Michoacán, la Ciudad de México y Chiapas son las entidades con menos transparencia en su información presupuestal. El Instituto Mexicano para la Competitividad los reprueba.
Entre esos datos se encuentran los relacionados con los topes de contratación, el destino y si se trata de crédito simple, emisión bursátil u otros, de acuerdo con su Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019.
Señaló que esas entidades ocultan también el saldo de fideicomisos o sus programas por fuente de financiamiento, gastos en comunicación social, el número de plazas laborales y salarios de sus empleados.
Las tres entidades reprobaron cuatro parámetros de medición utilizados para esta evaluación, los cuales fueron “tabuladores-plazas” relacionados a información de sus funcionarios; “clasificaciones” en cuanto agrupación por tipo de gasto; “rubros específicos” sobre gastos en comunicación y de impacto social; y la “deuda pública”.
Michoacán, con 46 por ciento; Ciudad de México, con 52 por ciento, y Chiapas, con 54 por ciento, ocuparon los lugares 32, 31 y 30 del IIPE, cuyo propósito es eliminar las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones.
Por el contrario, los estados con ciento por ciento de cumplimiento en el IIPE son Baja California, Chihuahua y Guanajuato.
El Imco señaló que el promedio general de cumplimiento pasó de 53 por ciento, en 2008, a 85 por ciento en esta edición, y comparado con la primera edición, 28 entidades mejoraron su calificación, una se mantuvo igual y en tres hubo retrocesos.
A pesar de los logros, indicó que existen entidades federativas negadas a transparentar el destino de los impuestos. “La opacidad presupuestal es motivo de alarma, abre riesgos de corrupción y falta de austeridad”, enfatizó.
Ante ello, el organismo propuso institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental y transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
También se debe contar con unidades de evaluación que vinculen de manera obligatoria los resultados de su desempeño y la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal.
El organismo exhortó a redoblar esfuerzos para incrementar el monitoreo del presupuesto y evitar la austeridad letal en programas prioritarios para la población.
