Los vientos de la llamada Cuarta Transformación del régimen del presidente Manuel López Obrador, soplan con ímpetu sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, encabeza el movimiento de auto reforma interna para lograr la verdadera independencia del Poder Judicial Federal y la solvencia moral del máximo órgano de justicia ante la sociedad. Lo ha iniciado con el pie derecho al deslindarse del ex presidente Felipe Calderón, quien lo propuso en su periodo gubernamental como candidato a la magistratura en la obligada terna ante el Senado de la República, en aquel tiempo (2006-2012) dominado por las fuerzas políticas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, que cogobernaron el país en aquel controvertido y polémico sexenio, que siguió los pasos de los gobiernos que privilegiaron las fuerzas del mercado sobre el poder del Estado.
Tiene ante sí un enorme reto, pero también la oportunidad histórica que pudiesen rememorar momentos estelares de la Corte, como fueron el de 1857, que dio paso, después del desafortunado autogolpe del presidente Ignacio Comonfort de los Ríos, y permitió el acceso al licenciado Benito Juárez García, para ocupar la presidencia de la Nación, como lo establecía la propia Constitución. El de 1917, en los cuales apoyó con sus tesis jurisprudenciales los derechos sociales de los trabajadores y campesinos, inaugurados por primera vez en el mundo, gracias a los diputados progresistas de aquel Congreso Constituyente convocado por el presidente Venustiano Carranza Garza; y el de la ratificación del laudo obrero patronal contra las empresas extranjeras que hizo posible la expropiación petrolera en 1938, bajo el régimen del presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Las dos primeras tareas más visibles que ha asumido Arturo Zaldívar son combatir la corrupción y el nepotismo que impera en la Corte. A través del Consejo de la Judicatura, órgano encargado, entre otros menesteres burocráticos, de vigilar que la conducta de los jueces se encuentre apegada al derecho en sus resoluciones y demás actos de los procedimientos judiciales; ha iniciado el saneamiento, al cesar a dos jueces probablemente coludidos con el narcotráfico. En cuanto al nepotismo imperante, aún son confusas ante la opinión pública las acciones que se han tomado, pues sólo, al parecer, se ha procedido a cambiar de adscripciones a los parientes sin mencionar nombres, lo cual no resuelve el problema de fondo.
Otro de los conflictos no perceptible pero significativo, es el de la Contralora General del Consejo de la Judicatura, la licenciada Arely Gómez González, quien fuera Procuradora de Justicia de la Nación y Secretaria de la Función Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que tiene, entre sus funciones, dar seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, donde se refleja con mayor claridad la corrupción de los impartidores de justicia, cuando no existe equivalencia entre sus ingresos legales y aquellos, presuntamente, de procedencia ilícita.
El ministro presidente ha ido más allá. En el V Congreso Constitucional, realizado el 21 y 22 de noviembre, ha advertido seriamente a los integrantes del Poder Judicial sobre la conducta ética con la cual deben proceder, señalados en la Ley Orgánica del PJF como son la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y honestidad. También, en el mismo acto, anunció la apertura de una unidad para que se denuncien los casos de acoso sexual en el poder judicial y, finalmente, se ha pronunciado enérgicamente en favor del aborto, porque sufren cárcel sólo mujeres pobres e indígenas, y no aquellas mujeres ricas que se practican abortos equivalentes y nunca pisan la cárcel.
Atrás debe quedar aquella Corte que aprobó el anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), casos como los de los ex ministros Ernesto Díaz Infante y Eduardo Medina Mora; el golpe técnico del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyos ministros echados no alzaron la voz, que su independencia le otorgaba, a cambio de las jugosas pensiones de retiro que les fueron asignadas; y de todas aquellas soterradas en intereses pecuniarios de la corrupción nuestra de cada día. Tareas difíciles, pero no imposibles para transparentar la justicia. Aunque, como dijo Bob Dylan, “la respuesta está en el viento”.
