La iniciativa presidencial de reforma para prohibir la subcontratación laboral no podría ser más inoportuna y contraindicada. Es como darle más veneno a quien llega intoxicado. Como dice la canción: ¿pero qué necesidad? Ocurre que la lógica es otra, que tiene poco que ver con el mercado laboral o alguna racionalidad económica.
Justo cuando se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, la inversión se contrae, la mayoría de las empresas enfrentan problemas de liquidez y muchas, escenarios de insolvencia, y cuando el gobierno tiene que acabar con fideicomisos y demás “guardaditos” para que salgan las cuentas, llega una receta que pondrá en aprietos a más de 4 millones de empleos que operan bajo el modelo del outsourcing legal. Un revulsivo que, de pasar en el Congreso, restringirá la contratación laboral formal y elevará significativamente los costos para invertir, emprender y hacer negocios en México.
El presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero, ha estimado que sólo una cuarta parte de esos empleos se sostendría en los centros de trabajo; el resto se perdería o iría a la informalidad.
No se trata de corregir abusos, como los de las factureras. Mucho menos de resolver las inconsistencias que están en la raíz del fenómeno de la informalidad, la cual, a su vez, está detrás de limitantes estructurales que reproducen el estancamiento de la productividad y los salarios, además de la precariedad de las finanzas públicas. Lejos de eso, la salida es la proscripción a rajatabla: tanto el outsourcing fraudulento como el legal y en muchos casos positivo porque da cauce a empleos que de otra forma serían inviables o informales, brinda flexibilidad a las empresas y paga impuestos y cuotas de seguridad social.
El propósito sería la defensa de los derechos de los trabajadores. El problema es que una cosa es desear algo y otra muy distinta lograrlo con una reforma de ese tipo, como un mago que convierte un conejo en paloma. Habrá excepciones, pero desempleados y empleados vía subcontratación seguramente prefieren esos empleos, con todos sus “asegunes”, que quedarse sin nada gracias a sus redentores. Lo cual no quiere decir que no haya que reformar, pero depende de qué, cómo y cuándo.
¿Quiénes ganan?
Leía en una nota en El Economista que el eterno líder de la CROC apoya la iniciativa presidencial no sólo porque el outsourcing limita la sindicalización, sino porque “es momento de regresar a las contrataciones en donde las empresas tenían un compromiso con los trabajadores, otorgaban prestaciones, pago de utilidades. Es momento de reducir la alta rotación de personal buscando que las empresas se asuman como patrones”.
Suena bien, pero el tema es que las empresas acepten “voluntariamente a la fuerza” ese modelo aspiracional de la gran empresa de los años 60, con empleos para toda la vida, con incentivos como negar la deducción fiscal de la contratación de servicios y la amenaza de multas e incluso de cárcel. Ocurre que siempre queda la opción de mejor no contratar, o de pasar a la informalidad, cerrar operaciones o hasta el “el changarro”, postergar la inversión u optar por crear los empleos en otro país.
En otra nota, en Reforma, se reporta cómo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo quiere predicar con el ejemplo sobre las bondades de la prohibición de la subcontratación: el caso de unos 400 trabajadores de limpieza que fueron rescatados de las garras del outsourcing, recontratados por de la Cámara de Diputados con un sueldo mensual 50% mejor. Estoy seguro de que pocas empresas tendrían inconveniente en imitar a los diputados si el costo se cubriera con dinero público. Por ahora, a diferencia de los legisladores, necesitarían producir y vender más para fondear esa generosidad.
Por eso también, con igual liberalidad, el presidente de la República puede responder al cuestionamiento de la subcontratación en el gobierno, que existe en niveles muy importantes en sectores como el de salud, pues fácil, “donde haya, se elimina”. ¿Cuál es el problema? El contribuyente paga o recurrimos a más “austeridad republicana”.
Dado que el único outsourcing que se permitiría es el de servicios especializados, pero sujeto a categorización y autorización de la Secretaría del Trabajo, presumiblemente habría amplia cancha para la discrecionalidad y los laberintos burocráticos. Asimismo, “área de oportunidad” para ciertos sindicatos y líderes vernáculos, coyotes, burócratas con olfato de negocio, políticos y traficantes de influencias, nuevos emprendedores con contactos y creatividad para comercializar nuevos formatos de defraudación, simulación y aun supervivencia para algunas empresas, y para un gobierno o régimen que aspira a ampliar y perpetuar su poder. Incluso para sindicatos de otros países que recibirán con beneplácito los empleos que aquí son rechazados.
Esos serían los ganadores. No los trabajadores, ni los desempleados ni el propio Estado mexicano, cuya recaudación se verá mermada.
La lógica alternativa
Sin embargo, hay más de fondo. En concreto, un movimiento político y una dinámica social marcados por el populismo y la polarización. Las razones de la política de facción, las emociones y la posverdad, no la racionalidad laboral y económica.
Un presidente que se asume prócer del liberalismo, a pesar de su patente inclinación al nada liberal recurso de la prisión oficiosa o, para ser más precisos, encarcelamiento directo y sin derecho de fianza previo a una sentencia judicial. Ahora para quien ose utilizar el malévolo instrumento del outsourcing o algo que se le parezca según alguna autoridad, pues éste quedaría proscrito, tipificado como delito grave, como el narcotráfico o el secuestro.
Con la bandera de los derechos de los trabajadores, se pone en riesgo el empleo de cientos de miles o millones de ellos, la mayoría de los cuales seguramente preferiría conservarlos, con todo lo neoliberales que sean, que quedarse en la calle.
Pareciera que hay un sentir de que en México existe una riqueza inagotable producto del abuso y la explotación. Que basta con prohibir ambas cosas con una buena dosis de populismo penal para realizar el milagro de la distribución de los panes: con empresas menos productivas y competitivas, y más restricciones y amenazas para la generación de puestos de trabajo formal, habría empleos mejor pagados y más ISR, IVA y demás para que un gobierno liberal y progresista apoye indefinidamente a los pobres de antes y a los nuevos con sus “programas sociales”, en vez de oportunidades para trabajar y salir adelante.
En el mundo real y fuera de los intereses y móviles políticos, la subcontratación legal tiene una razón de ser práctica, basada en necesidades concretas de las empresas y los ciclos de las actividades económicas. En cuestiones tan simples como la de concentrarse en la esencia de su negocio y contratar servicios a quienes se especializan en éstos, y han invertido para hacerlos más eficientemente y a menor costo con economías de escala.
Abusos hay. También distorsiones legales y económicas estructurales que producen las distorsiones en el mercado laboral que explican en buena parte la proliferación de esos abusos y simulaciones. Pero nada de eso se resuelve con populismo fiscal y penal. Pero, claro, esas causas de fondo no es lo que motiva a las inoportunas decisiones que hoy se están tomando en éste como en tantos otros frentes de la conducción del país.
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