda por estos servicios sea crecientemente inelástica.
Es decir que, ante aumentos en sus precios, no podremos bajar nuestra cantidad demandada de esos servicios. Las estadísticas muestran que, como usuarios, hoy preferimos recortar el gasto en otros bienes y servicios que prescindir de nuestra conectividad móvil.
Este evidente acto de desesperación fiscal resultará simultáneamente en afectaciones para los consumidores en términos de pérdidas en el bienestar social, a partir del alza (injustificada) de precios de los servicios móviles, resultante del encarecimiento en términos de la estructura de costos de los operadores móviles para el despliegue de redes 5G.
Con base en las estructuras de ingresos y costos descritas, es previsible que, de incrementarse el costo del espectro, los operadores, sobre todo los competidores, se verán obligados a subir sus precios, circunstancia que mermaría su competitividad al interior del mercado mexicano y frente a nuestros socios comerciales. Además, se pondría en riesgo su permanencia en México, con sus acentuados márgenes negativos.
Así, el gobierno actual ha entrado en una franca contradicción, al prometer mayor bienestar entre la población y acceso universal a las telecomunicaciones, a la vez que propone una onerosa política fiscal para la conectividad de nueva generación.
Si efectivamente se busca alcanzar el escenario de cobertura universal, se requiere promover por todos los medios el despliegue y desarrollo de más y mejor infraestructura que alcance a todos los rincones del país, con mejoradas capacidades de conectividad para el aprovechamiento eficaz del acceso a sus herramientas y aplicaciones.
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