¡VIVA MÉXICO!
Desde el sexenio pasado, con mayor y pública intensidad, el gobierno ha recurrido al Ejército Mexicano y a la Mariana Armada de México para realizar labores de seguridad pública, lo cual en un primer momento es inconstitucional, por contravenir lo señalado en el párrafo décimo del artículo 21 de nuestra Constitución Federal, el cual dice que las Instituciones de seguridad pública serán de carácter civil.
Por otro lado, el artículo 129 del mismo ordenamiento federal señala que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ante claro impedimento normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que sustentar jurídicamente la labor de las Fuerzas Militares de nuestro país en materia de seguridad pública, mediante la interpretación histórica, armónica y lógica de dicho precepto. Al respecto, la Suprema Corte resolvió que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Asimismo, pueden actuar por mandato directo del Presidente de la República en dichas funciones y, siguiendo con la fundamentación, también por lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que establece las bases de coordinación entre todas las autoridades encargadas de la seguridad tanto pública como nacional.
Por supuesto, la intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas ha tenido muchas críticas, sobre todo de parte de organizaciones ciudadanas, mismas que, con toda razón, argumentan que los militares no están formados ni capacitados para dicha labor, la cual requiere de proximidad social para la prevención de los delitos y la violencia, así como el uso gradual de la fuerza institucional. El militar es una autoridad reactiva inmediata en el más alto nivel de la fuerza, pues para eso fue formado, ya que la naturaleza de los ejércitos en todo el mundo es para la defensa ante ataques de gran peligrosidad que pongan en riesgo el poder soberano, el territorio o a la población de nuestra nación.
Sin embargo, las circunstancias de corrupción, de mala formación; carencia de una verdadera capacitación y falta de adecuado equipamiento son impedimento para que las policías de nuestro país- federal, estatales y municipales- garanticen nuestra seguridad y la de nuestros bienes. ¿A quién más recurriremos como país cuando las autoridades responsables de la seguridad pública no tienen la capacidad de cumplir con su obligación? Efectivamente, no nos queda más que nuestro Ejército Mexicano y nuestra Marina Armada de México. Es público que tanto la policía federal, así como las policías locales a nivel estatal y municipal son más susceptibles de corromperse y, lo que es peor, de ser cooptadas e infiltradas por el crimen organizado, situación que pone de manifiesto un gravísimo problema que tenemos como país. Por ello, es urgente que, aprovechando la coyuntura de los gobiernos entrantes en los estados, la seguridad pública sea una prioridad y se dispongan los recursos suficientes y necesarios para la formación, capacitación, profesionalización y equipamiento de los policías, los cuales se vuelven de igual manera víctimas del crimen por la falta de elementos que les permitan hacer frente tanto a la corrupción desde un crucero porque algún ciudadano se pasó el alto y éste le ofrece al policía un dinero para que no lo infraccione, hasta lo que les pueda ofrecer el crimen organizado.
Mientras tanto, nuestros militares seguirán coadyuvando en las funciones de seguridad pública, con todo y que sea un despropósito. Recuerdo que en alguna conferencia que tuve la oportunidad de exponer en la SEMAR ante Almirantes y Vicealmirantes, uno de ellos me expuso, en relación al tema, que en inicio era totalmente indebido que un militar apuntara su fusil contra otro mexicano y creo que tiene toda la razón; sin embargo, las circunstancias nos han llevado a recurrir a ellos para garantizar de cierta manera el orden.
Es urgente reflexionar el tema de la seguridad pública desde lo jurídico y lo sociológico, así como invertir todas las capacidades gubernamentales para lograr mejores policías, de lo contrario no avanzaremos en esta urgente tarea.
Debates como repensar la naturaleza administrativa del gobierno desde el federalismo o el centralismo nos llevaría a la reflexión de la conveniencia o no de una Policía Nacional de Seguridad que sea la encargada de prevenir y combatir la violencia y los delitos tanto de jurisdicción federal como local y con ello terminar con un burocratismo tal que nos inhibe a la pronta acción y solución de los problemas, además de ser altamente costoso para el erario público. Antes de eso, repito una y otra vez, es fundamental que los gobiernos en nuestro país- federal, estatal y municipal- se pongan a trabajar al respecto, de lo contrario, al no garantizar la seguridad pública, seremos proclives a conflictos sociales cada vez más difíciles, lo cual nos llevaría a la inestabilidad social, económica política y jurídica y eso a nadie nos conviene.
@marcialmanuel3
