“Las reformas vulneran los derechos humanos de las personas, en tanto son contrarias a las tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte”, con este argumento la CNDH llevó en 2012 la ley de geolocalización a la SCJN. A poco menos de dos años y una vez aprobada, la corrupción de las autoridades nubla el interés legítimo de esta reforma.
Ciudad de México.- La mayor duda que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a la ley de geolocalización es que esta permite que los titulares de la Procuraduría General de la República y de Justicia de las entidades federativas, cuenten con atribuciones para solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica y en tiempo real, de equipos de telefonía móvil, para la investigación de diversos delitos.
Pero la sospecha sobre el uso que hagan las autoridades no sólo generó suspicacia en la CNDH, también lo hizo en el ministro de la SCJN José Ramón Cossío Díaz.
“Pueden existir violaciones en casos concretos por su uso indebido o arbitrario, para mí es justamente esta posibilidad en concreto, ésta potencial vulneración a un derecho fundamental, lo que me lleva en el análisis abstracto de la medida y en el análisis de la estructura constitucional del derecho a la privacidad, a sostener, no la inconstitucionalidad en todos los casos de la medida, sino en la necesidad de su control por parte de un juez, evitando que el control sea posterior, una vez que ya ha sido vulnerado el derecho, y existen elementos que ya no son restituibles en su voz”, comentaba en su exposición del 14 de enero, dos días antes de la que ley fuera ratificada por la Suprema Corte.
La ley de geolocalización puede generar debates como los expuestos en anteriores líneas, donde la trasgresión a la privacidad y la vulneración de los derechos humanos de las personas desde el momento en que ningún juez está supervisando su uso, se suma al descrédito generalizado de las autoridades, el cual forma parte de la dieta diaria de los mexicanos, tal como lo lamenta Alma García defensora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y colaboradora de la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
“Yo creo que se tienen que cuidar los aspectos de la privacidad y de no violar otros derechos, México ha sido un país muy corrompido por eso es que la sociedad en general duda de la aplicación con veracidad de esta ley, entonces, si estuviéramos hablando de los beneficios o usar esta ley para encontrar personas o responsables, digamos que estaríamos hablando de que estamos en un país en avanzada, pero tristemente se desconfía de que titulares de las procuradurías pueden aprovechar esto para empezar una cacería de brujas en contra de personas como se ha hecho con videos, intervención en llamadas telefónicas, que ha dejado mucho que desear porque viola la privacidad de las personas”, explica la defensora a elsemanario.com.
-Entonces, ¿ustedes estarían seguros de que las procuradurías estatales y federal llevarán a cabo un ejercicio correcto de la nueva ley?
-No podría asegurarlo que todas lo harán. Creo que la aplicación de la ley se va a demostrar conforme en los casos que se necesite aplicar y acceder a este tipo de información con rapidez para ver los resultados posibles. Si me dijeran por ejemplo, que en un caso encontramos al desaparecido porque logramos inmediatamente dar con el celular, a mi me parecería fabuloso, pero si la primera noticia que sale es la intervención telefónica de un político, porque usaron las denuncias como formas de criminalización, si me parecería como que no vamos hacia allá.
“Estamos a favor de las leyes que beneficien el acceso a la justicia de las familias de personas desaparecidas. Sabemos que se tienen que cuidar cosas y estamos a favor de que haya una vigilancia permanente, de que una ley no viole otros derechos. Los jueces tienen que cuidar que la ley tenga un uso adecuado por parte de quienes la implementan, que es ese el punto importante, no tanto que la ley esté perfectamente redactada, es quién implementa la ley y qué candados va a tener para que esta no vaya a ser mal usada como políticamente se ha venido haciendo”, agrega.
Los números de desaparecidos son dramáticos. 314 casos tan solo de una asociación (Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila). Frente a esto, García asegura que se podrá ver resultados en nuevos casos de desapariciones porque los pendientes que tienen desde 2007, ya no serán atendidos por las telefónicas debido a que por un periodo máximo de un año, mantienen la información guarda sobre el rastro del móvil.
“Cuando vamos a revisión de casos de las familias con las autoridades locales y federales, una de las cosas con las que nos topamos son trabas en la localización de los teléfonos celulares tanto de las víctimas como de los posibles responsables, si es que hubiera algún indicio, que nos pueda dar el paradero o la localización del celular. Actualmente sin que estuviera esta ley aprobada, nos hemos tardado en conseguir las sábanas de llamada hasta seis meses y este dato es uno de los principales al momento de la desaparición de la persona, porque nos puede ubicar de manera inmediata la localización del aparato o del perdido si es que la persona sigue con el, si no, nos permite localizar en manos de quién y qué responsabilidad y participación está teniendo esta persona con el desaparecido”, explica García.
-De los casos que llevan ¿cuántos y por qué están pendientes?
-No sabemos con certeza cuántos son, pero lo que nos pasó en muchos de los casos fue que la información no llegó a tiempo, entonces las compañías telefónicas borraron la información, no la guardaron. Estamos hablando que tenemos desapariciones desde el 2007, 2008 y 2009 y las compañías el periodo que guardan la información es corto, aproximadamente un año, no se guarda por tantos años la información que necesitábamos y que para nosotros era muy valiosa. Hay muchos otros casos donde no (las compañías telefónicas) no le han contestado a la autoridad, mucha de la responsabilidad está en las compañías telefónicas (Telcel, Movistar) entonces ellos no contestaban oportunamente, contestaban mal la información, había que volver a solicitarla.
“Tenemos un registro hasta el año pasado (agosto) de 314 casos (de desaparecidos). Son desapariciones ocurridas del 2007 al 2013, en su mayoría cometidas por el crimen organizado en complicidad algunas con agentes estatales y muchas son en la calle, a plena luz del día”, agrega.
¿Cómo responde Telcel en un caso de solicitud de rastreo?
“En caso de haber contratado un plan de renta con algún servicio de localización con Telcel, usted puede consultar los términos y condiciones para conocer que procedimiento se debe llevar a cabo en el Centro de Atención a Clientes Telcel”.
“En caso de no ser así, puede consultar los servicios de localización que le ofrece la compañía de su equipo gratuitos, comunicándose con la misma por cualquier de los medios de atención que pone a su disposición”.
Por Octavio N. Cervantes.
