La desigualdad económica ha sido, sigue siendo y, probablemente, será el principal problema de México y del que se derivan todos los demás. Lo anterior explica la falta de materialización de los propios fines del derecho como sistema jurídico que pretende regular la conducta de una determinada población y que busca garantizar el bienestar social; aspiraciones de justicia, igualdad, libertad, derechos humanos o democracia, entre otras, son cada vez menos alcanzables; pero también, con ello, el fracaso mismo de la política como actividad humana generadora de circunstancias apropiadas de convivencia.
La recíproca interdependencia de poder y derecho concilia a ambos concibiendo que el primero crea al segundo, pero, consecuentemente, el segundo legitima al primero y con ello le da validez de existencia. Esta ha sido la premisa que ha logrado mayormente conciliar posturas puritanas entre una y otra.
Así, poder y derecho o derecho y poder se presentan como las dos caras de una misma moneda en la que su valor agregado es la conciliación de ambos en el binomio creación-aplicación y legitimación-justificación. Está claro que el derecho sólo es posible si un poder político lo crea y aplica, pero la legitimación de ese poder es finalmente una justificación jurídica.
Al proponer una conciliación armónica entre ambas caras de la moneda, se propone en sí una conciliación de intereses que aparentemente permiten el adecuado ejercicio del poder político, limitado por el derecho a través de diversos mecanismos. Con todo y esto, lo cierto es que seguimos sin ver realizados muchos de nuestros derechos, inclusive, aquellos fundamentales y, también, sufriendo los abusos del poder.
En la medida que la distribución equitativa de la riqueza no sea una realidad y que se realice una limpia total del sistema electoral, México seguirá siendo un país en el que predomine la corrupción y la impunidad.
Es decir, por un lado, los que concentran la riqueza (que son unos cuantos y los mismos de siempre) harán todo lo necesario para conservar el estatus quo y, por otro lado, mientras el sistema electoral siga sin blindarse verdaderamente del financiamiento ilícito, el circulo vicioso en el que vivimos jamás dejara de ser y, precisamente, aquellos candidatos financiados ilícitamente, cuando lleguen a los puestos públicos, lo harán con todas las deudas imaginables que habrán de ser pagadas con todo lo que el cargo o puesto les permita, consecuentemente esa relación de corrupción-impunidad no tendrá fin.
Realizar las elecciones de 2018 bajo el mismo escenario arriba descrito, avizora que, aunque volviera a darse la “alternancia”, seguramente habrá de correr la misma suerte que en 2000 y 2006: simplemente fue un cambio de personas que continuaron el mismo proyecto trazado muchos años atrás. La única posibilidad de que fuera distinta, es que quien llegue, lo haga sin compromisos de financiamiento ilícito y, una vez llegando, termine con los privilegios de los que han concentrado por mucho tiempo la riqueza en nuestro país.
Acabando con los privilegios de esa pequeña y permanente minoría concentradora de la riqueza y distribuyendo equitativamente ésta; limpiando el sistema electoral y adecuando el sistema jurídico en general a las necesidades del contexto que actualmente vivimos y reforzando los valores de la población con una eficaz cultura de la legalidad, únicamente estaremos comenzando por cambiar las circunstancias en las que actualmente estamos inmersos.
@marcialmanuel3
