El cuento de la Economía

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Teóricamente cuando un mercado (el que sea) no asigna de forma eficiente sus recursos, se dice que se está frente a una falla de mercado; y, ante una falla de mercado, se justifica la intervención gubernamental para atacarla, ya sea de un bien y/o servicio público.

En ese sentido, la llamada reforma energética, traería consigo por fin la “competencia”, el sector energético conocería las mieles del libre mercado, y con ello se beneficiaría el costo al consumidor; es decir, bajaría. Al día de hoy no se necesita un gran estudio para saber que eso no pasó, sino, por el contrario, hasta estamos en el límite (de arriba) en cuanto al costo de la misma; indudablemente algo no se hizo bien.

Hablemos de lo que ha pasado en los últimos años para situarnos en el día de hoy y ser un poco más reflexivos y menos impulsivos en el análisis de la coyuntura actual. Corría el mes de febrero de 2017 y por decreto la gasolina aumentaría. ¿Recuerdan que cada fin de mes, veíamos mucha fila en las gasolineras? Eran centavos que redituaban en el ingreso de las familias; noviembre de 2018 trajo consigo la “liberación” del precio y desde entonces el aumento ha sido constante; irónicamente, aunque ya hay más empresas, eso no quiere decir que el mercado es competitivo.

El Precio Máximo se calcularía (a través del mercado) de la siguiente manera: Pmax = P referencia + Margen + IEPS + Otros Conceptos. En donde PMax = Precio máximo; P referencia = Promedio del precio de la gasolina; Margen = Valor del margen de comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de Calidad y costo de manejo, se actualizará mensualmente conforme a la inflación esperada; IEPS; y Otros Conceptos = Conceptos aplicables a los combustibles + IVA.

Quiero detenerme en el concepto “Margen”, que incluye la comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costo de manejo. Acá entra todo lo que no tiene cabida en los otros rubros: que le van a poner algún aditivo a la gasolina; que se aumentó el costo de transporte; y, el más importante, hubo mermas por el robo de combustible, acá va todo eso.

Son las mermas, el componente de la fórmula de precio máximo, lo que encarece el costo de la gasolina. La Real Academia Española de la lengua, conceptualiza”merma” como: Hacer que algo disminuya o quitar a alguien parte de cierta cantidad que le corresponde.

Hoy salen a la luz muchos datos sobre la situación alertamente del crecimiento de las mermas. La diversificación de empresas permeó en la venta; es decir, sí hay muchas empresas que venden, pero la reforma no alcanzó a llegar a la distribución, para que las pérdidas fueran públicas y no privadas. “Si el mercado no es tonto”.

Corría el año de 2001, y el número de tomas clandestinas (ni tan clandestinas, porque se sabe el número exacto) era de 131; para 2006 el gobierno saliente dejó un total de 220 tomas, lo que representó un crecimiento del 67.9%, y el promedio anual en dicho sexenio fue de 10.1%.

El 2006 acabó con 220 tomas, y ya para 2012 eran 1,635; el crecimiento fue de 643.2%. Anualmente, en promedio, crecieron 42.1%, representando un saldo real de 1,415 tomas nuevas.

Con 1,635 tomas inició el siguiente sexenio, para octubre de 2018 la cifra era de 12,581, representado un crecimiento del 669.5%, con la diferencia de que ahora hay 10,946 nuevas tomas clandestinas. El tema es alarmante, si comparamos las 131 tomas de 2001, a las 12,581, de octubre de 2018. Un crecimiento del 9,503.8%.

De esas 12,581 tomas casi el 80% se centra en 7 estados de la república, siendo Puebla el que ocupa el primer lugar, con el 14.4% y un total de 1,815 tomas, seguido de Hidalgo, con 1,726 tomas y un 13.7%.

Le siguen en orden: Guanajuato (12.3%), Veracruz (10.6%), Estado de México (10.1%), Jalisco (10%) y Tamaulipas (8.6%), con un total de 6,500 tomas de gasolina.

Por eso la distribución no se privatizo, perdón, más bien no entró a la libre competencia. El mercado no falló, los agentes económicos “bien informados” de esta situación se fueron a la venta de gasolina y su proveedor (Pemex) asumió los costos de la distribución.

Ante esta falla de mercado, son los consumidores los más castigados, tanto por la calidad del producto final, como por el costo. La estrategia podrá ser buena o mala desde la perspectiva de cada uno de nosotros, pero lo que es innegable es que salen a la luz datos que no se conocían y que explican la magnitud. El siguiente paso, indudablemente, debe ser el tipificar como delito grave el robo de combustible, ése es un gran paso en aras del consumidor final.

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El mercado laboral es uno más que no funciona con el llamado “libre mercado”, en el que oferentes y demandantes establecen el precio. Eso se regula, al menos para el caso de México, desde la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y, por primera vez, dicho mercado cambia de visión tras 27 años, esto debido a la salida de Basilio González Núñez; en ese sentido, se espera un “cambio radical” en le política salarial.

Entrecomillo “cambio radical” porque no se usa como instrumento macroeconómico; el aumento del salario impacta en la esfera productiva, dando liquidez y fomentando tanto el consumo como la inversión, cuidando que no denote en inflación; sin embargo, debemos seguir dando señales positivas a los inversionistas, debemos seguir garantizando el pago de los intereses de la deuda pública, por lo que aumentar un poco (el salario) está bien. Diría el Coneval, ya estamos en la línea (en su parte baja) de bienestar.

Lo que sí es cierto es que por algo se empieza, y se está dejando atrás esa visión miope de que un aumento del ingreso deriva en inflación; dicho aumento incentiva el consumo y, en algunos casos a la inversión, eso es lo que se debe fomentar al meterle mano al mercado laboral.

Ahora, no sólo se habla de un aumento del salario, sino de un cambio en las Áreas Geográficas (la zona fronteriza del norte). Hasta 2011 se contaba con tres áreas geográficas (salariales) en el país, para después ser solo dos (2012-2014), ya para 2015 a la fecha era una “única área geográfica”, por lo que nuevo no es; lo que sí es nuevo es el porcentaje que aumentó en términos relativos (o que va aumentar) el salario, al pasar de 88.36 a 102.68 pesos diarios, representando el 16.2 %; aunque el mayor aumento se dio en aquel trágico 1995, al ser de 32%; la crisis económica pedía a gritos ese ajuste.

En términos reales, y contemplando el efecto de la inflación en los últimos años, hay varios estudios que mencionan que el salario debería estar cerca de los 400 pesos diarios. Eso demuestra el aumento marginal que se dio; y también lo mucho que se debe trabajar, no para estar en ratios de la línea del bienestar; sino para permanecer en ella constantemente. Es un buen inicio, como mencionaba antes, y ojalá sea un primer paso en la tarea de acabar con la polarización del ingreso.

Sin embargo, el problema se agrava si metemos la variable tipo de cambio, 21 pesos por dólar, eso y la política salarial del vecino del norte, provoca que sea una necesidad el emigrar para muchos connacionales; aunado a la ola de violencia que azota al país. Es cuando entiendes que la migración no se hace por gusto, sino que se vuelve una necesidad. En ese sentido, no es de sorprender que la propuesta de salario en la frontera sea de 176.72 pesos por día; eso ayuda a fomentar la economía de la frontera y da opciones de mayor competitividad, y puede frenar la migración.

La desigualdad económica no se determina por el área geográfica que se ocupa en la economía del mundo, o que fuimos una colonia, o que estamos insertos en la cadena de valor sólo como ensambladores. La desigualdad viene de las políticas macroeconómicas que se implementan. De ahí que el margen de actuación, dentro del llamado libre mercado, es muy amplio, hay muchas cosas por hacer en términos de avanzar dentro de los datos macroeconómicos. De inicio podríamos proponernos dejar de ser el país con los salarios más bajos de la OCDE, pero no será el mercado quien decida si jugaremos ese rol o no. Serán las decisiones políticas y nuevos acuerdos sociales quienes lo determinen.

Es conocido que la inversión en infraestructura incentiva a la economía y genera empleos, no debemos dejar de lado el fomento a la ciencia y tecnología, y la formación de mano de obra altamente capacitada. Hay muchos casos de éxito en este camino, sólo restaría iniciar el nuestro. Esperemos que el 2019 traiga mucho este tipo de debates y no que se desgasten los actores políticos en discutir si quieren o no ganar menos que el presidente. El debate nacional debe centrarse en lo que debemos hacer y lo que realmente queremos como nación.

Este incipiente cambio en la política salarial, aunque marginal, no deja de ser positivo, y en verdad espero que vaya encaminado en lograr recuperar el poder adquisitivo del salario; vaya nostalgia provoca el siempre, decir o pensar que antes las cosas estaban mejor; el pensar cómo le hacían nuestros padres sin grandes trabajos para mantener a sus hijos. Eso se llama poder adquisitivo del salario, eso es lo que se ha perdido, y se debe de recuperar, esperemos que éste sea el camino.

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Nuestro papel dentro de la economía es ser agentes “económicos”, uno de los tres agentes o la combinación de los mismos que existen en la economía, ya sea familias, empresas y el gobierno. Sin embargo, los tres tienen la característica de ser consumidores. Ésa es una de las certezas en el quehacer económico actual, y ese papel o rol se debe cumplir sí o sí.

Un consumidor, en teoría, debería estar bien informado sobre las opciones de compra; de igual forma decidir sobre la mejor opción de pago e indudablemente las opciones para invertir. Recordemos que con el dinero podemos comprar, ahorra e invertir.

En este sentido, la inversión no es un asunto exclusivo de las empresas y el gobierno, desafortunadamente el ingreso (en la mayoría) de las familias no alcanza para invertir, pero este agente también (en teoría) podría hacerlo. El “mercado” debería así permitírselo. Sin embargo, los ingresos están regulados a través de salarios mínimos y es por decisión (política) el saber si crecen y la cantidad en que lo hacen. Es alarmante que la propia OCDE, diga que, dentro de sus países miembros, México es el que presenta el último lugar en cuanto a nivel salarial.

Debe dejar de ser un incentivo a la inversión el bajo salario, el incentivo debería orientarse a la capacitación y experiencia de la mano de obra, y para eso es necesario invertir en ciencia y tecnología, y sobre todo cambiar de chips en cuanto al manejo de los datos macroeconómicos, no se trata de ver cuántos salarios se crearon, sino qué calidad de vida tendrán con el salario que tienen los trabajadores. Se debe recuperar el poder adquisitivo del salario, tan castigado por la inflación y su aumento irrisorio de año con año.

En ese sentido, en cuanto al cambio de chips, es que la economía dentro de la planificación de sus recursos limitados parte de tres preguntas para poder ser eficiente; las preguntas son: ¿Qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir? Preguntas que evidentemente requieren respuestas, el agente económico “gobierno” debe tener los medios necesarios para poder contestar esas preguntas y planificar el quehacer económico. En teoría así debería funcionar la economía.

¿Qué es lo malo en las consultas? O, más bien, ¿qué es lo raro?, ¿que nos pregunten? De inicio somos agentes económicos, los más importantes, somos quienes aportamos los ingresos del gobierno, y somos los consumidores finales de sus servicios. La “forma de preguntarnos” es rara, sí, ¿es mala?, no, no estoy de acuerdo. Existe la consulta del presupuesto participativo, bien definida en cuanto a alcances y es completamente legal, pero la participación es muy baja.

Entonces no, que nos pregunten no está mal, aunque sí sea raro; se trata de establecer canales de comunicación y decisión más allá de una consulta y su implementación; lo que sí, es que no debemos dejar de tomar nosotros las decisiones, eso debe ser lo correcto.

Sí, deben preguntarnos; nos acostumbramos a que no lo hicieran, tanto que ahora puede parecer extraño, lo que debemos lograr es que sean consultas vinculantes, para que sean decisiones informadas y con mayor participación.

Ya se preguntó sobre los servicios aeroportuarios. ¿Viajo? Sí. ¿Me interesa el alcance ecológico del NAIM? Obviamente, sí; ¿sé algo de viabilidades de construcción? Preguntas que no están en la consulta. Va más allá de si debe o no seguir. En teoría se debió escuchar a todos los afectados, evidentemente cuando empezó el proyecto, pero no pasó. Se vendió con la idea de que habría mayor inversión y que se fomentaría el crecimiento económico, así como la creación de empleos; sin embargo, este argumento ha perdido peso o credibilidad, ante el aumento de los costos y de las “supuestas” irregularidades en algunos contratos.

Lo que sí está comprobado económicamente es que la inversión en infraestructura es un buen aliciente para el crecimiento económico; pero el chip debe cambiar, no para fomentar el crecimiento, sino el desarrollo económico; es decir, no sólo crecer por crecer, sino crecer sin polarización del ingreso y con mayores condiciones de igualdad para los agentes económicos, ése es el mayor reto, no el estar o no de acuerdo en la consulta, sino en sus implicaciones económicas; y si las consultas económicas deben ser parte de la realidad a corto y mediano plazo, que así sea, bienvenidas.

Es el derecho de los consumidores a estar informados y se debe garantizar, es indispensable tener un rol más activo, es un gran reto, pero debemos asumirlo. En el entendido de que el mercado realmente no funciona como agente autoregulador. El verdadero contrapeso no será no votar ni insistir en redes sociales que no sirve o no es vinculante, sino realmente darles un peso mayor político y económico.

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Hablar de inseguridad en México pareciera que es un tema trillado, todos sabemos que existe y todos esperamos que pase algo para que se erradique para siempre. Sin embargo, la inseguridad es al final un resultado del proceso económico de polarización del ingreso en el que estamos inmersos y, desafortunadamente, mientras no cambie esta dinámica, será complicado que se logre erradicar, y se complica más si no hay voluntad política de enfrentarlo.

La voluntad política (su baja cuantía) se debe a que los que se dedican a esta actividad pueden estar dentro del proceso económico (corrupción) o fuera del mismo, en la informalidad. Eso por un lado, y por el otro, tenemos a la inflación y el bajo salario; esos factores siempre serán un exponencial para la obtención de ingresos (de manera ilícita) y con ello la inseguridad toma fuerza y se vuelve parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Una realidad insostenible día con día.

Mecanismos para enfrentarla podrían existir y muchos, pero, lamentablemente, partimos de la premisa de que no tenemos instituciones confiables; la corrupción tiene sus manos en todo el tejido social y parece en verdad difícil erradicarle. En ese sentido, en esta semana el INEGI dio a conocer las cifras de septiembre 2018 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), y los resultados son alarmantes. “El 74.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro” y las “(…) ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Ecatepec de Morelos, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula.” Ese 7.5 de cada 10 mexicanos que considera que vivir en su ciudad es inseguro es un promedio a nivel nacional; en cuanto a las mujeres mayores a 18 años son 79.7 las que se sienten inseguras en la ciudad en la que viven, mientras que para los hombres la cifra es 69.2. En Ecatepec la sensación general de inseguridad está en 96.3 personas; casi todos los jóvenes se sienten inseguros de vivir ahí.

¿Qué es lo que contempla dicha encuesta? Entre otros temas son: la sensación de inseguridad por temor al delito; atestiguamiento de conductas delictivas; cambios de rutinas o hábitos por temor; percepción del desempeño de las policías (…); sensación de inseguridad en lugares específicos (…).

¿Dónde nos sentimos más inseguros? Según la ENSU, el lugar con mayor percepción de inseguridad es en los cajeros automáticos (vía pública), en el transporte público, en el banco, en las calles de recorrido habitual, en el mercado, en la carretera, en los parques recreativos, centro comercial, automóvil, trabajo, casa y, finalmente, en la escuela. Si han tenido el gusto de leer el libro La caverna de José Saramago, se expone el nivel de bienestar, seguridad y comodidad que brindan los centros comerciales; en nuestro caso, aunque sigue siendo un lugar “seguro”, entre las nuevas formas de robo y el comercio electrónico, empieza a ser ya una opción no tan real de comodidad.

Bueno, regresemos al tema que nos ocupa, la inseguridad económica. Las repercusiones económicas son evidentes. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo expone que, en 2017, la inseguridad en Cancún se tradujo en pérdidas por 148 mdp; mientras que la Federación de Cámaras de Comercio de Guerrero estima que se cerraron, en el segundo semestre de 2017, más de 1,200 establecimientos.

Justo esta semana en Puebla se pronunciaron las empresas Pepsi, Bimbo y Grupo Modelo en torno a la inseguridad y para no operar más en el Triángulo Rojo (zona huachicol). Esas noticas son constantes, cierre de empresas por falta de seguridad, corrupción en los cuerpos policiales en todos los niveles. Una normalidad que sin darnos cuenta nos hace insensibles y hasta genera desinterés; nos sentimos afortunados cuando no nos pasa a nosotros y lamentamos cuando la inseguridad trastoca nuestro círculo familiar.

El tejido social se descompone día tras día, es más, hasta es tema de investigación para las recomendaciones para viajar a México de distintos países. Es muy común escuchar que Estados Unidos “emitió la alerta” para sus ciudadanos para no viajar a territorio nacional. La alerta se hace a través del Departamento de Estado y lo hace por niveles, siendo el nivel 4 el más alto, en éste la recomendación es muy puntual: No Viajar; el nivel 3 conmina a una reconsideración del viaje; el 2 advierte de viajar con precauciones; y, el nivel 1 pide que se sigan las recomendaciones  de las autoridades correspondientes al pie de la letra.

En el nivel 4 están, nada más y nada menos que, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; y como decía, no es raro. Es más, puedo asegurar que ya sabían. Aunque parezca tan desalentador, algo puede hacerse, ya que las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Mérida, Saltillo, Durango y Puerto Vallarta, con 21.6, 34.2, 38.1, 39.1, 40 y 41.4%, respectivamente. Lo que evidencia que las cosas se están haciendo de manera diferente. Algo de lo que se está realizando en esos lugares valdría la pena estudiarlo y replicarlo, porque no, la suerte no puede regir el tema de la inseguridad.

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Éste es uno de los mercados que sí tenemos bien definidos y formados, trabaja con sus oferentes y sus demandantes altamente informados y conscientes de sus actos, y establecen de manera ordenada y conjunta el precio (nadie influye sobre los precios, se ponen de acuerdo). No está regulado por nadie, por lo que no hay intervención estatal; hay movilidad de los recursos; homogeneidad del producto; y, la principal, ausencia de marketing (a nadie le conviene que se sepa de este mercado), además, por si fuera poco, para el caso mexicano, es el más “competitivo” de todos los países que integran la OCDE.

Tras ese párrafo y sin leer el título podríamos decir que así debería funcionar un mercado, sea el tipo o servicio que sea. Sin embargo, este mercado en particular no debería funcionar ni de existir; desafortunadamente, es un problema real y latente; y tal vez es uno de los mercados en los que somos muy competitivos.

La corrupción se define por la RAE como la “acción y efecto de corromper o corromperse.” Propiamente en “(…) las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”

Existen análisis que la “justifican”, o al menos tratan de minimizar su origen, por ejemplo, debido al bajo nivel salarial, para el caso de los servidores públicos (incluyendo policías); sin embargo, al momento de ingresar al trabajo, aceptas tanto las responsabilidades como el nivel salarial, por lo que no es una justificación. Además, los grandes escándalos de corrupción no son de funcionarios de bajo perfil, sino, por el contrario, con altos ingresos. Así que el factor ingresos (bajos o altos) no es justificante ante este tipo de comportamiento.

Para muestra basta un botón, dentro del libro México: Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar, se menciona que los “(…) niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. (…) México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países según Transparencia Internacional.” Siendo el lugar 175 el más corrupto. Los datos del Banco Mundial otorgan una calificación de 39 (de 100) y el lugar que le da es el 127. Uno de los más corruptos. Es en este sentido que “(…) México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).” Finalmente, para 2017 dentro del “Índice de percepción de Corrupción” (www.transparency.org/cpi) México se posiciona con 29 puntos, y tiene el lugar 135 de 180.

¿Que la corrupción es un tema propiamente cultural? Podría ser, al ser un patrón muy común últimamente. Sin embargo, lo que lo propicia aún más es la falta de castigo ejemplar. El ejemplo actual del exgobernador de Veracruz que fue sentenciado con 9 años de castigo y 58 mil pesos de multa, pareciera una tomada de pelo, sobre todo porque la misma Auditoría Superior de la Federación habla de que los desvíos superaron los 60 mil millones de pesos.

Por otro lado, la investigación que llevó por nombre “Estafa Maestra”, habla de que se detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos. Por la tanto, el costo real de la corrupción se vuelve inconmensurable; y su efecto en la economía es enorme, ese dinero que debería ir a alentar el consumo y el mercado se va al bolsillo de unos cuantos, y no permea en nada al quehacer económico.

Actualmente, existe un estudio del INEGI que se titula “Características de las víctimas de corrupción en México”; de inicio, no creo que existan víctimas de la corrupción, terceros afectados sí, pero por el acto mismo (o acuerdo) entre dos particulares. En ese sentido, los números de México son alarmantes. A continuación, presento el ranking de Percepción de la Corrupción de México, comparado con el mundo, que se presenta en el Cuadro 3 del trabajo de María Amparo Casar. En él, ocupamos la posición 22 de un total de 32, para la Región América; si contamos a los países del BRICs + México, ocupamos el lugar 5 de 6 posibles, donde el 6 es el más corrupto; dentro del G20, ocuparíamos el lugar 17; y, dentro de la OCDE, somos el más corrupto, ocupando el lugar 34 de 34 posibles.

Lastimosamente, es la impunidad lo que incentiva este comportamiento de los agentes (corruptos) en este mercado; no es el nivel salarial, no es el nivel cultural, es la falta de castigo que fomenta e incentiva este tipo de actividades; sirvan estas letras como lecciones de qué no hacer o qué patrones no repetir en otros países.

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No sé si al final el título en esta ocasión logre ser coherente con lo que estoy por escribir. Ante un encabezado así, yo esperaría conocer cómo funciona el mercado de las letras; sin embargo, hablaré del nivel de educación que se tiene actualmente en México, además de datos como la inversión en educación, con la finalidad de entender qué se está haciendo y qué no en esta materia.

¿Cuál es la relevancia económica de la educación? La respuesta en mi caso es, o será, sesgada, porque soy un fanático creyente en que la educación (su inversión) es una de las palancas (o herramientas) que permitirán lograr el anhelado desarrollo económico, y no en una idea romántica de acceder al desarrollo, sino como realidad de los países que sí lo están haciendo como política económica.

Una de las propuestas explicativas, con la que más coincido, de nuestro lugar en la historia económica mundial actual puede entenderse de la lectura del libro Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, de Ha-Joon Chang, quien explica el papel qué han jugado en la economía mundial todos y cada uno de los países que ahora se llaman desarrollados, en donde se dieron (ellos mismos) las condiciones para poder competir en el mercado; y una vez que lo lograron, “tiraron la escalera atrás de ellos”, para que otros países no siguieran ese camino; aunque lograron ser competitivos en el mercado mundial, olvidan decir que fue a través de esquemas de protección que ahora prohíben o, por lo menos, ven mal la intervención estatal en áreas del desarrollo económico para los demás países, es decir, el libre mercado usado a su conveniencia.

En el contexto económico mundial actual, se puede intervenir (por parte del Estado) en la economía, al margen de los 17 objetivos para lograr el Desarrollo Sostenible del PNUD, para poder alcanzar cada uno de ellos. El mercado por sí solo no lo hará. En cuanto al objetivo 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos diré que, indudablemente, la educación es el motor para la movilidad social; formar recursos humanos capacitados nos permitirá poder planear estrategias industriales a mediano y largo plazo, lo que impactará en mejores salarios y mayores condiciones de desarrollo económico, reitero que el mercado por sí sólo no lo hará.

Para muestra un botón, les comparto algunos datos “duros” que da el INEGI: en México, para 2015, el año promedio de escolaridad (grados) es de 9.2 a nivel nacional; para ese mismo año el porcentaje de población analfabeta era de 5.5, que contrasta con el 46.2 % de la población en situación de pobreza. Lo que sí resulta sorprendente es que, aun con ese porcentaje de pobreza, sea el 93.1 % de los hogares los que cuenten con televisión, en relación con el total de hogares para 2016. Bueno, es una decisión de cada familia qué hacer con sus ingresos, pero sí es preocupante si consideramos que uno de los programas sociales del gobierno saliente fue dotar de televisiones a los hogares de escasos recursos; eso da pie a entender sus prioridades y el porqué de las cifras de pobreza.

Ahora hablemos del gasto en investigación y desarrollo, en porcentaje respecto del PIB, para 2015, el alumno a seguir es Corea del Sur con su 4.23 %; Japón con 3.28 %; Suecia 3.26 % y, Alemania con 2.88 %. El promedio que propone el Banco Mundial es de 2.23 %. Para el caso de México el porcentaje fue de 0.55 %; y, en promedio, del 2012 a 2015 fue de 0.52 %. Con esas cifras podemos ver que algo no se está haciendo bien.

Si aunado a eso, tomamos lo que está en el Informe 2018 sobre “La educación obligatoria en México” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, vemos que se analiza la polarización del ingreso y, por ende, la desigualdad en la educación. El promedio de escolaridad (población de 15 años y más), en el quintil más bajo de ingreso (I), pasó de 5.5 para 2008 a 6.6 para 2016; mientras que, para el del quintil V, es de 12.2. En cuanto a la condición de pobreza para 2016, el grado promedio es de 7.3; siendo de 7.7 para la población en pobreza moderada y de 5.2 lo de pobreza extrema. (Veáse la Tabla 1.10 de: https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_010402.html)

Indudablemente, el mercado no hará nada para cambiar esas cifras, la educación es uno de los bienes y servicios que deben ser tutela del Estado en todas sus modalidades, con la idea de realmente cambiar las bases de la movilidad social y la esfera productiva nacional; no es un gasto, es una inversión, ése es el chip que se debe cambiar a corto plazo.