Tenemos que tener claro que las Fuerzas Armadas están interviniendo para contrarrestar el fenómeno delictivo asociado con la delincuencia organizada. Esta aclaración no es ociosa, puesto que es fundamental para entender lo que está pasando en nuestro país y, en consecuencia, determinar objetivamente de dónde proviene la escalada de violencia, misma que incide directamente en la percepción negativa de la población por lo sanguinaria que puede llegar a mostrarse.
La disputa por los territorios, las rutas y los ajustes de cuentas entre miembros de uno y otro bando se caracterizan por la creación del pánico a través de la violencia extrema con el uso de tecnologías sofisticadas y armas de alto poder, situación que la mayoría de las veces impide a las policías enfrentar a este tipo de criminales. Las víctimas que se suscitan son esencialmente personas implicadas, de una u otra manera, con la delincuencia organizada, con excepción de aquellas que lamentablemente, sobre todo, son extorsionadas o secuestradas por estos criminales para financiarse. Puede ser que, en el combate de estos peligrosos delincuentes, efectivamente, acontezcan ciertos abusos de autoridad o ciertas violaciones a los derechos humanos; sin embargo, son precisamente los riesgos que se corren al incluir al Ejército y la Marina en funciones para las que no fueron formados.
Los otros delitos, los que provienen de la delincuencia común y que son los mayormente cometidos, se diferencian, además de su clasificación jurídica, por no ser eminentemente violentos y de no provenir de organizaciones delincuenciales sofisticadas. Este tipo de delitos en realidad no inciden como los otros en la percepción ciudadana. De ellos tendrían que encargarse policías profesionales y capacitados con buenos sueldos y prestaciones a través de estrategias focalizadas…
Entonces, pues, la intervención de las Fuerzas Armadas es más que necesaria ante la incapacidad de las policías para hacer frente a la delincuencia organizada, ya por incompetencia o por corrupción; lo único que nos queda son el Ejército y la Marina. Sólo ellos cuentan con la tecnología, el armamento y la formación honorable y disciplinada para combatir a este tipo de delincuencia. Son ellos lo que verdaderamente, también, están organizados, capacitados (para la reacción) y equipados.
El debate en lo jurídico se centra en la legitimación para que se ocupen de la seguridad pública y contar con un marco legal que, sobre todo, les dé certidumbre jurídica para no seguir en el estado de indefensión en el que actualmente se encuentran por realizarla.
Lo grave de no contar con una debida regulación, es que se provocará en un alarmante problema social. Por un lado, por la incapacidad de las policías para hacer frente a la delincuencia organizada y, por otro, por la hasta ahora ilegal intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública (intervención que viola la garantía al debido proceso y el principio de legalidad). Dicho problema social se resumiría en un vacío de justicia en nuestro país ya que ante tales violaciones los jueces no tendrían elementos objetivos e imparciales para sentenciar la culpabilidad de un probable responsable; es decir, correremos el gran riesgo de que narcotraficantes, tratantes de blancas o vendedores ilegales de armas queden en libertad cuando históricamente son culpables.
¿Qué va a pasar en nuestro país si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y la justicia? ¿Quién lo va a hacer?, ¿nosotros?, ¿la comunidad internacional?, ¿Estados Unidos?, ¿LA INICIATIVA PRIVADA?… Parece que es la crónica de una muerte anunciada.
Lograr un marco jurídico que regule la actuación de los militares en la materia requiere reflexiones acerca del régimen federal, la distribución de competencias y el principio de legalidad; exige el estudio concienzudo del constitucionalismo mexicano y las legislaciones que regulan la materia; advierte la comprensión de conceptos como los de autoridad, seguridad nacional y seguridad pública, estos dos para no confundirlos, puesto que son diametralmente diferentes; y, además, la adecuación con la legislación internacional a la que nuestro país se encuentre adherido.
Por el momento, es necesaria la intervención de la SEDENA y la SEMAR para garantizar la seguridad en algunas regiones del país. Por ello, es necesario un marco que, sobre todo, de certidumbre jurídica y proteja a nuestros militares y marinos para no convertirlos en víctimas de las decisiones políticas y de las omisiones ante la obligación de haber preparado eficazmente a las policías de los municipios, los estados y la federación. Muchos de los militares presos a raíz de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, lo están en cumplimiento a su deber, aun a sabiendas de que no fueron formados para la prevención del delito o la persecución y combate de delincuentes.
¿Realmente las organizaciones criminales son un problema de seguridad nacional? ¿No será que son un problema de corrupción? Tendría más sentido fortalecer verdaderamente a las policías y los programas de prevención y no, por el contrario, permitir la simulación y el recorte de programas fundamentales como recientemente se hizo con el Programa Nacional para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia.
@marcialmanuel3
