En España se está discutiendo una iniciativa de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que busca permitir la eutanasia. Es la tercera vez que se debate el tema en 20 meses y esta vez ha contado con el apoyo de todos los grupos legislativos a excepción del Partido Popular (PP) y Vox. La iniciativa ha recibido 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones. Ahora debe ser revisada por el comité parlamentario de salud para pasar después al Senado y regresar a la cámara de diputados para la votación final. Se espera que pueda ser promulgada en junio.
De aprobarse esta iniciativa, podrán solicitar la eutanasia las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable o invalidante –no necesariamente terminal–, que les cause un sufrimiento, físico o psíquico, insoportable. La eutanasia será aplicada por la sanidad pública, tanto en hospitales como en el domicilio del paciente, así como en centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.
Con esta ley, España sería el quinto país europeo que permite ayudar a morir a una persona que quiere adelantar su muerte para terminar con una vida en que predomina el sufrimiento. En Holanda, Bélgica y Luxemburgo se ayuda mediante la eutanasia –en que un médico aplica al paciente una dosis letal de medicamentos– o el suicidio médicamente asistido –en que un médico proporciona al enfermo los fármacos para que el mismo enfermo los tome y muera–. En Suiza, la ayuda se da mediante el suicidio asistido, con el cual, no los médicos, sino voluntarios de algunas organizaciones, ayudan a las personas, incluso a extranjeras, a poner fin a su vida.
En España, la mayoría de la población está a favor de la eutanasia –alrededor del 80%–, pero están en contra de ella los representantes de la Iglesia, así como los partidos conservadores. No es ninguna sorpresa que estas opiniones contrarias existan ni tampoco que las posiciones que desaprueban la eutanasia sean las conservadoras y se basen en creencias religiosas; lo que es necesario cuestionar es por qué ha prevalecido su influencia en la determinación de políticas públicas que son contrarias a lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, una situación que se repite en muchos países.
Hay que reconocer que estamos ante un tema muy complejo y delicado. No es fácil legislar sobre una acción que consiste en causar la muerte y que, por lo mismo, parecería ir en contra de ese derecho fundamental que las diferentes sociedades hemos acordado respetar: el derecho a la vida. Por eso, lo primero que es necesario recordar es que es muy diferente que alguien vulnere este derecho y le quite la vida a otra persona que querría seguir viviendo –aquí sí podemos hablar de matar con toda la carga emocional que el término conlleva–, a que una persona decida que ya no quiere vivir porque su vida no sólo no le ofrece nada que pueda disfrutar, sino que cada día le aporta un sufrimiento que ya no quiere seguir padeciendo.
Para poder legislar sobre la eutanasia hay que tener muy clara la diferencia entre reconocer el derecho a la vida y pretender imponerlo como una obligación a quien ya no quiera vivir; también hay que establecer con mucho cuidado los criterios bajo los cuales se permitiría una acción que consiste en ayudar a morir, pues para nadie es ajeno que se trata de una ayuda muy especial. Esto también puede explicar que sean pocos los países que permiten una ayuda con la que tantas personas quisieran contar.
Pero no creo que esta dificultad para establecer en qué condiciones se debe permitir la eutanasia, explique que no se respalde lo que la mayoría de los ciudadanos quiere en los diferentes países, pues es algo que tras estudiar y discutir se puede decidir, como ya lo han hecho otras naciones. Además la experiencia de estas ayuda a considerar cuáles son los criterios más convenientes, aunque cada jurisdicción termine regulando de acuerdo con su propia idiosincrasia. Por eso se puede pensar que hay algo más que explica que sean pocos los países que respalden la voluntad de las personas que quieren tener la libertad para decidir el final de su vida.
Tiene que ver con la intolerancia de muchos grupos para aceptar que las personas quieren diferentes cosas a lo largo de la vida y también al final de ésta, y que los deseos y decisiones de los individuos se basan en sus experiencias, creencias y valores. En sociedades plurales y laicas debe ser posible la coexistencia de las diferentes posiciones; que cada uno acepte que el otro puede ver las cosas de otra manera y tomar decisiones diferentes a las que uno tomaría, y lo importante es el mutuo respeto. Bienvenida la argumentación y tratar de convencer al otro del propio punto de vista, pero si esto no sucede, nadie tiene el derecho de imponer su propia posición.
Es importante analizar los argumentos que se han dado en España para oponerse a la iniciativa en discusión, identificar los puntos razonables y mostrar también los argumentos cuyo sustento es cuestionable, porque esta argumentación se repite en diferentes países cuando se discute, con algunas variaciones, la conveniencia de permitir la muerte asistida.
Lo primero que hay que reconocer, como defienden tanto el PP como Vox, es que las personas deben recibir cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento que les cause una enfermedad. Es éticamente inaceptable que las personas quieran morir porque no se han reconocido ni atendido sus necesidades, sean estas físicas, psicológicas, sociales o espirituales. Es cierto que muchas personas que han pensado que estarían mejor muertas, cambian de opinión cuando reciben cuidados y mejora su calidad de su vida, lo que les permite esperar el final con tranquilidad, a pesar de vivir con muchas limitaciones. Algo que no sorprende, pues en general las personas prefieren vivir, a menos que las condiciones en que lo hacen les resulten indignas.
Lo que no se vale es tergiversar las cosas y afirmar, como hace el PP, que lo que busca el PSOE con la iniciativa para permitir la eutanasia es ahorrar costos para no dar atención a los más vulnerables. O afirmar, como hacen este mismo partido y Vox, que defender la iniciativa significa despreciar el valor y la dignidad de las personas, en lugar de reconocer que lo que se busca es contar con una ley que respalde la decisión de las personas para morir, cuando así lo decidan, con la ayuda adecuada para tener una muerte segura y sin dolor.
Que se legalice la eutanasia, lejos de querer decir que no se respeta la dignidad de las personas que la desean, significa que se las reconoce como las dueñas de su vida. Esto incluye que puedan decidir cuándo ya no quieren vivir, porque a ellas, la forma en que su enfermedad las obliga a vivir les parece indigna. Por descontado se da que puede haber otras personas en una situación similar que quieran seguir viviendo. O enfermos que crean que Dios es el dueño de su vida y sólo a él le toca decidir su final. A ninguna de ellas les interesará pedir ayuda para que se adelante su muerte.
Da la impresión de que, a falta de argumentos convincentes, los legisladores que han expresado su posición para oponerse a la eutanasia inventan acusaciones falsas y se presentan como los únicos preocupados por las necesidades de los enfermos. Pero me puedo imaginar las palabras de una persona que considera haber llegado al límite del sufrimiento que puede soportar y prefiere morir; querrá decirles a estos legisladores que no la defiendan. En primer lugar, porque no es cierto que los cuidados paliativos pueden aliviar siempre el dolor físico o psíquico que padecen las personas, ni siquiera cuando estos se hayan desarrollado lo suficiente como para que todo mundo cuente con ellos. En segundo lugar, porque los legisladores los presentan como si fueran personas incapaces de decidir sobre su vida, a los que hay que proteger de lo que piden, porque a los representantes del PP y de Vox les parece inconcebible que una persona lúcida pueda tomar la decisión de morir. Resulta que sí, que alguien que ha reflexionado en la vida y en la muerte puede, precisamente porque ha valorado su vida, saber en qué condiciones ya no quiere vivirla.
Lourdes Méndez, de Vox, se ha referido en términos muy duros contra quienes promueven la nueva ley, acusándolos de enviar el mensaje a los enfermos que padecen un sufrimiento intolerable de que su vida no es digna.
Aunque aclara que sus argumentos no se apoyan en ideas religiosas, cuesta trabajo creerle, toda vez que inicia diciendo que proclama el valor y la dignidad de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, cuando desde hace años ésta ha sido la instrucción de la jerarquía católica para oponerse al aborto y la eutanasia. Una instrucción que, en lo que toca al extremo final de la vida, no tiene mucho sentido cuando éste sucede en un contexto de atención médica. La práctica de la medicina se contrapone de muchas formas a lo natural, a superar defectos congénitos o enfermedades que padecen las personas.
La defensa de la muerte natural en la atención médica equivaldría a dejar a la naturaleza hacer su tarea sin intervenir, lo que implicaría no evitar muertes prematuras que sí se justificaría impedir. Lo que debe importar es considerar siempre si una intervención médica va a ser benéfica o no. Y así como la medicina puede ayudar a prevenir, curar y dar calidad de vida, debe también poder usarse para procurar una muerte sin dolor si el médico está de acuerdo en que esto es lo mejor para el paciente que lo pide. La otra razón por la que cuesta trabajo creer a Lourdes Méndez que su posición no se basa en creencias religiosas, es porque termina su intervención en el congreso deseando “a quienes aprueben esta ley, que Dios los perdone”.
Todos estamos de acuerdo en que no debe ayudarse a morir a una persona que quiera seguir viviendo y que sería muy lamentable que personas que no desean morir se vean presionadas a pedir esta ayuda. Pero esto no ha pasado en ningún lugar en que se permite alguna forma de muerte asistida. Permitir la eutanasia en España lo único que hará será ampliar las opciones de las personas para decidir cómo quieren y cómo no quieren vivir el final de su vida. Quienes no quieran esta opción no tendrán que elegirla, pero las personas, para quienes contar con esta ayuda significará la liberación digna de una vida indigna, sí se verán muy favorecidos.
Y este avance debe ir acompañado, desde luego, de un mayor desarrollo de los cuidados paliativos, lo que de hecho se ha mostrado que sucede en los países en que se ha permitido la eutanasia o el suicidio médicamente asistido; esto sucede por la simple razón de que en esos lugares se da más importancia a la atención de los pacientes en la última etapa de su vida.
Por eso, termino mi columna con las palabras de Fernando Cuesta, un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica español que dejó su testimonio antes de ir a Suiza a morir: “Que quien quiera viva, pero que nos dejen a los demás morir dignamente”.
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