Las organizaciones que conforman el Grupo Mexicano de Financiamiento han detectado que no existe una correlación adecuada y eficiente entre las metas de mitigación y adaptación al cambio climático planteadas, y la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos.
Para hacer frente al cambio climático se requieren políticas eficientes y financiamiento adecuado. Internacionalmente, México ha liderado el tema de financiamiento; pero, a nivel nacional, carece de mecanismos para una asignación presupuestal adecuada frente a las medidas necesarias. En materia de adaptación, por ejemplo, el país enfrenta graves escenarios por reducción y escasez de agua cuyos impactos se reflejan en la agricultura y los precios de los alimentos, en un contexto socieconómico marcado por el alto nivel de pobreza y desigualdad.
De acuerdo con las metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), para 2012 el país deberá reducir 51 millones de megatoneladas de bióxido de carbono; 36% debe provenir del sector energético; 30% de la agricultura, bosques y otros usos de suelo; y 23% del transporte.
Para revertir el rezago en el cumplimiento de las metas de reducción y transitar hacia una economía baja en carbono, el presupuesto debe ser asignado de manera transversal, transparente y equitativa, enmarcado por el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y los criterios de sustentabilidad.
Las recomendaciones al legislativo son: agricultura, ganadería y desarrollo rural, redistribuir los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable hacia acciones que contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible de comunidades rurales y campesinas como: La creación de un fondo para el uso de energías renovables y uso eficiente del agua y la energía para el riego; aumentar los fondos para el uso de energías renovables como la bioenergía, siempre y cuando no atenten contra la soberanía alimentaria e impacten positivamente en el campesinado; restaurar los fondos para el Programa de la Mujer en el sector agrario; restituir el Programa de Recursos Biogenéticos y Diversidad para la conservación in situ, reproducción y comercialización de semillas nativas y mejoradas.
Asimismo, el presupuesto debe garantizar recursos para que estados y municipios desarrollen estrategias locales que garanticen la reducción de desigualdades para enfrentar al cambio climático y garanticen la seguridad alimentaria fortaleciendo el campo.
El análisis de los cuatro principales sectores emisores: transporte, energía, agricultura y bosques, dejó clara la preocupante caída de recursos asignados para cambio climático en el sector ambiente, que representa una reducción de 62%.
Los programas no deben reproducir los roles tradicionales estereotipados, ni deben aumentar la carga de trabajo no remunerado de las mujeres; se deben impulsar medidas especiales temporales que reduzcan las brechas de desigualdad y democratizar las tareas de trabajo remunerado y no remunerado. Aún más, se debe reconocer la importancia de los derechos sexuales y reproductivos como marco para una respuesta integral a la problemática del cambio climático, pues el incremento demográfico está vinculado con una depredación mayor del medio ambiente.
En el tema forestal, México anualmente pierde cerca de 200,000 hectáreas de bosques y selvas, lo que provoca alrededor de 14% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) totales. La propuesta de PEF 2012 asigna casi 6.5 millones de pesos a tres programas forestales: Pago por servicios ambientales, Producción forestal y Protección forestal en conjunto, lo que hará difícil verificar su ejecución y el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación. Es necesario transparentar la asignación presupuestal para cada uno de los programas y garantizar una política forestal que promueva el manejo sostenible de los bosques y su conservación activa.
En la generación de energía, que produce 21% de las emisiones de GEI en México, es fundamental la inversión en fuentes renovables y eficiencia energética. En el análisis presupuestal se evidencia la prioridad a los recursos fósiles y la energía nuclear. Mientras, los subsidios del sector siguen a la alza. Se propone destinar 2% de los recursos asignados a proyectos fósiles, para arrancar proyectos de energía renovable que no fueron considerados en el presupuesto y que con el recurso destinado a megaproyectos hidroeléctricos se fortalezcan políticas y acciones de eficiencia energética en la producción, distribución y uso de la energía. El transporte produce una quinta parte de las emisiones de GEI, 98% proviene del autotransporte; 70% de los recursos asignados van a programas y proyectos para ampliar, modernizar o construir vialidad urbana cuyos efectos son contrarios a los objetivos de mitigación. Al menos 10% del presupuesto asignado a construcción de vialidad urbana debe promover sistemas integrales de transporte urbano, principalmente en estados y municipios. Es necesario establecer normas de eficiencia vehicular, promover la eficiencia energética y el uso de la bicicleta como medio de transporte, tecnologías y combustibles limpios y el uso de diversos modos para movilizar mercancías; e incrementar el apoyo financiero y alcance del programa de chatarrización.
