Demandar a China

A la memoria de Héctor Fix Fierro,
jurista imparable, persona impecable.

Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
                                                                            Art. 1913, Código Civil Federal.

A unos nos han robado tiempo, a otros normalidad, a muchos más empleos y negocios, a los más agraviados vida y salud de los cercanos, a casi todos ingresos, y a la sociedad entera tranquilidad. Hemos perdido amigos, familia, relaciones entrañables, nos han dejado mentes notables, hemos dejado de tener muchas cosas. Algunos han perdido todo.

Y sin embargo, extrañamente, los abogados subimos los hombros un poco, y luego, los dejamos caer.

En el estado de perplejidad que la pandemia nos ha inoculado, no acertamos aún a mirar el bosque. En las inusitadas consecuencias jurídicas que la emergencia ha provocado, nos hemos orientado a resolver, por mediación o litigio, rompimientos de contratos, incumplimientos diversos, despidos laborales, delitos emergentes; en fin, una larga secuela de casos que reclaman tratamiento legal para encontrar resarcimiento o reacomodo.

En esta montaña de desconcierto, nadie está volteando a mirar a China, que es el responsable directo de las calamidades y que debe responder jurídicamente por los daños causados. Esto no es causa de la naturaleza, ni de la fuerza mayor de un terremoto irresistible. No es un act of God convertido en tsunami o en incendio.

Dejemos de lado la polémica sobre el origen del coronavirus causante del COVID-19. Supongamos que no tiene origen en la manipulación de un laboratorio, sino que es de origen natural. Aun así, existe una responsabilidad de dimensiones históricas, en haber hecho un manejo tan inadecuado de la información que surgió sobre los primeros casos. Ocultamiento, confabulación, negligencia y mentira son los adjetivos más suaves que se usan para calificar el comportamiento que las autoridades de la Provincia de Wuhan –y las del gobierno chino– asumieron respecto del surgimiento de la incipiente epidemia. En ese proceso, muchos señalamientos apuntan a la complicidad de la OMS, que ha hecho un manejo desaseado e inexplicable de la emergencia.

Preguntas tan simples como “¿por qué se impidió a ciudadanos de Wuhan viajar a las grandes ciudades chinas, pero no a otros países?”, llenan de incertidumbre y alimentan la sospecha.

En un escenario de este tipo, llama la atención la baja respuesta que no sólo México, sino el mundo entero, ha dado a la pandemia desde lo jurídico. Salvo algunos amagos del presidente Trump, que pasan más por sanciones económicas de revancha, hay un claro bajo perfil en las demás naciones.

Lo sorprendente, es que existe una amplia variedad de tratados internacionales y leyes internas que compelen a los gobiernos a actuar en defensa de los intereses de sus ciudadanos. La gama de acciones va desde una simple solicitud de extrañamiento al gobierno responsable, hasta paneles internacionales en la OMC (Organización Mundial del Comercio) para demandar resarcimientos de daños.

Estamos prestos a reclamar a España por la conquista, acaecida hace más de cinco siglos, pero no acertamos a preguntarle a China sobre su responsabilidad en estos eventos, que están comprometiendo la viabilidad de nuestro sistema de salud, colapsando nuestra economía y sacando de cauce la vida de miles de compatriotas.

¿No es tiempo de exigir explicaciones? ¿No es tiempo de preguntar? ¿Tendremos que promover amparos ante la omisión de nuestro gobierno de proteger a sus ciudadanos?

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