La concepción de los llamados derechos humanos nació para, supuestamente, reivindicar la dignidad de las personas ante otros que la vulneran con sus actos u omisiones. Fueron, aparentemente, un instrumento para garantizar cierto equilibrio entre unos y otros. Un dato curioso es que quienes lograron el reconocimiento de esos derechos fundamentales, si bien eran reprimidos por el gobernante, no eran tampoco la clase más débil y desprotegida. Es decir, fueron siempre en todas las latitudes donde se dieron las revoluciones entre los siglos XVIII y XIX una nueva clase social que venía desarrollándose apresuradamente; primero se les conoció como comerciantes, después como burgueses y actualmente como capitalistas.
Es decir, cabe la presunción que en realidad buscaban mantener el status quo e impedir se les pusiera freno a su creciente desarrollo económico que más tarde sería moneda de cambio de poder político.
Fue precisamente la aristocracia feudal inglesa –el pueblo no tenía las condiciones intelectuales ni económicas que le permitirán si quiera concebir que tenía derechos- harta de los excesos del rey Juan I, la que en el año 1215 logró imponer el reconocimiento de sus derechos en la Carta Magna, también conocida coma la Carta Magna de Juan sin tierra. La nueva clase burguesa, eminentemente dedicada primero al comercio y después, inclusive, a la filosofía, en 1775 y 1789 en América y Francia respectivamente se alzó en armas para derrocar al régimen opresor y garantizar sus derechos.
Nuestro país no fue la excepción, la burguesía fue la que en 1810 y 1910 inició y guio los movimientos revolucionarios. En el primero se trató de garantizar los derechos de hijos de españoles nacidos en la Nueva España y, en el segundo, la burguesía que no se veía beneficiada por el régimen dictatorial, azuzó al pueblo para levantarse en armas. Por supuesto, hubo la intervención de clases más desfavorecidas como la campesina y la obrera, tanto en el norte como en sur con Francisco Villa y Emiliano Zapata, lamentablemente, éstos fueron rebasados por la falta de un plan político específico en el que ellos mismos asumieran el poder, así como por las traiciones ya sabidas y comunes de la época.
Por lo tanto, parece ser que el discurso de los derechos humanos ha servido para mantener: 1) privilegios de una clase específica; 2) simular que realmente los tenemos y, 3) crear un parapeto que reciba las demandas de cumplimiento de esos derechos y que en realidad no puede solventarlos.
Respecto del punto número uno, en la transición comerciante-burgués-capitalista, dicha clase ha sido la que de un tiempo a la fecha detenta el poder económico, lo que indefectiblemente significa, dentro del actual sistema económico y globalizado, ser quienes dictan las reglas dentro de los Estados. Dichas reglas son económicas, políticas y jurídicas, inclusive, respecto de la cultura y la idiosincrasia dependiendo de qué es lo que más favorece a sus intereses.
La simulación la entiendo en dos aspectos; el primero en razón de sacralizar la ley y volverla un dogma incuestionable, sobre todo el contenido de la Constitución Federal; es decir, todos sabemos que ésta consagra los derechos humanos tales como el derecho a la salud, a la educación de calidad, al trabajo bien remunerado; el acceso a la vivienda digna, entre otros; sin embargo, en la realidad no llegan a concretarse materialmente, pero seguimos creyendo que los tenemos, aún y cuando no existen los mecanismos para realizarlos. El segundo aspecto lo entiendo así porque en realidad vivimos en una ficción de supuestos derechos (en plural), cuando en realidad sólo tenemos uno sólo que se resume a la posibilidad de acudir a un ente llamado Estado-gobierno, creado y organizado por quienes detentan el poder económico, para solicitar que nos haga válidos toda la numeraria de ellos (el Dr. Óscar Correas es quien más ha estudiado esta postura).
Finalmente, como dice Heidegger la realidad se esconde tras una máscara, así el Estado se convierte en parapeto que oculta a los que verdaderamente condicionan y confeccionan las reglas dentro de él mismo y que, por tal motivo, son los responsables de la imposibilidad de esos supuestos derechos humanos. Son aquellos que, inclusive, controlan los poderes fácticos en los países. Por lo tanto, vivimos en una simulación-esperanza-frustración dialéctica que nos impide saber a quién verdaderamente dirigir nuestro reclamos y exigencias sobre el cumplimiento de esos derechos fundamentales que, nos han enseñado y repetido una y otra vez, son constitutivos de nuestra propia naturaleza como seres humanos.
Para concluir, ¿qué es entonces el famoso debido proceso como derecho humano por el cual los delincuentes son absueltos y libres de cualquier responsabilidad si es que se ha violado el mismo? y que por tal motivo el derecho de las víctimas y sus familiares queda en una confrontación desequilibrada e injusta, dado que muchas veces la verdad histórica es real aunque no lo sea la ficción llamada verdad jurídica. ¿Por qué se impuso el sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país carente de eficacia y eficiencia en sus autoridades (sobre todo del llamado primer respondiente) quienes lo más seguro es que por falta de profesionalismo violarán el mentado debido proceso? Ante dicha circunstancia, y de no corregir lo debido, nuestro Estado-gobierno se encuentra ante una peligrosa situación, que será la discapacidad de impartir justicia. Tendremos, de ser el caso, un vacío de justicia lo que derivará en un gran conflicto social, sobre todo ante la ya clara deslegitimación de las instituciones y sus autoridades en la materia. Si el Estado mexicano pierde esa capacidad, entonces, quién la ejercerá…
marcialmanuel3@
