Hoy se cumplen 137 años del natalicio de mi General Emiliano Zapata Salazar
Juzgar la gestión de un gobierno en materia de seguridad únicamente con base en la comparación de cifras no necesariamente reflejará la realidad de las cosas; ello dependerá de los criterios y metodología que se utilicen para realizar la comparación, así como del objetivo al que se pretenda llegar. Si éste es generar una mala percepción, se podrían comparar las cifras delictivas de la siguiente manera: en un trimestre de un año en particular pudiera ser que no se haya cometido ningún delito, por decir, de secuestro, pero resulta que al siguiente trimestre del año se comete un secuestro. Efectivamente, porcentualmente el incremento de ese delito en particular generará una percepción alarmante, pues el alza será de 100%. Sin embargo, si se compara el trimestre en el que se cometió ese delito de secuestro con otro trimestre de un año atrás o, inclusive, de muchos años atrás (lo que significaría que el gobierno responsable era otro distinto), es posible que en realidad se evidencie una mejoría. En la percepción influye, desde luego, la manera en cómo se dicen las cosas, de lo cual los comunicadores de la noticia son responsables directos.
Si la intención es desacreditar políticamente a un gobierno, existen, como la anterior, muchas maneras de hacerlo, sobre todo con temas tan sensibles como el de seguridad pública, ya que ésta impacta directamente en las personas tratándose de su integridad física, por un lado, o de su patrimonio, por el otro. Peor aún es cuando la desacreditación se pretende a través de argumentos infundados y valoraciones subjetivas. Sin embargo, para calificar objetivamente a un gobierno, se tienen que tomar en consideración, además de una metodología científica para el caso de la comparación de cifras, muchos más indicadores como lo son el acceso a la salud, a la educación y al empleo; el desarrollo de infraestructura y de servicios a la población; si hay o no inversión de capital privado como en la construcción de centros comerciales, plazas y negocios o, igualmente, la riqueza generada por el turismo en las diferentes temporadas del año. De no tomar en cuenta todos los indicadores debidos, se estaría frente a una valoración parcial y, por lo tanto, subjetiva, que lo único que vislumbraría sería la intención de denostación política al gobierno en turno.
También es cierto que la comparación de cifras en materia de seguridad puede ser utilizada para generar una percepción positiva cuando en realidad en los hechos no es así. Por tal motivo, nuestro primer deber como ciudadanos es informarnos y hacernos de datos para estar en posibilidad de tener una opinión propia y adecuada.
Traigo a colación esta reflexión derivado de la exposición que un reconocido comunicador de un importante medio realizó sobre la gestión del gobierno del Estado de Morelos en materia de seguridad; en particular, se hizo referencia que Cuernavaca se encuentra en los niveles de inseguridad que tuvo en los tiempos de Jorge Carrillo Olea (1994-1998). Esto, por supuesto, no se apega a la realidad. Por principio de cuentas, las cifras que se tienen registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) parten de 1997; no existe registro de lo que haya sucedido años atrás, por lo que no se tienen elementos imparciales para realizar un comparativo del antes con el hoy. Por consiguiente, decir que la capital morelense se encuentra en las mismas condiciones imperantes durante la época de Carrillo Olea, es sustentar dicha afirmación en un dogma, sin que medie prueba alguna. Tampoco puede ser prueba el “es lo que dice la gente”, puesto que tal afirmación carece de precisión. Si bien es cierto que el gobernador Graco Ramírez, en el calor de la molestia por las injustificadas comparaciones, aseguró que en la capital de su estado no hay ningún secuestro, esto en contradicción con el SESNSP que señala que en lo que va del año existen dos delitos del tipo, lo importante de la discusión en realidad no era eso. Es posible que, como a cualquiera y, sobre todo, bajo el ataque, el gobernador Graco pasó por alto dicha cifra o sencillamente no la sabía, se le olvidó, o cualquier otra cosa.
Lo cierto es que Morelos, desde la llegada de la presente administración ha logrado reducir de manera objetiva el secuestro. Lo anterior ha sido así por tres situaciones muy concretas: 1. Existe una mayor coordinación en la materia tanto entre las fuerzas estatales y como de éstas con las del gobierno federal; 2. Se han fortalecido las instituciones de seguridad y procuración de la entidad. En relación a esto ha sido significativa la capacidad política para generar acuerdos en la materia de parte del gobierno estatal, a través del Comisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra; reflejo de ello es que 29 de los 33 municipios integrantes se han adherido al llamado mando único policial, situación que ha permitido contrarrestar la corrupción y logrado mejores policías; de igual manera, merece un especial reconocimiento la Unidad Especializada de Combate al Secuestro que ha dado resultados muy favorables; 3. Finalmente, ahora el acceso a la información pública es sumamente factible, no como en los años del gobernador Jorge Carrillo, lo cual conlleva a las autoridades a ser observadas y calificadas constante y abiertamente, situación que las obliga a entregar los mejores resultados.
Por lo tanto, me parece que la intención es afectar políticamente la imagen y labor de quienes encabezan el gobierno en Morelos. Tal vez esto tenga relación tras la manifestación pública que hizo Graco Ramírez Abreu por buscar la candidatura presidencial y minar desde ahorita la posibilidad de la misma o al menos transgredir la estrategia política del grupo al que pertenece.
@marcialmanuel3
